(CNN Español) –– Vidulfo Rosales, abogado de varios familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dijo este miércoles a CNN que la Fiscalía General de la República de México (FGR) consiguió la reactivación de 16 órdenes de aprehensión contra militares presuntamente implicados en ese caso.
“Tenemos conocimiento de las mismas, no tenemos los detalles de cómo fueron reactivadas estas órdenes de aprehensión, si se amplía el ejercicio de la acción penal o se aportaron datos de prueba adicionales, esos pormenores no los tenemos. Pero sí teníamos conocimiento de que se estaban trabajando sobre la reactivación de estas órdenes de aprehensión”, dijo en entrevista telefónica Rosales.
Sin ofrecer más detalles, Rosales dijo que la FGR le notificó a la defensa, y a las familias de las víctimas, sobre estas 16 órdenes de aprehensión.
De acuerdo con la defensa legal de las familias de los jóvenes desaparecidos hace casi nueve años en Iguala, Guerrero, la FGR solicitó y obtuvo el martes de una jueza en el estado de México la reactivación de 16 órdenes de aprehensión contra militares por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada, de las cuales ya habrían sido ejecutadas ocho. Pero no se detallaron los nombres de los implicados.
“Es lo que tenemos conocimiento ahora, que ocho (órdenes) ya fueron ejecutadas y que el resto no”, agregó Rosales.
CNN solicitó más información sobre este asunto a la FGR, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con Rosales, los 16 militares requeridos se suman a otros cuatro que se encuentran detenidos, todos señalados en el caso Ayotzinapa.
En septiembre de 2022, el gobierno de México informó que se habían dictado órdenes de aprehensión en contra de cuatro integrantes del Ejército.
Ven “rectificación” del gobierno
La FGR había solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad gubernamental que investiga el caso Ayotzinapa solicitó a mediados de agosto de 2022.
Rosales consideró que con la reactivación de estas 16 órdenes de aprehensión el gobierno “rectifica de nueva cuenta”, tras la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión antes mencionadas.
“Es un paso importante que está dando el gobierno federal. No tenemos nada en contra del Ejército mexicano, no queremos debilitar a esta institución (…) Y cualquier institución que resulte involucrada en la desaparición de los 43 jóvenes tendrá que ir a la justicia, se le tendrá que procesar y deslindar responsabilidades”, señaló.
El gobierno de México ha dicho que la desaparición de los jóvenes fue “un crimen de Estado”, en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos “y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha señalado que autoridades municipales, estatales y federales “tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala hasta su desaparición.
Según las autoridades, los estudiantes desaparecidos se preparaban para una manifestación entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por delincuentes asociados con narcotraficantes. Por este caso, que conmocionó a México, decenas de personas ―incluidos policías y otros funcionarios― están detenidos.