(CNN Español) – El 3 de agosto, una junta de médicos del Hospital Regional de Loreto, en la selva peruana, determinó que una niña de 11 años, Mila (un nombre ficticio, difundido en medios locales para proteger la identidad de la menor), debía mantener el embarazo que, según las autoridades peruanas, era producto de la violación de su padrastro. De esa manera, se le negaba acceso al aborto terapéutico.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, institución que asumió la representación legal de Mila y un proceso de “desprotección familiar”, que implica la separación temporal de la niña de su familia para su protección, había solicitado en julio una junta médica al Hospital Regional de Loreto, en la zona de residencia de la niña, para evaluar su salud y “la adopción de las decisiones necesarias para su protección”.
La junta médica se negó a practicarle un aborto terapéutico a Mila porque, según indicó en un documento del hospital, su embarazo “no cumple criterios para la decisión de proceder al aborto terapéutico”. Un documento del Ministerio de la Mujer hace referencia a esa decisión y señala que “la niña no muestra afectación mental severa que comprometa la salud y la vida materna”.
El ministerio solicitó una nueva junta médica que reevaluara “la aplicación del aborto terapéutico a favor de la niña”, debido a que su embarazo afectaba “su salud psíquica”.
La nueva reunión se realizó en el Instituto Materno Perinatal del Ministerio de Salud en Lima. Los médicos recomendaron la “interrupción terapéutica del embarazo por grave riesgo para la salud física y mental de la niña”. Hoy, Mila se encuentra en proceso de recuperación.
El aborto terapéutico se legalizó en Perú en 1924 y, desde 2014, cuenta con una guía técnica que lo permite en casos de embarazos de hasta 22 semanas. Mila tenía 17,2 semanas de gestación, según documentos médicos.
Según el Código Penal de Perú, el aborto terapéutico practicado por un médico no es punible cuando se realiza con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. Además, la ley peruana considera delito sancionado con cadena perpetua la violación sexual a menores de 14 años.
¿Qué revela el caso Mila?
Mila es solo un ejemplo de una realidad reflejada en cifras que, aunque permiten comprender la dimensión del problema, no alcanzan a mostrar el dolor que padecen muchas niñas y adolescentes en Perú.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a junio de 2023 han atendido 6.092 casos de violación en todo el país. De ellos, 4.031 corresponden a violación a niñas, niños y adolescentes y, de estos, 3.787 son a niñas y mujeres adolescentes.
CNN consultó información del Ministerio de Salud y encontró que un total de 637 niñas y adolescentes menores de 14 años han dado a luz en 2023. La cifra crece significativamente si la búsqueda se expande a menores de 19 años. En ese caso, alcanza los 25.041 nacimientos.
Matilde Cobeña Vásquez, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo en Perú dice que el caso Mila muestra que “en Perú se normaliza la violación sexual, que las niñas sean madres y el hecho de que, como país tenemos mucho temor al aborto terapéutico. Priman el conflicto de fe, las creencias religiosas y las amenazas a los médicos. Existen desmotivaciones de tipo religioso y legal”,
Tomando como base el caso de Mila, en opinión de Vásquez, algunas de las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violación sexual podría estar siendo forzadas a ser madres pues, “el no aplicar el aborto terapéutico en estas condiciones es incumplimiento de funciones, las personas que consideran que se está cometiendo un homicidio le dan prioridad a la vida del concebido antes que la de la niña violada”.
Agrega que el papel que la Defensoría siguió en el caso de Mila desde un principio “fue recomendar a las entidades competentes que cumplan su función, para garantizar, en primer lugar, la atención integral de la niña embarazada producto de la violación sexual, por las graves consecuencias que tiene en su vida el embarazo que, además, es consecuencia de una violación”. Según dice, cuando la Defensoría se acercó a la Unidad de Protección Especial de Loreto del Ministerio de la Mujer, que estaba al cuidado de la niña en representación del Estado, aún no había acudido al hospital a solicitar su evaluación.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer dice que en todo momento se han “ceñido a los protocolos establecidos y se ha coordinado permanentemente todo lo relacionado a este delicado caso con el Ministerio de Salud, de acuerdo con las competencias de cada entidad”.
La Defensoría realiza un seguimiento a las entidades del Estado que deben garantizar la protección de la niña y, también, a los organismos del sistema de judicial, para sancionar al agresor. Al presunto violador se le dictó prisión preventiva por nueve meses aunque, en un primer momento, el pedido de la Fiscalía fue rechazado por el Poder Judicial.
La presidenta Dina Boluarte visitó a Mila en el hospital de Lima y dijo que “como gobierno vamos a proteger y amparar a la menor y la vamos a acompañar de aquí para siempre, no la vamos a abandonar”.
Denuncia de tortura contra Mila
Tras el rechazo del primer pedido de aborto terapéutico, la Fiscalía abrió una investigación preliminar “contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura en agravio de Mila”.
El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Salud y al Hospital Regional de Loreto enviar la documentación referida al “informe médico sobre las evaluaciones efectuadas a la menor”.
El 8 de agosto, la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló en un comunicado que el caso de Mila representa “violencia por razones de género y un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante”. En el mismo documento, la ONU recuerda el caso de Camila, una niña de 13 años a quien en 2017 también se le negó el acceso al aborto terapéutico tras ser víctima del abuso sexual de su padre En junio de este año, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, determinó que Perú violó los derechos a la salud y a la vida de Camila y que no recibió información sobre sus derechos ni acceso al aborto legal y seguro.
En diciembre de 2017, Camila sufrió un aborto espontáneo y fue denunciada por la Fiscalía por presunto delito de autoaborto.
El caso llegó a instancias internacionales a través de la ONG peruana Promsex. El dictamen del Comité de Derechos del Niño de la ONU solicita al Estado peruano despenalizar el aborto en casos de embarazo infantil. Actualmente, Promsex ejerce la representación de la madre de Mila, de 31 años, “para que esta pueda ejercer los derechos de contacto con su hija y pueda ser considerada como víctima de la violencia que ejerció su pareja también contra ella”.
Propuestas para modificar la ley
El Congreso promueve un proyecto de ley que propone despenalizar el aborto terapéutico a menores de 14 años.
La Defensoría del Pueblo ha recomendado el fortalecimiento de capacidades en los médicos y un protocolo de aborto terapéutico especializado en la atención de menores de forma que, pueda tomarse en cuenta en casos en los que queden embarazadas como consecuencia de violación.
“No esperemos reaccionar a partir de otro caso similar, no seamos un Estado reactivo. Debemos ser un Estado con una política de prevención de la violencia”, concluye Matilde Cobeña Vásquez. “Una de las cosas que ha servido en el mundo es la educación sexual integral y no hay que tenerle miedo”.