(CNN) – Las más recientes revelaciones en la investigación del fiscal especial sobre el manejo que tuvo el expresidente Donald Trump sobre documentos clasificados profundizan la sensación de que se acerca un momento político serio.
Un informe exclusivo de CNN que parece desvelar una debilidad fundamental en el caso de Trump refuerza la posibilidad de que el aspirante a la contienda presidencial de 2024 está enredado en un montón de problemas legales.
Las posibles pruebas de que Trump sabía que sus afirmaciones acerca de que podía simplemente desclasificar material por capricho eran falsas ponen de relieve su creencia característica de que las leyes y los códigos de conducta presidencial no aplican para él. Este es un factor que convirtió su mandato en la Casa Blanca en una prueba diaria para la democracia y el sistema legal de Estados Unidos, y podría agravarse aún más si gana las elecciones de 2024.
El último vistazo a la investigación del fiscal especial Jack Smith también muestra que, si bien cualquier cargo contra Trump por posibles violaciones de la Ley de Espionaje y obstrucción de la justicia podría estar justificado en un contexto puramente legal, conllevaría un alto nivel de responsabilidad a la hora de explicar al público por qué esa medida en un caso potencialmente complejo se merecía en el ambiente cargado de una elección presidencial.
Por un lado, no hay nada más sagrado que proteger los secretos del país, especialmente aquellos que podrían dañar a los aliados, ayudar a los enemigos de Estados Unidos y poner en peligro a los agentes encubiertos. Sin embargo, la afirmación de que las discusiones dentro de Washington sobre material clasificado representan una prioridad para millones de votantes aún no se ha puesto a prueba.
Además, las feroces controversias que aún persisten en torno a Trump sobre las elecciones de 2016 muestran lo tóxicas que pueden resultar las investigaciones durante la campaña electoral para la unidad estadounidense y las instituciones políticas y judiciales de Estados Unidos, todo lo cual acentúa la necesidad de una justificación sólida por motivos de interés nacional para cualquier procesamiento.
Los Archivos Nacionales y Trump vuelven a estar en desacuerdo
El informe exclusivo de Jamie Gangel, Zachary Cohen, Evan Perez y Paula Reid de CNN es otra señal seria de la posible exposición legal de Trump en el caso de los documentos, una de las numerosas investigaciones que incluyen el examen por parte de Smith del papel del expresidente antes del ataque de sus seguidores al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y una investigación independiente de un fiscal de distrito local sobre su intento de anular la victoria electoral de Joe Biden en Georgia. Trump ya fue acusado en Manhattan por supuestas irregularidades comerciales relacionadas con un pago de dinero por silencio en 2016.
CNN informó que los Archivos Nacionales (NARA, por sus siglas en inglés) planean entregar 16 documentos al fiscal especial que muestran que Trump conocía el procedimiento correcto para desclasificar ese material. Esto podría ser importante porque plantea la cuestión de si el expresidente tuvo intenciones delictivas, un elemento fundamental de cualquier caso en su contra. Si hay pruebas de que el expresidente sabía que no podía simplemente desclasificar documentos llevándolos de la Casa Blanca —o incluso con una idea privada, como sugirió una vez—, su defensa sobre el tema de los registros almacenados en su casa de Mar-a-Lago en Florida se hace más difícil.
En una carta del martes obtenida por CNN, la archivista en funciones Debra Steidel Wall escribió a Trump: “Los 16 registros en cuestión reflejan comunicaciones que implican a asesores presidenciales cercanos, algunas de ellas dirigidas a usted personalmente, sobre si debería desclasificar ciertos registros clasificados, por qué y cómo”.
En el foro de CNN la semana pasada, Trump afirmó falsamente sobre los documentos de alto secreto: “Y, por cierto, se desclasifican automáticamente cuando los tomo”, dijo Trump.
Pero Ty Cobb, exabogado de Trump en la Casa Blanca, dijo este miércoles a Erin Burnett de CNN que la más reciente información de CNN sobre los Archivos Nacionales eran una señal de que Smith estaba tomando medidas que podrían indicar que pronto podría actuar contra Trump.
“Creo que esto es una muestra de ultimar detalles. Creo que este caso está listo para comenzar”, dijo Cobb.
“El simple hecho es que hay un proceso… y (Trump) lo ignoró por completo y cree que el solo hecho de haberlos tomado desclasifica (los documentos). Esa no es la ley”.
Aun así Jim Trusty, abogado de Trump, dijo a CNN este miércoles que su cliente no había hecho nada malo y argumentó que, como presidente, anteriormente disfrutaba de poderes sustanciales para desclasificar documentos, en un posible anticipo de cualquier futura defensa judicial.
“Al final de su presidencia, se basó en la autoridad constitucional como comandante en jefe, que consistía en llevarse documentos y llevarlos a Mar-a-Lago cuando aún era presidente, como lo era en ese momento, y desclasificarlos y personalizarlos efectivamente. Habló de desclasificarlos, pero no necesitó hacerlo”, dijo Trusty. También argumentó que había una amplia “zona gris” en la interpretación de la Ley de Registros Presidenciales, que dice que el gobierno se reserva y conserva la propiedad, la posesión y el control totales de los documentos presidenciales.
Si Cobb tiene razón y Smith podría estar avanzando hacia una acusación, los estadounidenses pronto podrían enfrentarse a una pregunta cada vez más familiar: ¿Cuál es la manera apropiada de hacer rendir cuentas a un presidente y un candidato presidencial cuyo modelo político central se basa en infringir todas las reglas, pero cuya acusación podría exacerbar aún más a una nación ya profundamente polarizada?
¿Cuál es el interés nacional en perseguir a Trump?
La nueva visión sobre el supuesto manejo arrogante por parte de Trump de documentos clasificados durante y después de su presidencia es el más reciente giro de una saga que llamó la atención del público con el impresionante registro realizado el año pasado por el FBI en su centro turístico, la primera vez que un allanamiento de este tipo tuvo lugar en la casa de un expresidente. Los agentes se llevaron documentos clasificados y de alto secreto, pero los aliados de Trump afirmaron que tenía una “orden permanente” de desclasificar los documentos que llevó del Despacho Oval a la residencia de la Casa Blanca. Es posible que algunos de esos archivos se hayan trasladado a Mar-a-Lago.
Pero 18 exfuncionarios de primer nivel de la administración de Trump dijeron que nunca escucharon que se emitiera ninguna orden de este tipo durante el tiempo en que laboraron para Trump, diciendo a CNN que la afirmación era “absurda”, “ridícula” y una “ficción completa”. Además, los expresidentes no tienen el poder de desclasificar o poseer documentos de seguridad nacional altamente confidenciales, por lo que el tratamiento exacto que se dé a cada información secreta que se encuentre en Mar-a-Lago podría determinar la posible culpabilidad de Trump.
Sin embargo, en términos más generales, el argumento del documento refuerza la pregunta subyacente que gira en torno a Trump, que se agudiza a medida que se acercan las próximas elecciones.
Existe un claro interés nacional en proteger la información clasificada y hacer cumplir las leyes que rodean la conducta presidencial a fin de evitar una erosión de las instituciones políticas que sustentan la democracia que Trump ha intentado debilitar tantas veces. Y también existe un interés nacional en demostrar que nadie, ya sea presidente o expresidente, está por encima de la ley.
Sin embargo, al mismo tiempo, también existe un profundo interés nacional en la celebración pacífica de unas elecciones presidenciales que todos los estadounidenses consideren justas. Y Trump ya ha logrado sembrar profundas sospechas sobre los motivos del Departamento de Justicia y la administración de Biden, argumentando que es el objetivo de una campaña coordinada de persecución política.
Smith tiene la obligación de seguir la ley y las pruebas a donde conduzcan, y de tomar decisiones sobre posibles acusaciones y procesamientos sobre la misma base. Sin embargo, este caso no puede desarrollarse de forma aislada, dado el papel anterior de Trump y la actual campaña presidencial. Conlleva la obligación —presumiblemente para el secretario de Justicia, Merrick Garland— de analizar las posibles consecuencias más amplias de llevar a juicio a un expresidente y actual candidato presidencial.
Esto también plantea la cuestión de si un caso sobre el mal manejo de documentos clasificados —que podría basarse en argumentos legales complejos y en cuestiones de motivación— será fácil de vender a un público más amplio y podría influir en las afirmaciones de Trump de que es una víctima. Puede que sean falsas, pero ayudan a preparar la salsa política secreta que adoran sus seguidores.
El caso es especialmente delicado porque el presidente Biden también tuvo su propio problema con documentos clasificados por el material encontrado en una oficina que utilizó después de salir de la vicepresidencia y su garaje. Los casos son distintos porque no hay señales de que el mandatario se haya llevado deliberadamente los documentos y, a diferencia de Trump, no haya hecho ningún intento de impedir su devolución a los Archivos cuando los encontró. Pero será fácil para el expresidente y sus aliados entorpecer los detalles de estos casos y argumentar políticamente que existe un doble rasero legal y que existe una motivación política.
¿Cómo afectarían las múltiples acusaciones a la campaña de Trump para 2024?
La cuestión del impacto político de procesar a Trump ya se planteó desde que su acusación en un caso que estaba siendo procesado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, pareció aumentar su popularidad en la carrera por la nominación del Partido Republicano. También provocó que sus posibles rivales en la cima de la lista condenaran la medida por considerarla politizada, lo que complicó sus propios intentos de derrotar al expresidente.
El caso, que se centra en supuestas violaciones de registros empresariales, también es complejo de resumir en un argumento que podría convencer a millones de estadounidenses de que se está tratando de manera justa a Trump.
Una gran incógnita de la actual campaña presidencial es si las futuras y múltiples acusaciones envalentonarían aún más a Trump y provocarían que los votantes se convencieran de que está siendo atacado injustamente. ¿O podría hacer que su campaña se hundiera en un abismo de responsabilidad legal y penal?
La publicación esta semana de un informe de otro fiscal especial —John Durham, nombrado por la administración de Trump— le dio al expresidente nueva munición política para argumentar que está siendo victimizado. Durham argumentó que la investigación sobre los vínculos de la campaña de Trump con Rusia en 2016 nunca debería haber comenzado, a pesar de que los funcionarios que estaban en servicio en ese momento y muchos analistas legales cuestionaron sus conclusiones. Trump aprovechó inmediatamente el informe para bordar sus afirmaciones de que es víctima de investigaciones politizadas, y presentó su argumento para tratar de manchar la investigación de Smith, el caso de Georgia y la acusación de Manhattan.
Los nuevos detalles de este miércoles sobre su riesgo, aparentemente más profundo de lo que se sabía anteriormente, en la investigación de los documentos clasificados solo se suman a un tema profundo que enturbia las elecciones de 2024.
Puede ser contrario al interés nacional ignorar las enormes afrentas al estado de derecho por parte de un presidente anterior en ejercicio —incluida la supuesta mala gestión de información clasificada—, ya que están en juego cuestiones fundamentales para la democracia estadounidense. Sin embargo, una acusación podría volver a crear un infierno político que podría dañar aún más la confianza de millones de estadounidenses en los sistemas legales y electorales del país.
Este es el peligroso umbral al que Trump ha vuelto a llevar a la nación.