(CNN Español) –– La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano adoptar “de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal” del presidente del máximo órgano electoral peruano, Jorge Luis Salas Arenas, y su familia.
Esta resolución, con fecha del 4 de septiembre, se deriva de una solicitud de medidas de protección provisional presentada el 18 de julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos órganos parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dicha solicitud argumentó que existe un “riesgo extremo, urgente e irreparable a los derechos” de Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
La Comisión agrega que, en medio de una alta polarización, el órgano electoral y su presidente han sido “cuestionados por determinados sectores de la sociedad y actores políticos del país”, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, donde la “Misión de Observación Electoral de la OEA lamentó nuevamente las agresiones en contra de las autoridades electorales, así como la campaña de desinformación”. También agregó que la independencia de las autoridades electorales ha estado en riesgo.
La Corte recordó que desde 2021, cuando se empezaron a presentar amenazas contra el presidente del órgano electoral, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de su protección. Si bien, según la Corte, el Estado implementó acciones de seguridad en el marco de aquella decisión, la nueva solicitud de la Comisión por medidas adicionales se fundamenta en que “posterior a la adopción de medidas cautelares y en el marco del seguimiento de las mismas, no percibió que las acciones del Estado fueran suficientes para garantizar la vida del señor Salas Arenas y su familia”.
Salas Arenas ha denunciado amenazas en su contra, la última fue una que recibió en julio pasado por parte del grupo extremista Los Combatientes.
“(Es) primera vez que uno de los amenazadores saca la cara y a voz en cuello dice lo que dice”, dijo entonces a CNN.
El funcionario también manifestó preocupación por las propuestas legislativas que buscan modificar la Constitución Política de Perú para incluir a los magistrados del Jurado entre los funcionarios que pueden ser sometidos a un juicio político en el Congreso, las cuales siguen en análisis en comisiones del parlamento.
“¿Cómo me puedo sentir? Pues bastante preocupado, obviamente, bastante preocupado. Pero además de lo personal, preocupado por lo que puede suceder con la democracia en el Perú”, dijo a CNN.
Salas Arenas se había pronunciado sobre este asunto días antes de la amenaza de muerte, en una conferencia con prensa extranjera, en la que señaló que la democracia del país corría un “grave riesgo”, debido a que “una parte del Congreso está atacando la institucionalidad democrática desde hace tiempo”.
CNN ha solicitado a la Presidencia de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros su opinión sobre la decisión tomada por la Corte Interamericana.
En su resolución de este mes, la Corte también requiere al Estado peruano que informe a la institución “a más tardar el 29 de septiembre de 2023, sobre la situación de Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar, a la luz de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a esta decisión”.