(CNN Español) – El Gobierno de Perú informó este miércoles que ha dispuesto el “retiro definitivo” de su embajador en Colombia, debido a las declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro en torno a la situación del expresidente de Perú, Pedro Castillo.
“Esta decisión responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado este miércoles.
El presidente de Colombia se ha referido en el pasado al caso de Castillo, y, por ejemplo, durante la reciente Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, celebrada en República Dominicana, Petro dijo que el exmandatario debería haber participado en ese evento, y que no estaba ahí porque había sufrido un golpe de Estado. El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte sostiene en su comunicado que fue Castillo quien perpetró el golpe.
Aunque no detalló un hecho específico, la Cancillería peruana agregó en su nota de prensa que “la actitud del presidente Petro, y sus continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre Perú y Colombia”.
El Gobierno de Perú dijo que las relaciones diplomáticas con Colombia “quedan formalmente a nivel de encargado de negocios”. La Cancillería de Colombia le dijo a CNN que por el momento no emitirá comentarios.
Petro no se había pronunciado públicamente este jueves sobre el retiro del embajador peruano en Colombia y CNN intenta obtener comentarios de la Presidencia.
Castillo, quien intentó disolver el Congreso de Perú en diciembre de 2022 y perdió el respaldo de las Fuerzas Armadas, está detenido desde entonces. Actualmente enfrenta una medida de prisión preventiva de 18 meses debido a que es investigado por los delitos de rebelión o conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El expresidente también recibió otra orden de prisión preventiva concurrente de 36 meses en una investigación por supuesto tráfico de influencias, organización criminal y colusión, de acuerdo con una resolución judicial.
El exmandatario peruano ha negado haber cometido los delitos de los que se le acusa.
Jimena De La Quintana y Fernando Ramos contribuyeron con este informe