(CNN Español) – Ahora que se cumple el primer año de su toma de posesión como presidente de Colombia, Gustavo Petro enfrenta la que para muchos es la mayor crisis política de su mandato. Esto, luego de que la Fiscalía informó este jueves que su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, reconoció que recibió dinero que habría entrado de forma irregular a la campaña presidencial de su padre en 2022.
El presidente Petro se pronunció sobre lo que su hijo habría declarado durante una audiencia de medida de aseguramiento en la que se le otorgó este viernes la libertad condicional, relacionada con la acusación que enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos.
“No presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados. La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito”, publicó este sábado en su cuenta de Twitter.
Se conoció también una entrevista de Nicolás Petro concedida a la revista Semana, posterior a su medida de aseguramiento, en la que aclara que ni su padre ni el gerente de la campaña presidencial sabían del ingreso de los dineros ilegales que él recibió.
En medio de esta tormenta política que atraviesa el presidente, a apenas 12 meses de gobierno, algunos analistas consideran que sus esfuerzos ―hasta ahora concentrados en impulsar la aprobación en el Congreso de su paquete de reformas sociales― pasarán a un segundo plano para ocuparse en recuperar la credibilidad de su proyecto político.
“Para poder recobrarla, deben funcionar de manera independiente y transparente las instituciones del Estado colombiano. Ninguna de estas instancias está por encima de la otra, eso garantiza el equilibrio. Las consecuencias de las declaraciones del hijo del presidente Petro llevaron al Gobierno del cambio al terreno de recuperar la confianza entre los colombianos y dejar de lado el prometido cambio. Tiene tres años para lograrlo”, dice a CNN el analista político Pedro Viveros.
Petro dijo en un comunicado que continuará “decididamente” con su agenda presidencial. “Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”, escribió.
Crisis inédita
La decisión de Petro Burgos de colaborar con la Fiscalía en el proceso judicial que se le sigue pone al presidente Petro en una situación inédita para un mandatario en la historia reciente del país. Sus antecesores Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe también enfrentaron cuestionamientos por la financiación de sus campañas, pero ninguno de ellas ha prosperado, además de que tampoco tuvieron a un miembro de su familia haciendo declaraciones directas sobre irregularidades en sus campañas.
Para el analista político Andrés Segura, estas afirmaciones de Petro Burgos terminan por debilitar el discurso de cambio que propone el Gobierno, derrumbando su narrativa.
“Paradójicamente, igualar con gobiernos anteriores es la ruta que varios seguidores del Gobierno con influencia están usando para responder a la situación, diluyendo responsabilidades, recordando que eso le pasa a todos”, señala.
Petro descartó esto este jueves durante un discurso en una plaza pública de la ciudad de Sincelejo.
“Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado”, dijo.
Investigación contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones
Las recientes declaraciones de Petro Burgos sobre el supuesto ingreso de recursos no reportados a la campaña presidencial de su padre podrían tener consecuencias más profundas.
Desde junio pasado, el presidente ya tiene un proceso en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ―ente encargado de evaluar las denuncias contra el presidente por su fuero especial―, que investiga la presunta financiación ilegal de su campaña.
En la Comisión de Acusaciones ya se nombró a tres ponentes de distintos partidos políticos (Alianza Verde, La U y del Pacto Histórico) para estudiar el caso de la financiación de la campaña de Petro de 2022.
Las últimas declaraciones de Petro Burgos a la Fiscalía se sumarían a ese proceso. En caso de llegar prosperar una investigación contra el presidente en esta Comisión, -situación que nunca ha ocurrido en la historia del país-, el paso a seguir sería una acusación ante el Senado y juzgamiento por la Corte Suprema.
Los analistas consultados por CNN coinciden en señalar que aún si no llega a prosperar el caso hasta la Corte Suprema, el proceso puede debilitar políticamente a Gustavo Petro.
“Esto marca una nueva línea de debate político, porque enmarca cualquier discusión alrededor de la legitimidad del Gobierno, y reduce el margen de negociación para posibles alianzas que necesita el Gobierno en el Congreso. En un Gobierno que ha sabido poner agenda, acá queda diezmado en esa capacidad”, argumenta Segura.
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral investiga desde marzo cuatro denuncias sobre presuntas irregularidades y violación de topes en la financiación de la campaña de Petro de 2022. Petro ha desmentido públicamente las denuncias en el pasado.
El presidente de Colombia también anunció este viernes que asumió su representación jurídica el abogado Mauricio Pava Lugo.