(CNN) – El fiscal especial Jack Smith no ha terminado con el expresidente Donald Trump y su entorno, a pesar de haberle imputado cuatro cargos criminales por su intento de tumbar las elecciones de 2020 y más de otras tres docenas de acusaciones por su acaparamiento de documentos clasificados en Florida.
El enfrentamiento entre el duro fiscal y el acusado más famoso del mundo se intensificó aún más este martes, cuando surgieron nuevos detalles de la creciente investigación de Smith sobre la interferencia electoral. El fiscal especial está investigando ahora cómo se utilizó el dinero recaudado con denuncias infundadas de fraude electoral para financiar intentos de violar el equipo de votación en varios estados ganados por el presidente Joe Biden, informó en exclusiva CNN.
Smith reprendió más tarde este martes al expresidente en una nueva presentación judicial, acusándolo de hacer declaraciones diarias que amenazaban con perjudicar al grupo de jurados en Washington, la última señal de la creciente acritud con el campamento de Trump antes de un juicio programado para el día antes del supermartes en marzo. La noticia subrayó la naturaleza altamente inusual de un juicio pendiente de un expresidente que se está postulando para recuperar la Casa Blanca, y las cuestiones de libertad de expresión involucradas en el enjuiciamiento del actual favorito de las primarias del Partido Republicano. También plantea cuestiones sobre la forma en que Trump, debido a su posición, puede salirse con la suya con comentarios que nunca se tolerarían de un acusado normal.
La investigación de Smith no es la única sobre las consecuencias de las elecciones de 2020. Una dramática serie de acontecimientos legales en la investigación del condado de Fulton, Georgia —en la que Trump y 18 coacusados también están a la espera de juicio— encapsuló la amplitud de la exposición legal del expresidente. Está previsto que un juez celebre este miércoles una primera vista televisada del caso en la que se empezarán a resolver cuestiones que podrían decidir si el caso de chantaje se empaqueta en juicios más pequeños y con qué rapidez podría, por tanto, juzgarse a Trump.
También en Georgia —epicentro de la injerencia electoral de Trump y de la reciente política estadounidense al filo de la navaja—, el ex secretario general de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, sigue a la espera de saber si tendrá éxito su intento de elevar su juicio al sistema judicial federal, donde espera que se puedan desestimar los cargos. La táctica probablemente presagia un esfuerzo similar posterior por parte del expresidente, lo que podría complicar la acusación de la fiscal del distrito Fani Willis.
El ajetreo legal en Georgia se aceleró el día en que Enrique Tarrio, el expresidente del grupo de extrema derecha Proud Boys, fue condenado por un juez en Washington a la pena de cárcel más larga hasta ahora de cualquier acusado relacionado con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Congreso por una turba pro-Trump. “No tengo ningún indicio de que tenga remordimientos por las cosas reales por las que está condenado, que son conspiración sediciosa y conspiración para obstruir el recuento de votos electorales”, dijo el juez de distrito Timothy Kelly.
La condena de Tarrio siguió a otras largas penas de cárcel impuestas a otros miembros de los Proud Boys, algunos de los cuales se mostraron más arrepentidos que su líder. Las sentencias muestran que el precio por participar en violencia política después de las elecciones de 2020 está aumentando. Pero a pesar de los problemas legales de Trump, que parecen agravarse día a día, sigue sin estar claro si el expresidente que desató el ataque más flagrante contra unas elecciones democráticas en la historia de Estados Unidos también pagará un precio severo.
Trump no hace más que fortalecerse en la carrera del Partido Republicano
Los esfuerzos para exigir responsabilidades a Trump serían complejos en cualquier circunstancia, pero el hecho de que Trump se presente a un segundo mandato no consecutivo está haciendo que las maniobras legales sean aún más polarizantes.
La dicotomía entre el nivel de responsabilidad legal y política rara vez ha sido más marcada. Una nueva encuesta de CNN publicada este martes mostró el dominio de Trump en la carrera presidencial republicana. Con un 52% entre los republicanos y los independientes de tendencia republicana, tiene más apoyo que todos los demás candidatos del Partido Republicano juntos. La encuesta también señala una razón importante: una mayoría del electorado de las primarias del GOP dijo que los cargos contra Trump en todos los casos (el cuarto está relacionado con un pago de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos en 2016) no son relevantes para su aptitud para servir como presidente. Y el 61% de los adultos de tendencia republicana dijo que Trump se enfrenta a tantos cargos en gran parte debido al abuso político del sistema judicial.
De forma aislada, parece extraordinario que una mayoría de votantes republicanos crea que estar acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, entre otros cargos en la acusación de Smith y en Georgia, no tiene ninguna relación con que Trump sea apto para levantar la mano para preservar, proteger y defender la Constitución. Pero esta realidad política subraya el éxito de la larga estrategia de Trump —que se remonta hasta 2016— para sembrar la desconfianza en los sistemas electoral y judicial estadounidenses y en otras instituciones como los medios de comunicación. Los partidarios de Trump suelen tener muy interiorizada la idea de que las “élites” de Washington son corruptas y, en palabras del lema de su campaña para 2024, le persiguen para impedir que vuelva al poder.
Muchos republicanos también se quejan de que el hijo de Biden, Hunter, recibió un pase del Departamento de Justicia en acusaciones fiscales y sobre indicios de que utilizó su proximidad a su padre cuando era vicepresidente para impulsar su carrera empresarial en lugares como Ucrania. Los republicanos de la Cámara de Representantes han llegado a utilizar estas acusaciones para respaldar la apertura de un proceso de destitución contra Joe Biden, a pesar de que no han aportado pruebas concretas de que el presidente haya cometido alguna irregularidad.
Pase lo que pase en las elecciones del año que viene, estas reverberantes ondas de choque de los años de Trump tendrán un profundo impacto en la democracia y la gobernanza estadounidenses. De manera más inmediata, las sólidas perspectivas de Trump de ganar la nominación del Partido Republicano y la posibilidad de que pueda ser un delincuente convicto el día de las elecciones, a pesar de sus declaraciones de inocencia en los cuatro casos, significan que el próximo año será tumultuoso. Y mientras que las acusaciones de Trump casi parecen haber solidificado su dominio en la carrera republicana, su responsabilidad penal también puede mostrar por qué puede luchar para capturar la presidencia de nuevo en un país dividido por igual y por qué el resultado de algunos de sus juicios podría ser tan crucial.
En la encuesta de CNN, entre el público en general, cerca de la mitad de los encuestados dijo que los cargos relacionados con el 6 de enero y con los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 deberían descalificarlo para la presidencia, de ser ciertos. Aun así, si fuera el candidato republicano, se enfrentaría a un candidato impopular que, a sus 80 años, ya es demasiado viejo para presentarse a un segundo mandato, según una encuesta reciente de The Wall Street Journal.
Trump utiliza su situación penal para encender a sus partidarios
Trump sube continuamente la temperatura, subrayando cómo su defensa legal y su campaña presidencial se han fusionado. Este martes por la noche, por ejemplo, acusó a Smith de estar “trastornado” y de mostrar una “agresividad descontrolada y demencial” en un post en su red social Truth Social. Smith dijo en una presentación ante el tribunal que el expresidente había hecho “declaraciones extrajudiciales diarias que amenazan con perjudicar al jurado”.
La acusación se produjo en un pleito judicial que permanece en gran parte bajo secreto, por lo que fue imposible conocer el alcance total de la disputa. La juez del caso, Tanya Chutkan, advirtió previamente que las necesidades de Trump como candidato político no pueden tener prioridad sobre su papel como acusado penal. En concreto, el mes pasado advirtió que las repetidas declaraciones incendiarias del candidato republicano podrían obligarla a acelerar la fecha del juicio para proteger su integridad y evitar prejuzgar al jurado. Concedió que Trump tenía derecho a la libertad de expresión, pero señaló que no era absoluta.
Smith puede seguir siendo la mayor amenaza para el expresidente como el fiscal con más posibilidades de completar un caso contra Trump a principios del año electoral. De hecho, su equipo dijo en una presentación en agosto que el público tenía un “gran interés” en un juicio rápido porque el caso se refería a un expresidente “acusado de conspirar para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020, obstruir la certificación de los resultados electorales y descartar los votos legítimos de los ciudadanos”.
Muchos expertos legales concluyeron que la decisión de Smith de acusar sólo a Trump en el caso federal de interferencia electoral fue para evitar el tipo de disputas legales que consumen mucho tiempo en un caso de múltiples acusados que se está llevando a cabo en Georgia y que podría ver a algunos acusados separarse para juicios individuales o causar retrasos en la llegada del caso a los tribunales.
Pero su investigación sobre la interferencia electoral no está terminando, Zachary Cohen y Paula Reid de CNN informaron este martes. El equipo del fiscal especial está centrando sus preguntas en el papel de la exabogada de Trump, Sidney Powell. Según facturas obtenidas por CNN, la organización sin ánimo de lucro de Powell, Defending the Republic, contrató a empresas forenses que acabaron accediendo a equipos de votación en cuatro estados indecisos ganados por Biden: Georgia, Pensilvania, Michigan y Arizona. Powell ya se ha declarado inocente de los cargos penales en Georgia. También ha sido identificada por CNN como una de las co-conspiradoras no acusadas de Trump que figuran en la acusación electoral federal de Smith. No está claro de inmediato cómo el recién revelado afluente de la investigación encaja en su sondeo más amplio. La oficina de Smith declinó hacer comentarios.
El hecho de que los fiscales de Smith continúen su trabajo puede causar nerviosismo en la órbita de Trump. Después de todo, hay precedentes de que el fiscal especial siga con más cargos después de acusaciones anteriores. En julio, por ejemplo, presentó tres cargos adicionales contra Trump en relación con la supuesta retención intencionada de información de defensa nacional y relacionados con la supuesta obstrucción en el caso de los documentos. También se presentaron nuevos cargos contra Walt Nauta, asesor de Trump, y Carlos De Oliveira, jefe de mantenimiento de Mar-a-Lago.