(CNN Español) – La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció este jueves un protocolo para protestas con cortes de calles y bloqueos que impiden la circulación en la vía pública ―denominados comúnmente en el país como piquetes—. Se trata de sus primeros anuncios de gestión, abordando uno de los puntos más debatidos en los últimos meses, y en línea con las promesas de campaña y con la plataforma electoral del gobierno del presidente Javier Milei.
La funcionaria dijo que el protocolo busca “garantizar el orden público” frente a este tipo de protestas habituales en el país que, según dijo en conferencia de prensa, “sufren empresas e impiden a los argentinos vivir en paz”.
Bullrich explicó que las cuatro fuerzas federales ―Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)― podrán intervenir, de acuerdo con los códigos procesales vigentes, en caso de delito. Pidió a las fuerzas provinciales que apoyen los operativos en las zonas de su competencia.
“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, dijo, al adelantar que se presentará un proyecto de ley para reforzar esta política, sin precisar por ahora detalles.
“Vivimos muchos años bajo un desorden total y absoluto”, añadió.
Entre las disposiciones anunciadas, Bullrich afirmó que no se tomarán en cuenta vías alternativas de circulación, por lo que cualquier calle cortada será disipada, independientemente de que se pueda o no circular en vías aledañas. Según el anuncio, en los operativos se aplicará “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, de acuerdo con la resistencia que impongan quienes participen de la protesta, corte o bloqueo.
“Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito, también se van a identificar a los vehículos y sus conductores”, advirtió. En este sentido, Bullrich dijo que se registrarán todas las infracciones existentes, “administrativas o penales” y se procederá en consecuencia.
Además, se vigilarán estaciones de transporte público para identificar a quienes que vayan con palos o caras tapadas.
“Los datos de los autores, cómplices partícipes, instigadores y organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes (…) También se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede de manera permanente en la quema de cubiertas, que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor”, explicó la ministra.
Por otro lado, si hubiera menores de edad involucrados, se dará aviso a las autoridades responsables de la protección de los mismos y se verificará que no estén faltando a la escuela. En este caso, los adultos a cargo serán sancionados.
Además, los gastos de los operativos serán remitidos a las organizaciones o individuos responsables.
En caso de participación de extranjeros con residencia provisoria, se dará aviso a la Dirección Nacional de Migraciones.
Bullrich aseguró que se realizará un registro de las organizaciones, individuos y voceros que sistemáticamente convoquen a estas marchas.
La funcionaria dijo que podría haber excepciones por manifestaciones religiosas o deportivas que cuenten con permiso. También que se permitirán las manifestaciones en las veredas, sin cortar la circulación de las calles.
Agregó que quedará bajo la órbita de su Ministerio el Servicio Penitenciario Federal, entidad que anteriormente se encontraba en Justicia.