(CNN Español) – El gobierno de Gustavo Petro ofreció la ciudadanía colombiana a quienes han “sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua”, en referencia a los 222 opositores que el pasado 9 de febrero fueron expulsados del país por el régimen de Daniel Ortega y llegaron a Estados Unidos y a otros 94 que, estando en el exilio, también fueron despojados de su nacionalidad, de acuerdo con un comunicado de la presidencia del país.
En su escrito, el Gobierno colombiano afirma haber registrado “con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de Gobierno” de Nicaragua y rechazó “los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar”.
Poco después del anuncio de Ortega, los gobiernos de Argentina, Chile, México y España también ofrecieron darle la ciudadanía al grupo de personas afectadas por la medida.
El miércoles el Gobierno de Petro le había ofrecido la ciudadanía al novelista Sergio Ramírez, uno de los nicaragüenses de mayor perfil incluido en la lista de personas que estaban exiliadas y que fueron despojados de su nacionalidad y de sus bienes.
“Ayer, en Madrid, España, interpretando la solidaridad del país todo y el sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofrecí la nacionalidad colombiana al político, intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez”, dijo el canciller colombiano.
Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 y recibió el premio Cervantes en el 2017. Junto a personalidades como Gioconda Belli, Ramírez fue uno de los 94 disidentes que fueron despojados de su nacionalidad y de los derechos ligados a ella, días después de la expulsión de 222 opositores.
Expulsión de Nicaragua
El 10 de febrero pasado, 222 prisioneros fueron liberados y trasladados desde Nicaragua hacia Estados Unidos.
La decisión de la Justicia indicó entonces que: “Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública así como ejercer cargos de elección popular quedando suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.
Pese a la alegría de familiares y allegados por la noticia, no son pocos los organismos que han advertido que no se trató de una liberación. La Secretaría General de la OEA afirmó que lo ocurrido no es “una liberación. Estas personas fueron injustamente encarceladas —algunas durante años— por pensar, manifestar o escribir sus opiniones contrarias al régimen imperante en Nicaragua. Muchas de ellas fueron torturadas, aisladas de todo contacto con el mundo exterior”.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo por su parte que hay un desconocimiento de la ley porque lo ocurrido fue un destierro y no una “deportación”.