(CNN) – Donald Trump, que a menudo miente, sin duda dijo la verdad cuando afirmó que este jueves era un “día oscuro” para Estados Unidos.
La publicación en redes sociales del expresidente describió correctamente la magnitud de su acusación por el presunto mal manejo de documentos clasificados, aunque ignoró por completo cualquier culpabilidad personal en el caso.
Pero la primera imputación de un expresidente por un jurado investigador federal empujó al país a un momento sin precedentes y peligroso de su historia, en un contexto en el que la política ya ha provocado un distanciamiento interno.
Las investigaciones penales de expresidentes y actuales candidatos presidenciales pueden ser habituales en los tambaleantes países en desarrollo. Pero en Estados Unidos no existe ningún paralelismo con un ex comandante en jefe que se enfrente a cargos federales, y mucho menos con alguien que ya ha incitado a la violencia para promover sus fines políticos y que actualmente aspira a recuperar la Casa Blanca.
Las instituciones jurídicas y políticas de Estados Unidos, destrozadas en repetidas ocasiones por el tumultuoso mandato de Trump, pueden enfrentarse ahora a su mayor prueba por parte de un expresidente que fue sometido a juicio político en dos ocasiones, intentó robar unas elecciones y ya se enfrenta a otro juicio penal el próximo mes de marzo.
Por si eso no fuera suficientemente grave, estos cargos federales —relacionados con documentos clasificados que Trump se llevó a su complejo turístico de Mar-a-Lago— caen en un momento en el que Trump es el favorito para la nominación republicana en 2024.
Estos siete cargos conllevan una serie de complicaciones políticas, incluso si el Departamento de Justicia argumentará que simplemente está siguiendo las pruebas y está demostrando que nadie, ni siquiera los expresidentes, está por encima de la ley.
En pocas palabras, Trump será juzgado por el Departamento de Justicia de su sucesor. En otro giro profundo, ese sucesor -—el presidente Joe Biden— podría acabar enfrentándose al acusado en las elecciones generales de 2024, en un escenario que inyectaría nuevo fervor a las afirmaciones de Trump de que es víctima de una justicia politizada. Los partidarios de Trump ya pensaban que un “Estado profundo” invisible iba a por su héroe. Ahora será aún peor.
Trump, que ha estado preparando el terreno para una posible acusación federal durante meses, y que ha tenido un enorme éxito en convencer a sus partidarios de que cualquier escrutinio de su vida, decisiones políticas o asuntos de negocios se suma a la politización, no perdió el tiempo haciendo ese caso.
“Soy inocente. No hice nada malo”, dijo elex presidente en un video que mostró que está dispuesto a incendiar el sistema electoral democrático de Estados Unidos si eso es lo que se necesita para limpiar su nombre.
“Se llama interferencia electoral. Intentan destruir tu reputación para poder ganar unas elecciones. Eso es tan malo como hacer cualquiera de las otras cosas que se han hecho en los últimos años”, dijo Trump, que debe comparecer ante un tribunal de Miami este martes para una lectura de cargos.
Por qué la nueva acusación contra Trump podría ser más grave que la primera
Sorprendentemente, no es la primera vez que Trump es imputado. Ya se convirtió en el primer expresidente acusado de un delito penal cuando un jurado investigador de Manhattan lo imputó. Se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial en un caso derivado de un pago de dinero por silencio en 2016 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. El caso irá a juicio el próximo mes de marzo, justo en plena temporada de primarias. Trump se declaró inocente.
Pero la acusación del fiscal especial en el caso de los documentos es un asunto mucho más grave y más sensible políticamente, ya que procede del Departamento de Justicia de Biden.
Trump se enfrenta a un cargo en virtud de la Ley de Espionaje, dijo su abogado Jim Trusty en CNN este jueves, así como cargos de obstrucción a la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
Aunque no estaban claros de inmediato todos los cargos exactos contra Trump, los posibles delitos afectan al núcleo de algunos de los deberes más sombríos de la presidencia, incluida la protección de los secretos más vitales del país. Y cualquier acusación de obstrucción implica otra función fundamental de la confianza pública que Trump ostentaba y a la que aspira en la actual campaña: la obligación de un presidente de hacer cumplir las leyes.
El escenario actual pondrá a prueba si EE.UU. sigue siendo una nación de leyes. Si existen pruebas de que Trump efectivamente cometió presuntas infracciones del código penal, la decisión de no acusarlo haría añicos el principio de que todos son iguales ante la ley. Pero algunos se preguntarán si la acusación es realmente de interés nacional, dada la reacción contra las instituciones democráticas y judiciales que seguramente suscitará el expresidente.
La noticia de este jueves por la noche provocó una firme respuesta de algunos republicanos deseosos de demostrar su lealtad a Trump.
“Hoy es sin duda un día oscuro para los Estados Unidos de América”, dijo en un tuit el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. “Yo, y todos los estadounidenses que creen en el estado de derecho, estamos con el presidente Trump contra esta grave injusticia”.
La representante de Nueva York Elise Stefanik, miembro del liderazgo republicano de la Cámara, repitió como un loro el argumento político de Trump, tuiteando: “La extrema izquierda radical no se detendrá ante nada para interferir en las elecciones de 2024 con el fin de apuntalar la presidencia catastrófica y la campaña desesperada de Joe Biden”.
Y el senador republicano Josh Hawley, de Missouri, tuiteó: “Si la gente en el poder puede encarcelar a sus oponentes políticos a voluntad, no tenemos una república”. Sus comentarios ignoran el hecho de que el expresidente tiene derecho a defenderse ante un tribunal.
Aunque desde fuera no se puede conocer todo el alcance de la investigación del fiscal especial Jack Smith, los informes de los últimos días habían sugerido una investigación agresiva a punto de concluir.
-CNN informó a finales de mayo de que los fiscales habían obtenido una grabación de audio en la que Trump reconocía que guardaba un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán. Esto socavaba sus argumentos de que desclasificó todo lo que se llevó de la Casa Blanca.
“Echa por tierra muchas de las defensas que ha lanzado en los últimos meses”, dijo el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe sobre la cinta en CNN el 31 de mayo. “Establece de forma concluyente no solo que cogió información clasificada, porque él lo admite, sino también que sabía que tenía información clasificada. Lo admite también, y que sabía que seguía siendo clasificada, y que estaba limitado en cómo podía manejarla o distribuirla”.
- En otro orden de cosas, CNN informó en exclusiva esta semana de que un empleado de Mar-a-Lago vació la piscina del complejo el pasado octubre y acabó inundando una sala donde se guardaban servidores informáticos con registros de vídeos de vigilancia. El incidente se produjo aproximadamente dos meses después de que el FBI recuperara cientos de documentos clasificados de la residencia y cuando los fiscales que investigan una posible obstrucción obtuvieron imágenes de vigilancia para rastrear cómo se movían los registros de la Casa Blanca por el complejo. No está claro si la habitación se inundó intencionadamente o por error, pero el incidente se produjo en medio de una serie de acontecimientos que los fiscales federales consideraron sospechosos.
- Ahora se sabe que el fiscal especial ha estado utilizando dos grandes jurados, uno en Washington y el otro en Miami, lo que podría significar que Smith está explorando la posibilidad de presentar partes o la totalidad de un caso penal en un tribunal federal de Florida en lugar de en la capital del país.
- En otra revelación que aumentó el misterio en torno al caso y puede haber profundizado la exposición potencial de Trump, The New York Times informó por primera vez esta semana que Mark Meadows, el ex secretario general de la Casa Blanca, testificó ante un jurado investigador que le preguntó sobre el manejo de Trump de documentos clasificados y los intentos de anular las elecciones de 2020, esfuerzos que Smith también está investigando.
- Este jueves, Zachary Cohen, de CNN, reveló que un exfuncionario clave de la Casa Blanca que trabajó tanto en la administración de Trump como en la de Obama fue entrevistado por los acusadores del abogado especial a principios de este año. El funcionario dijo que le dijo a los fiscales que Trump conocía el proceso adecuado para desclasificar documentos y lo siguió correctamente en ocasiones mientras estaba en el cargo. Esta información podría socavar las afirmaciones de Trump de que pensaba que simplemente podía desclasificar material por capricho y también llega a la cuestión de su intención, una cuestión importante en un caso penal.
Repercusiones políticas del caso de los documentos
Ninguno de estos atisbos de la investigación de Smith se desarrolla en el vacío. Las primarias republicanas están cada día más reñidas, pero los rivales de Trump se esfuerzan por crear argumentos para sus candidaturas en un partido que todavía está sometido a él. Los problemas legales de Trump, sin embargo, se desenvuelven en medio de una gran incertidumbre sobre cómo las múltiples acusaciones podrían limitar su capacidad para hacer campaña y si podrían hacer que algunos votantes republicanos examinaran más a fondo sus vulnerabilidades en unas elecciones generales.
Con una fecha de juicio fijada para marzo en el caso de Manhattan, también se espera que Trump escuche a finales de verano si él o sus subordinados serán acusados en un caso separado en Georgia relacionado con su intento de anular la victoria de Biden en 2020 allí.
En una señal de la forma en que Trump intentará que este caso sea juzgado en el tribunal de la opinión pública antes de que llegue a los tribunales, su campaña envió inmediatamente correos electrónicos de recaudación de fondos que promocionaban las recaudaciones que obtuvo después de que fuera acusado en Manhattan.
Los primeros datos de las encuestas realizadas después de esa primera acusación sugerían que, en todo caso, Trump podría haberse beneficiado políticamente de la maniobra del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Esas acusaciones obligaron de hecho a sus rivales en las primarias a defenderle para evitar alienar a los votantes del Partido Republicano, desbaratando así uno de sus potenciales ataques contra un expresidente que puso constantemente a prueba el imperio de la ley.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respondió de forma similar este jueves por la noche adoptando el lenguaje de “armamentismo” de Trump. “El armamentismo de la aplicación de la ley federal representa una amenaza mortal para una sociedad libre”, tuiteó antes de hacer su propio lanza)miento de la Casa Blanca. “La administración DeSantis traerá responsabilidad al DOJ, extirpará el sesgo político y terminará con el armamentismo de una vez por todas”.
Y en un foro público de CNN este miércoles por la noche, el exvicepresidente Mike Pence —que acaba de anunciar su propia candidatura a la Casa Blanca— advirtió que “nadie está por encima de la ley”, al tiempo que pidió al Departamento de Justicia que no acusara a su exjefe, diciendo que tal medida “enviaría un mensaje terrible al mundo entero”. Su postura era lógicamente contradictoria, pero políticamente comprensible dada la dinámica en el Partido Republicano.
Aunque Trump logró aprovechar su exposición legal hasta ahora en la campaña, no es seguro que se mantenga en esta fase inicial. La cuestión de la elegibilidad podría convertirse en un problema más importante el próximo año, dado que los dramas de Trump han alienado a los votantes indecisos de una manera que ha perjudicado al Partido Republicano en las últimas elecciones.
Y como demuestra la programación del juicio de Trump en Manhattan la próxima primavera, los acusados se encuentran con que sus calendarios pronto se llenan de fechas judiciales, audiencias y otros compromisos. Esto podría convertirse en un serio problema para el expresidente si se enfrenta a múltiples días en el tribunal el próximo año.
Al mismo tiempo, sin embargo, el sistema constitucional y judicial que a menudo ha criticado garantizaría que tendría derecho a la misma presunción de inocencia que cualquier otra persona y tendrá derecho a montar una defensa sólida.