Nota del editor: Frida Ghitis, (@fridaghitis) exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora semanal de opinión de CNN, columnista del diario The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora. Ver más opiniones en CNN.
(CNN) – Cuando la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el viernes que había emitido órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otra importante funcionaria del gobierno por cargos relacionados con un presunto plan para deportar a miles de niños ucranianos a Rusia por la fuerza, también colocó de hecho el nombre de Putin en una lista corta junto a algunos de los líderes más brutales que el mundo ha visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Con ello, lo marcó ante el mundo entero, incluido el pueblo ruso, como un paria internacional, potencialmente culpable de crímenes históricamente atroces.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la decisión de la CPI de “escandalosa e inaceptable”, y calificó las órdenes de “nulas e inválidas” para Rusia. Pero no cabe duda de que se trata de un duro golpe histórico a la reputación no solo de Putin, sino de la Rusia moderna.
Solo tres jefes de Estado se han enfrentado a acusaciones de la CPI durante su mandato. Los otros dos fueron el difunto líder de Libia, Moammar Gadhafi y el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, ambos acusados de horribles crímenes contra su propio pueblo.
Rusia no es Libia ni Sudán, ambas naciones en desarrollo empobrecidas que apenas salieron del dominio colonial.
Rusia es uno de los países que ayudaron a derrotar a la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es una nación antaño orgullosa que emergió de la guerra mundial, y más tarde del comunismo, con vastos recursos naturales, una población altamente educada y el impulso de convertirse en una democracia próspera. Se enfrentaba a muchos retos, pero tenía un futuro prometedor.
Entonces llegó Putin, elegido a dedo por su predecesor Boris Yeltsin y luego elegido presidente hace más de 20 años, que desmanteló la democracia bloque a bloque, afianzando su control del poder y aplastando las aspiraciones democráticas del país incluso antes de lanzar su brutal invasión no provocada de Ucrania.
Putin es ahora un criminal de guerra acusado, si bien no condenado. Según la mayoría de las fuentes, cuenta con el apoyo de la mayoría de los rusos. Tal vez esto dé a algunos de ellos razones para reconsiderarlo. Pero algún día, el pueblo ruso mirará más allá de la propaganda con la que lo han alimentado y comprenderá el horror de lo que se perpetró en su nombre.
Es casi imposible que Putin se enfrente pronto a un tribunal de la CPI en La Haya. Como reiteró Peskov en su declaración, Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI, y mientras Putin sea presidente, es probable que siga en libertad. Pero, a menos que se enfrente al tribunal y consiga de algún modo limpiar su nombre, un resultado doblemente improbable, llevará para siempre la marca de criminal de guerra acusado.
Putin, junto con Maria Lvova-Belova, su “comisionada para los Derechos del Niño”, están ahora acusados formalmente de violar las leyes de la guerra al llevarse por la fuerza a niños ucranianos y deportarlos a Rusia. En palabras de la CPI, son “presuntamente responsables del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania”. La orden de detención afirma que hay “motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados”.
Por el momento, la CPI se centra en un solo aspecto de la campaña rusa en Ucrania, aunque especialmente horripilante y cruel. Supuestamente, Rusia ha estado sacando a niños de Ucrania y colocándolos en campos de reubicación dentro de Rusia y en hogares rusos. Lvova-Belova ha desempeñado un papel decisivo en la ejecución de esta política, que no se lleva a cabo en secreto. De hecho, agradeció públicamente a Putin que hiciera posible que ella, personalmente, adoptara a un niño del Donbás, una zona de Ucrania ocupada por Rusia.
El gobierno de Rusia afirma que todo es prácticamente una medida humanitaria, destinada a salvar a los niños ucranianos en una zona de guerra. La CPI dice que es una violación de los Convenios de Ginebra. Los fiscales de la CPI, las autoridades ucranianas y los grupos que se dedican a localizar a los niños afirman que forma parte del esfuerzo concertado de Putin para borrar la nacionalidad ucraniana. Funcionarios estadounidenses y europeos afirman que los niños pasan tiempo en una red de docenas de campos donde son sometidos a reeducación política, en un esfuerzo por convertirlos en ciudadanos rusos.
Los padres ucranianos intentan desesperadamente recuperar a sus hijos.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que los actos alegados en la orden, “demuestran la intención de expulsar permanentemente a estos niños de su propio país”.
Estas son solo las dos primeras órdenes de detención sobre un solo aspecto del asalto de Rusia a Ucrania. La oficina de Khan afirmó que están buscando a más sospechosos y que emitirán más órdenes de detención, si las pruebas lo justifican.
Hay buenas razones para esperar más. Funcionarios ucranianos y varias organizaciones han estado documentando minuciosamente lo que consideran crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con la esperanza de que finalmente haya un ajuste de cuentas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acogió con satisfacción la noticia. En su mensaje nocturno a la nación del viernes, calificó la decisión de la CPI de “decisión histórica que conducirá a una responsabilidad histórica”.
Zelensky afirma que Ucrania lleva registrados 16.000 casos individuales de deportaciones forzosas de niños, pero la cifra total, señaló, es probablemente mucho mayor. “Semejante operación criminal”, declaró, “habría sido imposible sin la orden del máximo dirigente del Estado terrorista”.
Con ello se refería a Putin.
La capacidad de Putin para viajar está ahora gravemente restringida, ya que más de 120 países signatarios del Estatuto de Roma por el que se crea la CPI están ahora obligados a detenerlo si pone un pie en su territorio. El presidente de la CPI, el juez Piotr Hofmanski, dijo que los países están “obligados a ejecutar las órdenes de detención emitidas por el tribunal”.
Puede que Putin piense que nunca podría ser detenido; que nunca podría acabar en La Haya. Pero una pequeña galería de belicistas del siglo XX, considerados monstruos por muchos de sus pueblos y sus vecinos, pasaron de sentirse perfectamente seguros en sus palacios a enfrentarse a un tribunal de La Haya después de perder el poder en casa.
Le pongan o no las esposas a Putin, su lugar en la historia está ahora asegurado en las páginas más oscuras de las masacres y el mal gobierno.