Miguel Díaz Canel y Beniamino Stella

Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford University Press en 2020. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN Español) – En días recientes, ha crecido la expectativa de que el Gobierno de Cuba contemple la posibilidad de liberar a los más de 700 presos políticos encarcelados después de las protestas del 11 de julio de 2021. Varios factores abonan a esta especulación que, por ahora, no se ha podido confirmar o desmentir.

La primera –sin duda la más importante– parte de la reciente visita a La Habana del cardenal Beniamino Stella, enviado especial del papa Francisco. El prelado permaneció dos semanas en Cuba, recorriendo la isla, para conmemorar el 25 aniversario de la visita de otro papa, Juan Pablo II, en 1998. Fue recibido por el presidente y dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, y dio una conferencia en la Universidad de La Habana. Allí fue abordado por periodistas, a cuyas preguntas sobre los presos respondió que: “Es importante que los jóvenes, que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma en que conocemos, puedan volver a sus casas”. Agregó que eso pensaba el pontífice: “La Iglesia desea, busca, ha manifestado este propósito… el papa desea mucho que haya una respuesta positiva, como se llame, amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias”.

Corresponsales extranjeros radicados en Cuba, como el del diario español El País, recordaron que tanto Fidel como Raúl Castro acostumbraban liberar a un buen número de presidiarios en ocasión de visitas del propio Francisco, en 2015; de Benedicto XVI, en 2011; de Juan Pablo II, en 1998, y de otros huéspedes de semejante estatura a lo largo de los últimos 50 años. Stella no es papa, pero es un enviado de Francisco que además era nuncio en Cuba durante la visita de Wojtyla. Las esperanzas se mantuvieron los días subsiguientes; por el momento no ha sucedido nada, pero el suspenso subsiste.

Una segunda razón del optimismo reside en los acontecimientos recientes en Nicaragua. Hace una semana, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló a más de 200 presos

políticos, que inmediatamente fueron desterrados a Estados Unidos, con la excepción del obispo de Matagalpa. Este último declinó exiliarse y recibió una condena de más de 26 años. Muchas de las víctimas llevaban meses o años en prisión, en condiciones deplorables. La liberación de este conjunto de hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores, puede o no haber constituido un guiño del régimen hacia Washington, en un momento en que la economía nicaragüense retrocede, los recursos del exterior se agotan, la migración aumenta, y sin Estados Unidos existen escasas posibilidades de una recuperación. Las autoridades niegan cualquier quid pro quo con Washington, pero admiten que la vicepresidenta y esposa de Ortega negoció la salida de los presos de Nicaragua con la embajada estadounidense. Por su parte, Washington consideró que la excarcelación de los presos políticos fue resultado de la diplomacia concertada entre los dos países, como dijeron Moncada y Blinken

Aunque Managua y La Habana no mantienen la misma estrecha relación que en los años 80, el nexo sigue siendo intenso. Una muestra de ello es cómo la dictadura nicaragüense permite que transiten por su territorio cientos de miles de exiliados o migrantes cubanos, sin pedirles visado, desde hace más de un año. Se trata del único país en América Latina que ofrece esas facilidades. Por todo ello, se puede pensar que el gesto de Ortega puede no solo haber sido aprobado o incluso auspiciado por Cuba, sino que se transforme en una señal premonitoria. ¿Wishful thinking? Tal vez, pero no sería el primer ejemplo de coordinación entre las dos dictaduras, en parte por las complicaciones constantes en el subsidio que le otorga a cada una la tercera dictadura: la de Nicolás Maduro en Venezuela.

Lo cual nos lleva al tercer motivo de especulación sobre el caso de los presos políticos en Cuba. Existe la sospecha en algunos círculos del Partido Demócrata en Estados Unidos, y tal vez en ciertos sectores del Gobierno mexicano, de que el presidente Joe Biden podría modificar su postura hacia la isla. Es de dominio público que la situación económica y social de la isla pasa por el peor momento de su historia, más grave incluso que el llamado “período especial” de los años 90. Más de 260.000 cubanos partieron a Estados Unidos en 2022, y con la llamada Ley de Nietos se espera que miles obtengan la ciudadanía española. Escasean alimentos, medicinas, electricidad, gasolina, prácticamente todo. La zafra azucarera, un buen indicador de lo que Cuba produce para vender en el exterior y comprar todo lo que consume, fue de 420.000 toneladas en 2021-22, la peor de todas, según dijo el historiador Carmelo Mesa Lago a El País. El valor de todas las exportaciones del país alcanzó apenas las dos terceras partes del nivel de ¡1989!

La única salida se halla en Estados Unidos. Existen razones para pensar que el presidente Biden ya se resignó a que su partido –y él mismo, si se presenta a la reelección– no triunfará en Florida en el futuro cercano. Por lo tanto, carece de sentido seguir subordinando la postura hacia Cuba a los deseos y prejuicios de la comunidad cubanoestadounidense de Miami, o incluso al veto de senadores demócratas poderosos como Bob Menéndez. De allí que, como lo sugiere Andrés Oppenheimer, Washington esté contemplando un nuevo acercamiento a La Habana, tal vez como el de México en materia migratoria. Se suavizarían todas las sanciones reimpuestas por Donald Trump, se avanzaría en remover las que dejó intactas Barack Obama, y solo permanecería vigente el embargo –únicamente lo puede derogar el Congreso–, pero con una aplicación laxa.

Para que todo esto suceda, Díaz-Canel y Raúl Castro saben que no pueden mantener en la cárcel, con sentencias de hasta 30 años, a los más de 700 manifestantes del 11 de julio. A los cubanos, desde el principio de la revolución, les da urticaria intercambiar presos por medidas económicas, y se niegan a negociar su sistema político o jurídico, pero les está llegando el agua al cuello. Al final, igual que Ortega en Nicaragua, pueden utilizar los reclusos políticos como moneda de cambio, entregándoselos al papa Francisco, pero esperando una reacción de Biden. No sería la primera vez que suceda algo de esta naturaleza en la larga y tormentosa historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.