(CNN Español) – Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, dijo este martes a través de sus redes sociales que el gobierno habría abierto una investigación en su contra como forma de amedrentarla. Ribera agregó que no teme a ser investigada.
“Me persigue por denunciar internacionalmente los vejámenes que cometen en contra de los presos políticos y por defender los derechos humanos en mi país. Investiguen, no tengo nada que esconder”, escribió en su cuenta de Twitter.
CNN ha solicitado a la Policía de Bolivia y al Ministerio Público más información acerca de esta presunta investigación, pero aún no ha obtenido respuesta.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo a medios de comunicación locales que no existe una persecución política en contra de Ribera y la instó a “ir a la Fiscalía y rendir información y no victimizarse”.
De acuerdo con Ribera, el Ministerio Público habría solicitado información a varias instituciones en Bolivia acerca de ella.
El canal estatal Bolivia TV reportó que, de acuerdo con un documento fiscal, “se estaría solicitando datos financieros a 32 entidades bancarias, posibles registros en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), Impuestos Nacionales, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Migración, Antecedentes en la Policía Boliviana, entre otras entidades (…) en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas”.
Bolivia TV no identifica qué oficina de la fiscalía realiza esa investigación. CNN no ha podido verificar la autenticidad de este documento. CNN ha solicitado a la Fiscalía una confirmación de la existencia de esta investigación, así como en qué consiste.
Según Bolivia TV, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que todos los ciudadanos están sujetos a la misma normativa y que se debe responder ante las investigaciones, y que hay garantías de debido proceso e independencia de los poderes del Estado. Durante el gobierno de Áñez, Ribera actuó como representante de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
Por su parte, la expresidenta interina está acusada de incumplimiento de deberes por asumir la Presidencia durante la crisis de noviembre de 2019, en el caso denominado “Golpe de Estado II”.
En junio de 2022 fue condenada a 10 años de prisión en la causa “Golpe de Estado I”, por supuestamente tomar parte en un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Áñez, quien se encuentra en prisión preventiva, rechaza que haya habido un golpe de Estado y afirma que asumió la Presidencia como parte del mecanismo de sucesión previsto en la constitución. También se ha declarado inocente de todos los cargos, y dijo que se trata de una persecución política.