(CNN Español) –– Después de un largo proceso judicial, la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó este viernes que Álvaro Uribe, presidente de Colombia de 2002 a 2010, deberá enfrentar un juicio por supuestamente manipular testigos a su favor en un caso que se originó en 2014.
Antes de conocerse la determinación del tribunal, en una audiencia virtual transmitida en internet, Uribe manifestó una “enorme preocupación” por la decisión que se adelantaba.
“Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la Corte la examinara en ejercicio de su competencia. Lo que dijeron era que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla. ¡Por favor!”, dijo desde Cartagena horas antes del anuncio.
El expresidente se mostró contrariado y afectado por el llamamiento a juicio, al asegurar que es inocente y que está dispuesto a responder ante la Justicia por los delitos que se le imputan.
“Pero, a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido”, puntualizó Uribe.
Hace nueve años, cuando Uribe era senador de la República, el congresista Iván Cepeda denunció en un debate en el Legislativo que el expresidente tendría presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha. De inmediato, Uribe procedió a denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que sus afirmaciones estaban basadas en presuntos testigos que, desde las cárceles, habrían recibido beneficios a cambio de testimonios en su contra.
En febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no había lugar para investigar al congresista Cepeda, pero, en cambio, empezó a investigar a Uribe por esa misma conducta. Con base en múltiples interceptaciones de llamadas telefónicas y declaraciones de testigos que denunciaron presiones del abogado Diego Cadena, defensor en ese momento de Uribe, el alto tribunal le abrió investigación formal al expresidente.
En agosto de 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe y, tras esta decisión, el expresidente renunció a su escaño en el Senado y a su fuero de congresista, con el argumento de que no tenía garantías para ser juzgado por la alta Corte. Su caso pasó entonces a manos de la Fiscalía General de la Nación, y una jueza ordenó en noviembre del mismo año la libertad de Uribe.
Entre julio y agosto de 2022, ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, el fiscal encargado del caso, Gabriel Ramón Jaimes, presentó formalmente la sustentación y argumentos según los cuales consideró que el exmandatario no habría incurrido en ningún delito y que no había pruebas suficientes para juzgarlo y, en consecuencia, solicitó la preclusión o archivo del expediente.
Sin embargo, a finales de junio de este año, la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, decidió no avalar la petición de la Fiscalía de archivar el caso, y por el contrario mantenerlo abierto. Durante la audiencia, la jueza Ortiz criticó el trabajo del ente acusador, al que consideró insuficiente para demostrar su hipótesis, y por consiguiente Uribe Vélez continuó imputado. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de decidir que el exmandatario debe ir a juicio.
Las elecciones regionales y locales que se avecinan
La decisión judicial de llamar a juicio al expresidente ocurre 23 días antes de las elecciones regionales y locales en Colombia para elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales en todo el país, por lo que varios analistas coinciden que esto podría tener efectos en el panorama político, teniendo en cuenta que Uribe es el líder del partido de derecha Centro Democrático, el principal grupo de oposición al gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía General deberá ahora decidir si continúa solicitando más pruebas en el proceso antes de iniciar el juicio o si, por el contrario, procede en poco tiempo a formular la acusación formal contra el expresidente, después de haber solicitado en dos ocasiones anteriores la preclusión o cierre del proceso.