(CNN Español) – La Fiscalía General de El Salvador presentó este lunes una acusación penal en contra de ocho personas, entre ellas el expresidente Alfredo Félix Cristiani (1989-1994), por la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
La Fiscalía dice que cuenta con varios testigos que relatan y ubican al exmandatario en la reunión en la que se habría tomado la decisión de asesinarlos. “Él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron esa muerte”, dice uno de los fiscales en un video publicado por la Fiscalía en su cuenta en Twitter.
Cristiani no se ha pronunciado tras la acusación penal y CNN está tratando de contactarlo para tener comentarios, pero hasta ahora no ha tenido respuesta.
En marzo del año pasado, cuando un tribunal de paz giró una orden de captura por el presunto delito de omisión durante su gestión, el exmandatario rechazó la acusación y en un comunicado señaló al fiscal general, Rodolfo Delgado, de pasar de la difamación y el acoso mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades.
“La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, la Fiscalía dice que la investigación ha determinado que el expresidente y el padre Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, sostuvieron varias llamadas previo a la masacre.
De acuerdo con las autoridades, Cristiani le asegura, en las llamadas, que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la universidad y le pide a Ellacuría que permanezca tranquilo y en el lugar.
La Fiscalía dice que además de los 20 testigos también basa su acusación en la condena impuesta en septiembre de 2020 por un tribunal español contra el coronel retirado Inocente Orlando Montano. El militar salvadoreño fue condenado en España a 133 años y cuatro meses de prisión por el “asesinato terrorista” de los cinco sacerdotes jesuitas de origen español.
El caso de la masacre de los jesuitas fue reabierto en enero de 2022 por orden de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), juramentados el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.
Los magistrados invalidaron la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la CSJ que en septiembre de 2020 había ordenado el cierre del proceso penal.
Además de Montano, por este caso está en prisión el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado a 30 años de cárcel en 1992, pero liberado al aprobarse la Ley de Amnistía en 1993.
En febrero de 2016 fue detenido en El Salvador a pedido del juez español Eloy Velasco. Sus abogados aplaudieron que la extradición a España no se concretó cuando, en julio de ese año, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Con esa decisión de los magistrados, un tribunal ratificó la condena y fue recluido en una prisión en El Salvador. Benavides no ha aceptado los cargos, incluso a través de sus abogados apeló la sentencia, sin éxito.
El 17 de noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador denegó la petición de indulto solicitada por los abogados defensores de Benavides Moreno.
Otras investigaciones contra Cristiani
Cristiani, además de esta acusación penal, es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión. La Fiscalía comenzó el jueves un proceso de extinción del dominio, en favor del Estado, de todos sus bienes en El Salvador. El exmandatario, quien según la Fiscalía está fuera del país, no se ha pronunciado sobre ese proceso y CNN tampoco ha podido contactarlo para tener sus comentarios.
En junio de 2021 fue interpelado por una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar la entrega de sobresueldos a exfuncionarios con fondos provenientes de Casa Presidencial en gobiernos anteriores.
Cristiani explicó a los legisladores que los fondos no eran para uso personal, sino para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), para la administración de Casa Presidencial y para financiar las gestiones realizadas por la comitiva gubernamental en el proceso de los Acuerdos de Paz, que en enero de 1992 pusieron fin a 12 años de guerra civil.