(CNN Español) – El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia se ha relacionado con el término “paz” como un pilar de su política desde su campaña electoral. Incluso fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time por su “programa ambicioso y transformador”. Pero ¿qué indican las cifras hasta ahora de la gestión de “paz total” del mandatario?
¿Qué es la “Paz Total”?
Una de las propuestas más prominentes de Petro fue la posibilidad de alcanzar la Paz Total en el territorio nacional. La idea es llegar a acuerdos con los grupos armados que por años han generado violencia y desplazamiento forzado, con la participación de las comunidades en los diálogos.
Desde su posesión en agosto de 2022, Petro ha insistido en la importancia de tomar acciones para alcanzar la paz y reconciliación e iniciar diálogos con grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo.
El 26 de octubre, el Congreso de Colombia dio su aprobación a la Ley de Paz Total, otorgando al presidente la autoridad para entrar en un proceso de negociaciones y destinar presupuesto nacional para tal fin.
Sin embargo, a finales de junio el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia para deslegitimar la ley de Paz Total, la cual se presentó con trámite de urgencia nacional. Así lo anunció Canal Congreso el 27 de junio.
Cese al fuego con el ELN
El ELN es un grupo al margen de la ley que se extiende por las regiones rurales de Colombia y que tiene un dominio parcial sobre las comunidades apartadas del país. Es considerada por Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista.
El 9 de junio de 2023 se firmó en La Habana cese al fuego con el ELN durante 180 días a partir del 3 de agosto. A pesar de que Colombia tiene un largo historial de negociaciones fallidas con este grupo, la mesa de negociación de Petro logró el cese al fuego más largo alcanzado en la historia de las discusiones con este grupo.
El 5 de julio, Petro firmó un decreto que ordena la suspensión de las operaciones ofensivas de la fuerza pública en contra de los integrantes del ELN que participen en el proceso de paz.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Pares, una organización encargada de monitorear la paz y la reconciliación en Colombia, los avances que se están viendo en la negociación con el ELN no se habían logrado en ningún otro Gobierno.
“Lo máximo que se había logrado antes fue durante el Gobierno de Santos, donde se estableció una agenda con seis puntos a seguir. El Gobierno Petro recogió puntos de esta agenda y es la primera vez que se firma cese al fuego con esta cantidad de protocolos”, dijo Bonilla a CNN.
De acuerdo con un comunicado publicado por la presidencia, este acuerdo pasará por diferentes etapas, que incluyen el alistamiento, preparación, implementación y verificación. La ejecución completa del acuerdo comenzará el 3 de agosto.
No obstante, en los días previos a la suspensión de las operaciones ofensivas, que ya entró en vigor, se registraron hechos de violencia en lugares donde suele operar el grupo armado ilegal.
La violencia en las regiones persiste
Para Leonard Rentería, líder social de Buenaventura, una ciudad portuaria del Pacífico colombiano atormentada por la violencia durante décadas, desde que Petro asumió como presidente hay más presencia gubernamental en esta región. Según Rentería, el Alto Comisionado Para La Paz hace constantes visitas a Buenaventura y habla con los locales.
Además, de acuerdo con un informe de la fundación Pares, a principios de diciembre del año pasado se logró una tregua entre las bandas criminales “Shottas” y “Espartanos” que tuvo como resultado 90 días sin homicidios en Buenaventura. Sin embargo, el acuerdo se rompió en abril y, aunque renovado el 26 de ese mes, desde entonces la violencia se ha intensificado.
“Fue una tregua entre dos grupos que posteriormente se rompió. Buenaventura es el laboratorio de la paz total porque muestra todos los retos de este tipo de política en busca de la reconciliación. Allí hay una demanda social muy fuerte para que se avance en procesos de paz”, aclara Laura Bonilla. “Donde hay competencia entre uno o más grupos armados, es donde más se evidencia violencia aún”, añade.
Asimismo, en el municipio de Arauca, hasta el trimestre pasado, el aumento de desplazamiento forzado fue de 568%, según cifras recopiladas por Pares.
Aún no está muy claro cuál es el trabajo del Gobierno para tratar de amortiguar la violencia de las regiones por grupos de crimen organizado, pero Leonard Rentería cree que en comparación con gobiernos anteriores, se han visto cambios.
El líder social considera que “este Gobierno escucha las voces del territorio”, y cita como ejemplo la inversión de más de US$ 7,2 millones en un estadio más otras inversiones con fines culturales “para aliviar el tema de la vinculación de jóvenes a grupos al margen de la ley”.
Por su parte, Miguel Uribe Turbay, miembro del opositor Centro Democrático, de derecha, publicó este jueves en Twitter que no puede continuar la “política de impunidad total” a favor de los grupos armados y calificó de “absurdo” que el ELN anuncie cese al fuego pero siga “secuestrando y haciendo tanto daño a las familias colombianas”.
Asesinato a líderes sociales y masacres contra civiles
En las últimas décadas, Colombia ha sido testigo de un alarmante número de asesinatos de líderes sociales. Entre 2016 y 2020 se registraron más 400 asesinatos de este tipo, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y fue el país más violento de América Latina contra defensores de derechos humanos, según Human Rights Watch.
Aunque el Gobierno ha dedicado esfuerzos considerables para disminuir estas cifras, los resultados han sido variados.
Según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2023 se han registrado 85 asesinatos a lideres sociales, mientras que en 2022 para esta misma fecha se habían documentado 106. Esto significa una disminución de casi el 22% en este tipo de asesinatos.
Sin embargo, de acuerdo con Indepaz, en lo que va del año han ocurrido 52 masacres a civiles con un saldo de 170 victimas, un número muy similar para esta fecha en 2022.
¿Y si se cae la “Paz Total” en la Corte Constitucional?
Se espera que en los próximos días, la Corte Constitucional vote a favor o en contra de la ponencia del magistrado Ibáñez para la eliminación de la ley 2272 de 2022 o ley de Paz Total. Para aprobar la ponencia y dejar sin efecto la ley se necesitarán 5 votos a favor.
El senador Ariel Ávila, en una entrevista para Caracol Radio, mencionó que si se llega a tumbar la ley de Paz Total, todos los diálogos y avances en la negociación quedarían sin sustento jurídico, lo que resultaría en un “limbo jurídico” durante aproximadamente dos meses mientras el gobierno nacional toma nuevas acciones.
Por otro lado, Luis Enrique Velasco, ministro de Interior aclaró que su ministerio junto con los de Justicia y Defensa “se aseguraron de que la propuesta y la forma de debatir este proyecto estuvieran enmarcadas dentro de lo que ordena la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso”.
En un contexto en el que los esfuerzos del gobierno por lograr la paz en los territorios se ven constantemente desafiados por grupos al margen de la ley, surge la pregunta de si es posible alcanzar una “Paz Total” duradera.
Con información de Florencia Trucco, de CNN