(CNN) – El FC Barcelona fue imputado este viernes por la Fiscalía provincial de Barcelona por “corrupción continuada entre particulares en el ámbito deportivo” además de otros cargos en relación con un supuesto escándalo de pagos que ha sacudido al fútbol español.
También han sido imputados los expresidentes del FCB Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el exdirector general del club Óscar Grau, el exdirector deportivo profesional del club Albert Soler y José María Enríquez Negreira, exlíder del arbitraje en España.
En un escrito de denuncia de la Fiscalía de Barcelona remitido a CNN, el Barça y el resto de acusados también han sido imputados por “el delito de falsa administración continuada y el delito de falsificación continuada de documentos mercantiles”.
Los cargos fueron presentados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.
Una fuente del FCB le dijo a CNN que el club no tenía una declaración oficial, aunque su primera reacción fue que los cargos eran de esperar después de los eventos recientes, pero que el informe era una “hipótesis de investigación absolutamente preliminar” y que el club ayudaría a la investigación de cualquier manera posible.
La fuente también negó enérgicamente que el club haya sobornado a un árbitro en algún momento o tratado de influir en las decisiones arbitrales.
El abogado español José María Fuster Fabra confirmó a CNN que representa a Bartomeu en este caso. “Preparamos la defensa y no creemos que este caso vaya a juicio”, dijo, declinando hacer más declaraciones.
CNN se ha comunicado con la compañía de Enríquez para hacer comentarios.
CNN no pudo contactar a Rosell, Grau y Soler para hacer comentarios.
Pagos millonarios
Según la Fiscalía, los imputados ocupaban cargos de poder en el club y tenían conocimiento de pagos que se facturaban anualmente desde enero de 2011 hasta junio de 2018 a dos empresas que fundó Enríquez —quien se desempeñó como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de 1993 a 2018— y que “actuó en nombre y en beneficio directo del Barcelona”.
La CTA es el órgano de gobierno encargado de decidir qué árbitros y asistentes ofician partidos de liga y de competición nacional en España.
El club está acusado, tanto a través de Rosell como de Bartomeu, de llegar a un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira con el objetivo de “producir actuaciones que tendían a favorecer al Barcelona en forma de decisiones arbitrales”.
“Posteriormente, las empresas de los acusados, [Nisdal SCP] y [Dasnil 95 SL], produjeron facturas que fueron presentadas para su pago a FCB sin tener que producir ningún servicio de informes técnicos reales”, dice el informe.
El informe de la Fiscalía de Barcelona destaca que las dos empresas vinculadas a Enríquez fueron fundadas por él y ostentaba el 100% y el 95% de las acciones de Dasnil 95 y Nisdal respectivamente.
Según el informe, las autoridades fiscales iniciaron una auditoría en 2019 a las empresas de Enríquez en la que solicitaron al FC Barcelona que proporcionara copias de las facturas y la forma de pago. Debido a que la institución no pudo satisfacer las preguntas de las autoridades, el club incurrió en una sanción fiscal y luego se abrió una investigación a Enríquez Negreira y sus empresas por el período de 2016 a 2019.
La investigación descubrió que el club pagó a sus dos empresas un total de UD$ 3.175.589,21 (2.971.673,01 euros) entre esos años, en su mayoría bajo el pretexto de “asesoramiento de vídeos técnicos”. Luego de que Enríquez fuera relevado de su vicepresidencia en el Comité Técnico de Árbitros en 2018, los pagos desde el Barcelona se detuvieron.
En febrero de 2019, Enríquez envió un fax dirigido a Bartomeu “recriminándole por terminar la larga relación, insistiendo en que se encontrara una solución para ambas partes y advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo”, según el informe.
“No tengo voluntad para prestar atención a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano con cualquiera del Club, pero me obligas a hacerlo si no reconsideras tu decisión y completas el acuerdo teníamos de seguir usando mis servicios hasta el final de mi mandato presidencial”, escribió Enríquez.
Según el informe, el importe total que pagó el Barça a las empresas de Enríquez entre 2001 y 2018 durante su vicepresidencia en la CTA superó los US$ 7,8 millones (7,3 millones de euros).
“Esto se tradujo en una cuantiosa retribución, no prevista en los estatutos del Club ni aprobada por la Asamblea General, algo que debía ser dada su naturaleza. En definitiva, dichos pagos no tenían ningún sustento legal ni estatutario”.
En febrero, el Barcelona dijo que se llevaba a cabo una “investigación exhaustiva e independiente”.
El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, se negó a comentar si investiga al club. Sin embargo, en una conferencia de prensa a principios de marzo, el secretario general de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, dijo que la organización había enviado toda su información relacionada con el caso a la unidad de integridad de la UEFA.
CNN se ha comunicado con la FIFA para hacer comentarios.