(CNN Español) – Por cerca de cinco años, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha enfrentado un proceso ante la justicia por supuesto fraude procesal y manipulación de testigos. Por los ‘ires y venires’ de este caso, es considerado ya en Colombia por muchos como el expediente judicial más controversial y llamativo de la década. Este viernes, la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó que Uribe deberá enfrentar un juicio.
Antes de conocerse la determinación del tribunal, Uribe manifestó una “enorme preocupación” por la decisión que se adelantaba.
“Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la Corte la examinara en ejercicio de su competencia. Lo que dijeron era que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla. ¡Por favor!”, dijo desde Cartagena horas antes del anuncio.
El expresidente se mostró contrariado y afectado por el llamamiento a juicio, al asegurar que es inocente y que está dispuesto a responder ante la Justicia por los delitos que se le imputan. “Pero, a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido”, puntualizó Uribe.
Las claves del caso
El caso de Uribe Vélez se originó en la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia que él mismo interpuso contra el senador Iván Cepeda por, supuestamente, manipular testimonios de paramilitares que vinculaban a Uribe con la creación de grupos de autodefensas, específicamente del denominado Bloque Metro que operaba en Medellín y Antioquia.
En febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no había lugar para investigar al congresista Cepeda pero, en cambio, empezó a investigar a Uribe por esa misma conducta. Con base en múltiples interceptaciones de llamadas telefónicas y declaraciones de testigos que denunciaron presiones del abogado Diego Cadena, defensor en ese momento de Uribe, el alto tribunal le abrió investigación formal al expresidente.
En otro sonado episodio de este caso, en agosto del 2020 la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe y tras esta decisión, el expresidente renunció a su silla en el Senado y a su fuero de congresista, con el argumento de que no tenía garantías para ser juzgado por la alta Corte.
Su caso pasó entonces a manos de la Fiscalía General de la Nación y en noviembre del mismo año, una jueza ordenó la libertad de Uribe.
Entre los meses de julio y agosto de 2022, ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, el fiscal encargado del caso, Gabriel Ramón Jaimes, presentó formalmente la sustentación y argumentos según los cuales consideró que el exmandatario no habría incurrido en ningún delito y que no había pruebas suficientes para juzgarlo y en consecuencia, solicitó la preclusión o archivo del expediente.
Sin embargo, en mayo de 2023, la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, en una audiencia que se prolongó durante casi 12 horas, decidió no avalar dicha petición de la Fiscalía de archivar el caso, y por el contrario mantenerlo abierto. Durante la audiencia, la jueza Ortiz, criticó el trabajo del ente acusador al que consideró insuficiente para demostrar su hipótesis, y por consiguiente Uribe Vélez continúa imputado y ad portas de enfrentar un juicio.
¿Qué viene ahora?
La Fiscalía General deberá ahora decidir si continúa solicitando más pruebas en el proceso antes de iniciar el juicio o si, por el contrario, procede en poco tiempo a formular la acusación formal contra el expresidente, después de haber solicitado en dos ocasiones anteriores la preclusión o cierre del proceso.