(CNN Español) – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional que solicitó el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) para que el gobierno garantice la movilidad de las personas durante las protestas convocadas contra las acciones del Ministerio Público para ilegalizar el Movimiento Semilla, partido de Bernardo Arévalo, presidente electo del país.
Aunque el recurso fue interpuesto a raíz de las protestas y los bloqueos de carreteras del 19 de septiembre, el fallo también tiene efectos para las protestas que se llevan a cabo desde el lunes en carreteras y frente a la sede del Ministerio Público.
La resolución ordena además al gobierno de Guatemala a garantizar el derecho a reunión pacífica y manifestación, al tiempo de hacer valer los derechos de vida, salud, seguridad, libertad de movilidad, entre otros que tienen los ciudadanos, de tal forma que no resulten afectados por el derecho de otros a manifestarse.
El fallo también faculta al gobierno a dispersar la protesta cuando esta cause gran perturbación, como el bloqueo prolongado del tráfico. El uso de la fuerza, según la Corte de Constitucionalidad, debe ser el último recurso y en casos excepcionales, cuando la concentración deje de ser pacífica o haya indicios claros de amenaza inminente de violencia grave.
CNN solicitó un comentario sobre este fallo al gobierno de Guatemala, pero aún no recibe respuesta.
El gobierno de Guatemala advirtió este miércoles a los manifestantes que si muere alguien por falta de acceso a la salud por quedar varado en los bloqueos se deducirán las responsabilidades penales correspondientes.
Reacciones
El Cacif reiteró este jueves en un comunicado difundido en la red social X, antes Twitter, la defensa del derecho a manifestarse, pero instó a hacerlo sin bloqueos en la vía pública que afecten el acceso de servicios médicos, educativos y comercio.
Las autoridades comunitarias de 48 Cantones de Totonicapán aún no se han pronunciado tras este fallo de la Corte. CNN está intentando obtener su reacción.
Los pueblos indígenas mantienen bloqueado el paso por varias carreteras en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, entre otros funcionarios.
Las manifestaciones son en rechazo a las acciones más recientes del Ministerio Público, que el sábado sacó del Tribunal Supremo Electoral, entre empujones, las cajas con las actas de la primera vuelta de la elección presidencial, celebrada el pasado 25 de junio.
Los manifestantes, mientras tanto, dijeron que el viernes y sábado extenderán permisos para que las personas puedan movilizarse y abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad. Los transportistas también podrán realizar entregas de productos para abastecer los mercados.
Por su parte, el Ministerio Público sostuvo este miércoles una reunión con representantes de 48 Cantones y otras autoridades indígenas para escuchar sus demandas. Según un comunicado de la institución, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, les explicó la legalidad de las actuaciones y las razones que los han llevado a realizar varios allanamientos en las sedes del Tribunal Supremo Electoral, a fin de investigar posibles irregularidades en el proceso.