¿Por qué la ONU se pronunció en contra de una decisión tomada por el Congreso de Perú?

(CNN Español) -- Ante una decisión tomada en el Parlamento, el Sistema de Naciones Unidas en Perú expresó este jueves su preocupación, y dijo que “la separación de poderes es un principio fundamental para la democracia plena”.

El documento de Naciones Unidas se refiere a una moción aprobada en el legislativo que busca destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales. La institución también se encarga de nombrar o renovar en el cargo a las autoridades electorales como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La decisión, impulsada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País, obtuvo 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones, y determina que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento realice una investigación sumaria por “causa grave” y por un periodo de dos semanas a la Junta Nacional de Justicia.

Naciones Unidas señaló en su comunicado que la Junta Nacional de Justicia “tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país”.

¿Cuál fue la respuesta de la Junta Nacional de Justicia?

El mismo jueves, tras la aprobación de la moción en el Congreso, la Junta Nacional de Justicia dijo que la decisión constituía una “amenaza al orden constitucional” y señaló que la “eventual remoción de sus miembros sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”. Según la institución, la moción en el legislativo fue aprobada a partir de “imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”.

¿En qué se fundamenta la decisión del Congreso peruano?

La moción aprobada y que fue presentada por Patricia Chirinos argumenta “la remoción de la totalidad de los integrantes de ese organismo por haber incurrido en actos que configuran una situación de causa grave, en aplicación del artículo 157 de la Constitución". Durante el debate, los parlamentarios que votaron a favor sostuvieron que la decisión tomada respondía a las funciones del Congreso establecidas en la Constitución.

Para Chirinos, la Junta Nacional de Justicia se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares y que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales". Uno de los argumentos en los que la parlamentaria sustenta sus afirmaciones es el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia respecto a dos procedimientos realizados contra una exfiscal de la Nación en el Parlamento.

En junio el Congreso llevó a cabo un juicio político, a través del cual, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue inhabilitada para ejercer función pública. Ello, por haber suspendido en enero de 2022 las investigaciones contra el entonces presidente, Pedro Castillo, según argumentó el Parlamento.  En aquel entonces, la Fiscalía a cargo de Ávalos dijo que "el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal".

El Parlamento también llevó a cabo un antejuicio contra la exfiscal. El procedimiento autoriza ponerla a disposición de la justicia y habilita el inicio de un proceso penal por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.

Antes de la decisión del Congreso, en mayo, la Junta Nacional de Justicia señaló a través de un comunicado que “la justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones". La institución añadió que no acudía en defensa de una persona sino que defendía “garantías universales propias de la función judicial y fiscal, que lo son al mismo tiempo de la estabilidad de nuestras instituciones y de nuestra propia democracia”.

¿Cuál es la posición del gobierno de Dina Boluarte?

Este viernes el recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que la posición del ejecutivo –y que había sido conversada con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola– es de preocupación respecto de la investigación a realizarse en el Parlamento: “Consideramos que las instituciones y la democracia pueden estar, por un lado, en riesgo y, por otro lado, creemos que las instituciones –en el caso de los organismo constitucionalmente autónomos– deben ser protegidas y se debe entender que la posición del Congreso puede, en algunos momentos,  generar esta preocupación”.

Arana exhortó al Parlamento a conducir su investigación dentro de los “cánones constitucionales” y añadió que ésta debía estar basada en fundamentos con validez constitucional.

Por su parte, la organización Transparencia dijo que la moción aprobada en el Parlamento “vulneraría las garantías del debido proceso” y afectaría, no sólo al sistema de justicia sino también al sistema electoral pues recordó que en pocos meses la Junta Nacional de Justicia deberá evaluar la continuidad de las autoridades electorales y estas “decisiones podrían verse comprometidas si se concretan estas amenazas a su institucionalidad”. El comunicado de Transparencia finaliza señalando que: “Dañar la institucionalidad y la autonomía de la JNJ es demoler aún más nuestra debilitada democracia”.

La democracia peruana corre “grave riesgo”

En julio, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Luis Salas Arenas, advirtió que la democracia del país corría un “grave riesgo” y acusó al Parlamento de atacar “la institucionalidad democrática”. Salas Arenas se refirió a las propuestas legislativas que buscan modificar la Constitución para incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridades de la justicia electoral, entre los funcionarios públicos que pueden ser sometidos a juicio político.

¿Cuál es la historia de la Junta Nacional de Justicia y cuál su importancia?

La Junta Nacional de Justicia nace en respuesta a una de las crisis más profundas del sistema de justicia peruano ocurridas en 2018. En aquel año, los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que se encargaba de nombrar a jueces y fiscales, fueron destituidos por el Congreso. Ello ocurrió como consecuencia de un escándalo de corrupción conocido como ‘Los cuellos blancos del puerto’, que reveló, a través de audios, una red de tráfico de influencias en las más altas esferas del sistema de justicia peruano. Como consecuencia, los involucrados fueron detenidos, algunas investigaciones continúan y un exjuez fue sentenciado a 12 años de prisión en 2021 luego de acogerse a la colaboración eficaz.

Tras la destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, desde el Poder Ejecutivo se propuso una reforma constitucional que fue posteriormente votada en un referéndum.

Tras ello se creó la Junta Nacional de Justicia, un organismo constitucionalmente autónomo e independiente según la Constitución, que está encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, así como a parte de las autoridades electorales.