(CNN Español) – Al menos 58 personas fueron detenidas arbitrariamente en Venezuela entre enero de 2020 y agosto de 2023, concluyó la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el cuarto informe que la Misión presentó este miércoles en Ginebra, esos casos incluyen la detención arbitraria de líderes sindicales, defensores de Derechos Humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, miembros de partidos de oposición y otras personas que expresaron críticas contra el Gobierno.
Si bien el informe señala que en general hubo una disminución de acusaciones en comparación con los reportes anteriores, la misión enfatiza que la tendencia en cuanto a violaciones de Derechos Humanos y otros crímenes debe entenderse en relación con las consecuencias de la pandemia de covid-19.
“En 2020, con el inicio de la pandemia de covid-19, se marcó el fin de las protestas masivas convocadas por los partidos de oposición, también se redujo la práctica de arrestos masivos de manifestantes seguidos de torturas y detenciones y también el fin de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala desplegadas por fuerzas del Estado en respuesta a iniciativas para desestabilizar al gobierno”, explicó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Con la finalidad de actualizar el reporte se investigaron 43 casos nuevos involucrando las violaciones de Derechos Humanos y crímenes listados en el mandato original, los casos involucran 72 víctimas individuales, de los cuales 47 fueron hombres y 25 mujeres, incluyendo a una mujer transgénero.
Con 28 casos identificados de tortura contra individuos que se oponen al Gobierno, o que han sido percibidos como opositores al gobierno, se documentaron detenciones, tanto en lugares oficiales y clandestinos.
“La violencia sexual y de género sigue utilizándose como forma de tortura y humillación mediante la violación, la amenaza de violación, así como mediante registros invasivos y desnudez forzada contra los detenidos e incluso contra sus familiares y abogados que los visitaron en prisión”.
Con el año electoral en puerta, la misión identificó mayor frecuencia en la práctica de prohibir a los funcionarios del gobierno postularse para cargos públicos y, destacó que tres de los candidatos a las elecciones primarias de la opositora Plataforma Unitaria, Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, tienen prohibido participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024.
CNN ha solicitado comentarios sobre este informe al Ministerio para la Comunicación y la Información y a la Fiscalía General de la República.
En el pasado, el fiscal general de la república Tarek William Saab dijo que en Venezuela se hace “justicia en materia de violación a derechos humanos” y que “no hacía falta, vuelvo y lo repito, que una instancia transnacional, llámese Corte Penal Internacional, o cómo sea, haga lo que ya en Venezuela estamos haciendo”.
De acuerdo con Tarek, en 2022 se imputó a 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares por violaciones a los Derechos Humanos, lo cual destacó como la cifra más alta de los últimos cinco años.
La misión expuso tener motivos razonables para creer que, de las al menos 58 personas detenidas arbitrariamente, la mayoría de las detenciones fueron atribuibles a la Dirección General de Policía Militar Contrainteligencia o Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“Nuestras investigaciones nos han llevado a concluir que las agencias de seguridad involucradas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad continúan existiendo en Venezuela solo bajo otro nombre de agencia, mientras el gobierno condecora, promueve y otorga nuevas responsabilidades de mando a quienes deberían ser procesados y sancionados”, concluyó Francisco Cox, miembro de la Misión.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se estableció el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.
Osmary Hernández colaboró en esta información.