(CNN Español) –– Diez personas presuntamente involucradas en la explosión de dos vehículos esta semana en Quito, Ecuador, permanecerán en prisión preventiva, informó este viernes la Fiscalía General del país en un comunicado.
Los sospechosos han sido acusados de terrorismo por los incidentes y, de ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de entre 10 y 13 años en prisión, explicó la Fiscalía en un comunicado.
CNN intenta averiguar si cuentan con representación legal y cómo se declaran ante las acusaciones.
Seis de los detenidos deberán responder por la explosión de uno de los vehículos la noche de este miércoles en las calles Robles y Ulpiano Páez, ubicadas en el sector La Mariscal, en el norte de Quito.
Según la Fiscalía, este grupo compró combustible cerca del lugar de la explosión, se trasladaron hasta el sitio y “rociaron la gasolina en un automóvil y una motocicleta para luego prenderles fuego”.
“Luego de perpetrar el atentado, dijo la fiscal, los implicados escaparon a bordo del vehículo azul en el que se movilizaban cuando fueron aprehendidos luego de una persecución”, se explicó en el comunicado.
Segunda explosión
Los otros cuatro sospechosos en las explosiones fueron detenidos tras presuntamente provocar la detonación de una camioneta en los exteriores de un edificio ubicado en la avenida 12 de octubre y calle Wilson, en el norte de Quito, la madrugada de este jueves, según otro comunicado de la Fiscalía.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía destaca una secuencia de imágenes de una cámara de seguridad del edificio donde se perpetró el atentado que muestra cuando dos de los acusados dejaron la camioneta con explosivos en el lugar de la explosión, según el comunicado.
Este jueves, el Gobierno de Ecuador calificó de “atentados terroristas” las explosiones de los dos autos en Quito, una de las cuales ocurrió a las afueras de un edificio utilizado actualmente por el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), según un comunicado del Ministerio del Interior.
Según el Gobierno, las explosiones fueron planeadas por “grupos de delincuencia organizada” que tenían como objetivo “amedrentar” al SNAI.
Ana María Cañizares colaboró con este reporte.