(CNN Español) – El Gobierno de Honduras no intenta replicar las medidas carcelarias de países como El Salvador, pero sí “poner orden en los centros penales”, aseguró a CNN la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
Villanueva fue designada por la presidenta Xiomara Castro para restablecer el orden en las prisiones tras los enfrentamientos ocurridos entre reclusos de varios centros penitenciarios durante las últimas semanas que han dejado un preso muerto y casi 30 heridos. El 9 de abril, y ante los constantes motines, Castro anunció la intervención y “mano dura” para frenar la escalada de violencia entre los reos.
“Respetamos lo que el presidente de El Salvador Nayib Bukele hace, pero el modelo que ya comenzó a implementarse en Honduras está basado en lecciones positivas de cárceles de EE.UU., México y aún de Centroamérica que van dirigidas al personal penitenciario y no precisamente a los privados de libertad”, explicó la funcionaria.
Villanueva aseguró que con las diez medidas que se hicieron públicas y otras que “no se anuncian para no alertar” a los reclusos, devolverán “la calma y se tomará el control” en las 26 cárceles que tiene Honduras.
Una de las medidas que según Villanueva se reactivó en las cárceles es el bloqueo de las llamadas telefónicas que ya existía pero que no funcionaba.
Esta es la única medida que coincide entre Honduras y El Salvador, ya que Bukele la aplica para tener incomunicados a los privados de libertad con el mundo exterior de las cárceles.
La funcionaria explicó que también se instalará un sistema de vigilancia y monitoreo electrónico, y que se implementará un desarme real en las cárceles de forma manual y con equipo tecnológico.
Julissa Villanueva, médica de profesión, dijo que las acciones no están dirigidas a los reos, sino “al personal que está en las tareas de la vigilancia y custodia de los centros penales”.
La viceministra detalló que se empezará con evaluaciones y pruebas de confianza a los agentes penitenciarios y policiales, así como con la entrega de equipo de comunicación y tecnología para que realicen su trabajo y no permitan el ingreso de objetos no autorizados a las prisiones.
Villanueva agregó que se incrementará el número de agentes penitenciarios y se ajustarán sus salarios para evitar que sean sobornados por los reos.
En cuanto a las personas presas, la funcionaria dijo que “se va a reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas”.
El problema en el sistema penitenciario, reveló Villanueva, lo van a manejar con el acompañamiento de expertos internacionales y aplicando experiencias implementadas con buenos resultados en otros países.
“Se emularán modelos y cosas que son buenas y las adaptaremos a nuestra realidad”, enfatizó la viceministra.
Villanueva comentó que se trabajará para poder darle un programa de rehabilitación real a los reclusos y “toda acción que se ejecute al interior de los centros penales estará enmarcada en el respeto a los derechos humanos”.
La Policía Nacional, en un comunicado emitido el 21 de abril, aseguró que los motines ocurridos en las cárceles son entre los grupos de maras y pandillas que buscan salir heridos o hacerse los heridos para que los trasladen a los hospitales más cercanos y desde ahí intentar escapar.
Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, alertó a CNN que si no hay rehabilitación de los presos, todas las medidas anunciadas por el gobierno de Castro “no darán su fruto”.
Maldonado señaló que, de acuerdo a lo anunciado por el gobierno, las medidas son muy diferentes a las aplicadas por el presidente Bukele en El Salvador, ya que “las autoridades hondureñas hablan de respeto a los derechos humanos de los reclusos”, y en El Salvador, aseguró Maldonado, no priva el humanismo y “se cometen violaciones a la integridad física de los reos”.
El presidente de El Salvador Nayib Bukele ha afirmado en reiteradas ocasiones que las medidas implementadas por su gobierno en las cárceles de su país han permitido reducir los homicidios y devolver la tranquilidad a las comunidades. Agrega en sus redes sociales que los logros en seguridad son inéditos y que los que cometan delitos pagarán con cárcel.
El asesor en materia de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Ariel Díaz, comentó a CNN que les preocupa el proceso de reclasificar a reclusos para cambiarlos de cárcel ya que, según destaca, no se conocen los criterios que utilizará el instituto penitenciario para hacer este trabajo y esa reasignación de recinto “podrían violentar, los derechos” de algunos presos.
Agregó que pedirán al gobierno información más detallada de las medidas a fin de estar claros y evitar que Honduras sea como El Salvador, donde se cuestiona la violación de los derechos humanos de las personas encarceladas y que integran “grupos de maras y pandillas”.
En un comunicado del 11 de abril, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, cuestionó que de las 19.563 personas presas en Honduras menos del 50% está procesado pues considera el país centroamericano “no tiene sistema de justicia, eficiente y eficaz”.
Según el escrito, de 2003 a 2022, 987 reos perdieron la vida de forma violenta en las cárceles