(CNN Español) – El senador republicano Lindsey Graham desató la polémica esta semana al sugerir, luego del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, que los militares de su país intervengan en México para luchar contra los carteles de droga, a los que quiere que se designe como organizaciones terroristas. ¿Puede Estados Unidos hacer eso?
Aunque las autoridades no han nombrado públicamente a ningún sospechoso del secuestro en el que murieron dos de los cuatro estadounidenses, el Cartel del Golfo, que se cree que es responsable del hecho, emitió este jueves una carta de disculpa y el grupo entregó a cinco de sus miembros a las autoridades locales, según imágenes que circulan en línea y una versión de la carta obtenida por CNN de un funcionario familiarizado con la investigación en curso.
(CNN no puede confirmar la autenticidad de las fotos y pidió comentarios a las autoridades mexicanas y estadounidenses).
Con el accionar de los carteles y la crisis por el fentanilo de telón de fondo, Graham, de Carolina del Sur, abogó por la designación de estas organizaciones como terroristas (una decisión que no depende del Congreso, sino del Poder Ejecutivo) y porque se autorice a las fuerzas armadas estadounidenses “para que se encarguen de organizaciones terroristas extranjeras como esta”. “Ojalá podamos hacerlo junto con otros países donde ellos existen, pero si tenemos que hacerlo nosotros solos, lo haremos”, dijo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó de manera tajante la respuesta en conferencia de prensa. “Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un Gobierno extranjero en nuestro territorio”, dijo el mandatario mexicano.
¿Qué dice la ley?
Artiuro Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, descartó de plano la propuesta del senador republicano, que según dijo contraviene las normas y además no sería eficiente.
“Lo que no es serio es la idea de que Estados Unidos actúe unilateralmente en México, porque de entrada es contra el derecho internacional y al paradigma de responsabilidad compartida que debería ser la columna vertebral de nuestras acciones diplomáticas. Es absurda por principio, es contraproducente”, dijo en entrevista con CNN en Español.
Pero además, afirmó, un plan de este tipo “no va a mover la aguja de manera significativa”. “Por eso la propia Casa Blanca ya dijo que no piensa designar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, porque no va a agregar demasiado a lo que ya se hace”, dijo. El verdadero cambio estaría, a su criterio, en que se fortaleciese la “capacidad real de México de confrontar a estos grupos delictivos”.
“Eso es lo que va a tener un impacto, no la militarización o el uso de instrumentos militares para combatir a grupos que son todo menos grupos terroristas, por mucho que recurran a la violencia para intimidar”, agregó.
Gerónimo Gutiérrez, otro de los exembajadores de México en Estados Unidos, también se mostró en contra. “Hay mucho que hacer, pero esa no es la herramienta correcta para atender los problemas que Estados Unidos y México tiene comunes en materia de seguridad. Hay otras que desde mi punto de vista son más eficaces y aparte políticamente viables”, dijo en entrevista con CNN en Español.
Opinó que en los momentos de tensión “lo que tiende a favorecerse son las posiciones extremas, sea del lado de México o de los Estados Unidos, y eso no le sirve a ninguno de los dos países”.
Ambos hicieron énfasis en los usos políticos de la crisis de drogas. Al respecto, Sarukhán dijo que aunque el tema del fentanilo está “subiendo de perfil” desde hace meses, con mayores exigencias del Gobierno de Estados Unidos al de México, en este momento se creó una “tormenta perfecta” de tres factores. “Primero, porque hay un grupo de republicanos en la Cámara y en el Senado que se han dado cuenta que con esto, por un lado, pueden arrinconar al presidente (Joe) Biden por ser débil en materia de seguridad nacional fronteriza con México”, explicó. En segundo lugar, eso les puede generar rédito camino a las elecciones de 2024 y, en tercero, se suma el hecho de que autoridades de la DEA y de la fiscalía han subrayado en comparecencias en el Congreso que “consideran que México no está trabajando con Estados Unidos de la manera que debería estar haciéndolo para confrontar la epidemia del abuso de opiáceos, entre ellos fentanilo en Estados Unidos”.