(CNN) – El Departamento de Educación informó este miércoles que aprobó la cancelación de casi US$ 5.000 millones en deudas de préstamos estudiantiles federales, lo que incrementa a US$ 132.000 millones el monto total de alivio que proporcionó el Gobierno de Biden para más de 3,6 millones de prestatarios.
Aunque la Corte Suprema anuló el emblemático programa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden, que prometía hasta US$ 20.000 en alivio de la deuda para prestatarios de ingresos bajos y medios, el Gobierno ha buscado otras formas de proporcionar la ayuda.
“Seguimos buscando un camino alternativo para brindar alivio de la deuda estudiantil a la mayor cantidad posible de prestatarios lo más rápido posible”, dijo Biden en un comunicado este miércoles.
Las cancelaciones de la deuda se han realizado a través de programas federales de condonación de préstamos estudiantiles existentes, que se limitan a categorías específicas de prestatarios, como trabajadores del sector público, personas defraudadas por universidades con fines de lucro y prestatarios que han pagado durante al menos 20 años.
Según el anuncio de este miércoles, aquellos prestatarios que son elegibles para recibir el alivio califican de una de dos maneras: ya sea bajo el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, que elimina la deuda restante de préstamos estudiantiles después de que los trabajadores del sector público calificados realicen pagos mensuales por 10 años; o porque han realizado al menos 20 años de aportes calificados en un programa de pago basado en los ingresos, pero anteriormente no obtuvieron crédito por todos los pagos de sus préstamos estudiantiles.
A la mayoría de estos prestatarios se les notificó en noviembre que la deuda pendiente de sus préstamos federales para estudiantes se cancelaría, y que pueden esperar ver los cambios en sus cuentas en las próximas semanas.
El Gobierno de Biden ha otorgado condonaciones de préstamos estudiantiles a través de estos programas existentes de forma continua desde que asumió el cargo. Hasta la fecha, ha concedido más alivios de préstamos estudiantiles que cualquier otra administración, en parte debido a los esfuerzos por ampliar temporalmente algunos programas y corregir errores administrativos cometidos en el pasado en las cuentas de préstamos estudiantiles de los prestatarios.
“Las últimas medidas son el resultado de los incansables esfuerzos de esta administración para arreglar el fallido sistema de préstamos estudiantiles de nuestro país y lograr que el alivio de la deuda ganado con tanto esfuerzo llegue a manos de los prestatarios elegibles”, dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona, en una llamada con periodistas.
Revisar pagos pasados y corregir errores
Muchos prestatarios perciben un alivio de su deuda gracias a un recuento único de sus pagos anteriores, un esfuerzo realizado por el Gobierno de Biden para corregir lo que los funcionarios llaman “fallos administrativos pasados”.
Los prestatarios inscritos en planes de pago basados en los ingresos, que están disponibles de alguna forma desde 1993, generalmente son elegibles para la condonación de la deuda después de realizar pagos calificados durante al menos 20 años. Los planes reducen los pagos mensuales al vincularlos a los ingresos del prestatario y al tamaño de la familia.
Sin embargo, históricamente el Departamento de Educación ha tenido problemas para rastrear los pagos de los prestatarios.
El año pasado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. recomendó que el departamento hiciera más para garantizar que los prestatarios reciban la condonación a la que tienen derecho, después de descubrir que había miles de préstamos aún en pago que ya podrían ser elegibles para la condonación.
El esfuerzo único para ajustar las cuentas lo anunció por primera vez el Gobierno de Biden en abril de 2022, y las cancelaciones no comenzaron hasta este año. Se espera que el departamento informe sobre grupos adicionales de prestatarios elegibles para el alivio de la deuda estudiantil cada dos meses hasta la primavera del próximo año.
Algunos legisladores republicanos y grupos conservadores argumentan que la administración no tiene el poder de contar los pagos. El Departamento de Educación enfrenta al menos una demanda por los ajustes de cuentas, presentada por la New Civil Liberties Alliance en nombre de los grupos conservadores Cato Institute y el Mackinac Center for Public Policy.
Los pagos se reanudaron en octubre
Los prestatarios tuvieron que reanudar los pagos de sus préstamos federales para estudiantes en octubre por primera vez en más de tres años, después de que terminara la pausa por la pandemia, que congeló las cuentas de los prestatarios.
Además de cancelar parte de la deuda de préstamos estudiantiles, el Gobierno de Biden también ha hecho esfuerzos para reducir las facturas mensuales de los prestatarios a medida que se reanudan los pagos.
Un nuevo plan de pago que se lanzó este verano, llamado Ahorro en una Educación Valiosa (SAVE, por sus siglas en inglés), ofrece los términos más generosos y probablemente ofrecerá el pago mensual más pequeño para los prestatarios de bajos ingresos.
El Departamento de Educación también proporciona un período de acceso de 12 meses hasta septiembre de 2024. Durante este respiro temporal, los prestatarios que tienen dificultades para realizar sus pagos mensuales están protegidos de algunas de las peores consecuencias de realizar un pago, incluidos los informes crediticios negativos. Sin embargo, algunos legisladores demócratas expresaron recientemente su preocupación de que los prestatarios puedan ver errores de implementación durante el período de acceso.
El Gobierno de Biden está haciendo otro intento de crear un programa único de condonación de préstamos estudiantiles. Esta vez, la administración se basa en una ley diferente a la que utilizó para el programa anulado por la Corte Suprema y está llevando a cabo un proceso formal de elaboración de reglas, conocido como “reglamentación negociada”. El proceso lleva meses y no se espera que se publique una regla propuesta hasta el próximo año. El proceso podría enfrentar desafíos legales.