(CNN Español) –– El expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, salió este miércoles de prisión, luego de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su libertad inmediata un día antes. Fujimori, preso desde 2007, fue condenado por varios delitos, entre ellos los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta cometidos durante su Gobierno, lo que le significó una pena de 25 años de cárcel.
Fujimori dejó la cárcel alrededor de las 6:30 p.m. (hora local). Abordó un automóvil gris, en medio de decenas de policías, periodistas y otros ciudadanos. Posteriormente, llegó a la casa de su hija Keiko Fujimori, quien junto a su hermano Kenji dio declaraciones a los medios fuera de su residencia.
“Hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa”, empezó Keiko Fujimori. “Como es de público conocimiento su salud es frágil. Y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo, es hacer que poco a poco se recupere”, añadió. Además, agradeció “a todas las autoridades que hoy permiten que nuestro padre esté en casa”.
La organización Human Rights Watch emitió este miércoles una declaración en la que asegura que “conceder un indulto humanitario a Fujimori podría ser compatible con estándares internacionales de derechos humanos siempre que no recibiera un trato especial y su liberación fuera el resultado de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que estableciera la gravedad de su estado de salud”; sin embargo, “el indulto humanitario de Kuczynski no cumplió con esos criterios”, por lo que considera que la liberación del expresidente “viola el derecho internacional”.
La salida de prisión de Fujimori ocurre debido a que la sentencia del tribunal constitucional ratifica a un fallo anterior de la misma corte, emitido en marzo de 2022, en el que se restituían los efectos del indulto humanitario otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que la Justicia peruana dejó sin efecto un año después, tras lo cual Fujimori regresó a prisión.
El martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Perú no liberar a Fujimori, con el argumento de que esto afectaría el derecho a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Una figura divisiva
Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. El mandatario renunció a la presidencia vía fax en el año 2000 luego de hacerse públicos los escándalos de corrupción a través de los conocidos ‘vladivideos’, una colección de videos caseros elaborados por su asesor Vladimiro Montesinos, que hicieron caer a Fujimori tras una década en el poder.
A su mano fuerte se le atribuye la derrota de los terroristas de Sendero Luminoso que desestabilizaron al país, y sus austeras políticas económicas que frenaron la hiperinflación.
Sin embargo, el expresidente también tiene una mancha de autoritarismo y usó a las fuerzas de seguridad para reprimir a sus oponentes.
Esto incluye “su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros”, según relató Human Rights Watch en julio pasado.
Esto quedó evidenciado en un informe de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori, publicado en el año 2002. En ese documento, el Congreso de Perú concluyó que hubo “indicios razonables” para establecer que durante su mandato el presidente “tuvo conocimiento, ordeno, dispuso y/o consintió las actividades delictivas del denominado ‘Grupo Colina’”, cuyos integrantes fueron autores de los hechos mencionados.
Otros casos
En diferentes juicios, Fujimori fue declarado culpable de irrumpir en la casa de un exespía para robar videos incriminatorios, tomar dinero del Tesoro del Gobierno para pagar al jefe de espionaje y autorizar escuchas telefónicas ilegales y sobornar a congresistas y periodistas.
En 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado por los llamados ‘diarios Chicha’. La justicia peruana lo acusó por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de las publicaciones en favor de la reelección.
El informe del Congreso de 2002 ya había dicho que durante el Gobierno de Fujimori “sí hubo una política pagada con fondos del Estado” para usar a los medios de comunicación como instrumento político para demoler moralmente a los opositores.
En 2017, Fujimori se salvó de un nuevo juicio por la esterilización a miles de mujeres durante su Gobierno.
Grupos defensores de derechos humanos alegan que la esterilización se le practicó forzosamente a más de 2.000 mujeres durante el Gobierno de Fujimori, en un intento de reducir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad.
Sin embargo, el fiscal Marco Guzmán concluyó en 2014 que el Gobierno de Fujimori no cometió crímenes contra la humanidad durante esa campaña de natalidad a la que se sometieron voluntariamente 300.000 mujeres.