(CNN) – Tras años de relativa prosperidad económica y esperanza en el futuro, Perú se ha visto sacudido por meses de malestar social e inestabilidad política que parecen no tener fin.
Miles de manifestantes siguen tomando las calles en Lima y en el sur del país, especialmente en Puno, donde los ciudadanos están indignados por décadas de marginación, desigualdad, denuncias de corrupción y estancamiento del nivel de vida.
La última oleada de protestas en Perú ha resultado en al menos 66 muertos, en una brutal serie de muertes que resaltan las profundas divisiones del país, que se remontan a la época colonial.
Aunque se han producido protestas en todo el país, la gran mayoría de las muertes se produjeron entre manifestantes del sur de Perú, donde los indígenas aimaras y quechuas mantienen sus propias lenguas y tradiciones culturales, así como un sentimiento de separación de los habitantes de las zonas urbanas de la costa peruana, en particular de la capital, Lima.
Mientras la represión del movimiento de protesta por parte de las fuerzas de seguridad ha reabierto heridas centenarias en la sociedad multicultural del país, la respuesta del Gobierno a las protestas no ha hecho sino exacerbar el dolor y frustración entre los habitantes de las zonas rurales.
Este miércoles, el ministro de Educación, Oscar Becerra, criticó a las mujeres aimaras por llevar a sus hijos a una protesta en Lima, donde la policía utilizó gases lacrimógenos contra ellas.
“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos… … ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos?, dijo Becerra, que llegó a sugerir que las mujeres podrían haber “alquilado” a los niños para utilizarlos con “fines políticos”.
Becerra se disculpó más tarde. “Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equivoca, les ofrezco mis sinceras disculpas”, dijo.
En una carta publicada este martes, el defensor del Pueblo del país dijo que los comentarios de Becerra sirven para “aumentar incrementan la confrontación entre peruanos”.
Centro y periferia de Perú
Desde los tiempos en que Perú era colonia española, la riqueza y el poder político del país se han concentrado en Lima. En cambio, vastas franjas de las regiones montañosas del centro y el sur, así como la vasta región amazónica, siguen aisladas y subdesarrolladas.
Las deficientes infraestructuras sanitarias, educativas y de transporte han empujado a muchos residentes de esas zonas a emigrar a Lima en las últimas décadas, donde a menudo luchan por ser aceptados. Los que permanecen en las zonas más rurales de Perú se sienten cada vez más frustrados por la falta de desarrollo, incluso en los periodos de mayor crecimiento económico del país.
La región meridional de Puno es un microcosmos de los problemas del Perú rural.
Más del 70 % de los niños menores de tres años padecen anemia, una enfermedad asociada a una dieta pobre, y alrededor de una cuarta parte de la población no tiene acceso a agua corriente en casa.
Según Omar Coronel, profesor de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Perú, la región ha sido una de las más olvidadas de Perú, ya que los políticos limeños consideraban que su escasa población y la falta de organización política no les obligaban a preocuparse por responder a sus necesidades.
La destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo –acusado de corrupción y luego destituido por los legisladores tras un intento de autogolpe, y posteriormente detenido– extinguió en Puno las esperanzas de que las cosas cambiaran por fin a mejor con un presidente que se había posicionado como defensor de los más marginados de Perú.
El acceso a la atención sanitaria en las zonas rurales de Perú ha sido durante mucho tiempo un punto delicado –el país sufrió la peor tasa de mortalidad per cápita por covid-19 del mundo– y sus repercusiones se dejaron sentir con intensidad tras las protestas en la región de Puno.
Julia Paccsi, de 42 años y madre de tres hijos, dice que resultó herida por una bala en el cuello disparada por las fuerzas de seguridad cuando iba a ayudar a manifestantes heridos frente a su casa en Juliaca, la ciudad más grande de la región de Puno, el 7 de enero.
Paccsi no acudió inmediatamente al hospital por miedo a que la tomaran por manifestante y la detuvieran, pero cuando por fin acudió unos días después le dijeron que no había médicos en la ciudad que pudieran atenderla.
“En el hospital no me atendieron porque me dijeron que no había especialistas en cuello y cabeza”, dijo entre lágrimas. “Aquí no tenemos especialistas en cabeza y cuello”.
Paccsi no tuvo más remedio que viajar a Lima para operarse y aún espera una segunda intervención.
El padre de otra víctima, una chica de 17 años que murió al recibir un disparo cerca de las protestas en el aeropuerto de Juliaca, el 9 de enero, cree que su hija podría haber sobrevivido si hubiera mejores servicios médicos en la región.
“No hay ambulancias, no hay buenos médicos que puedan ayudar a las personas heridas”, dijo Demetrio Aroquipa.
“Ese día salimos con mi hija, mi otra hija y mi mujer al mercado”, dijo. “Salimos cuatro, pero solo regresamos tres y un ataúd. Era estudiante de Psicología, una chica responsable. Mi hija perdió la vida cuando la alcanzó una bala. Quiero justicia”.
En febrero, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional publicó un informe en el que atribuía la violencia de la respuesta del Estado peruano al “racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas”, según la directora regional de la organización, Erika Guevara-Rosas.
“Decenas de personas dijeron a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos”, añadió Guevara-Rosas.
El Gobierno de Perú ha negado que exista “racismo sistémico” y ha reiterado su apoyo a las investigaciones en curso por las muertes y los heridos durante las protestas, según un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Frotar sal en viejas heridas
Una de las peticiones de los manifestantes es la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, que solo lleva tres meses en el cargo.
Boluarte enfureció a muchos en Puno, en enero, cuando culpó a los fallidos intentos de diálogo con representantes de la región del fracaso para detener las protestas.
“Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Puno no es Perú”, añadió.
Boluarte se vio obligada a disculparse un día después, y un comunicado de su oficina dijo que sus palabras habían sido malinterpretadas.
Pero para muchos ya era demasiado tarde.
“Dicen que no de Peru, pero Puno sí es el Perú”, declaró Aroquipa a la prensa en Lima, una respuesta habitual entre los manifestantes de la región.
“Tenemos la misma sangre, pero lamentablemente siempre nos marginan”, afirmó Armando Halire, abogado que representa a las familias de los manifestantes muertos y heridos en Puno, en una entrevista con periodistas en Lima, en febrero.
Halire enumeró varios términos que aún se utilizan en Perú para discriminar a los habitantes de las regiones rurales andinas por su supuesta ignorancia, o para distinguirlos de los descendientes de españoles mestizos, como “cholo”, comúnmente utilizado para denigrar a las personas de los Andes o de origen andino.
Argumentar que Puno no forma parte de Perú es doloroso para los habitantes de la región más marginada del país tras años de dificultades para acceder a los servicios públicos básicos, declaró Coronel a CNN.
“Simbólicamente hiere a los ciudadanos que sienten que tienen una identidad aimara y quechua, pero que también se sienten parte de Perú”, dijo Coronel refiriéndose a estos grupos étnicos.
Y mientras los manifestantes protestan contra el trato que les dispensa el Gobierno, la cuestión del idioma ha pasado a personificar las divisiones entre Lima y las regiones marginadas de Perú.
“Tenemos un país donde muchas fiscalías, el ministerio público, instituciones del Estado no tienen gente que pueda hablar aimara, que pueda hablar quechua, que pueda hablar las otras casi 50 lenguas ancestrales que tenemos en el país, lo que hace que la gente se sienta ajena a las estructura estatal”, afirma Coronel. Tanto el aimara como el quechua son lenguas oficiales del Estado en Perú, junto con el español.
Los sucesivos Gobiernos peruanos han demostrado no querer o no poder hacer que el Estado sea más integrador con los grupos marginados del país. Y se han mostrado especialmente desinteresados en Puno, según Coronel.
“La particularidad de Puno tiene que ver con esta exclusión más histórica en la cual el Ejecutivo y otros actores no han querido involucrarse mucho”, dijo.
Un reciente intento de llevar lenguas no españolas como las que se hablan en Puno al seno del Gobierno terminó en polémica. En agosto de 2021, el entonces primer ministro Guido Bellido empezó a dirigirse al Congreso de Perú en quechua, pero los miembros de la oposición empezaron a gritarle que hablara en español porque no le entendían.
La respuesta de Bellido en aquel momento resumió el sentimiento de muchos en el sur de Perú: si el país fuera realmente multicultural, dijo, ¿por qué no había un intérprete a mano para ayudar a los que no hablan una de las lenguas oficiales de Perú?
Los manifestantes de Puno siguen llenando las calles de la capital, y Coronel teme que la respuesta “autoritaria” de Boluarte haya reducido ahora las posibilidades de diálogo: “En Puno se ven carteles que preguntan: ‘Limeño, ¿negociarías con quien mató a tu madre? ¿Con el que mató a tus hijos?”.