(CNN Español) – La reforma constitucional en Chile tiene revancha. Este 17 de diciembre, los chilenos irán por segunda vez a las urnas para definir si están a favor o en contra del texto propuesto por el Consejo Constitucional, en un nuevo intento por reemplazar la Constitución actual, que data de 1980, en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.
A diferencia de lo ocurrido con el primer proyecto constitucional rechazado por la ciudadanía en septiembre de 2022, el nuevo proyecto fue elaborado por un Consejo Constitucional inclinado hacia la derecha. Sin embargo, de acuerdo con varias encuestas, tampoco parece contar con el visto bueno de una mayoría.
Antecedentes
La idea de una nueva constitución chilena fue uno de los legados del “estallido social” de finales de 2019. Entonces, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó un referéndum para octubre de 2020, en el que los chilenos decidieron —triunfó el “Sí” con un apoyo del 78%— la conformación de una Convención Constitucional para cambiar la actual Constitución Política de Chile.
En junio de 2021, los chilenos volvieron a votar para elegir a los integrantes de una asamblea constituyente que, por entonces, tuvo una mayoría de izquierda. El texto propuesto, que entonces contó con el apoyo del presidente izquierdista Gabriel Boric, incluía 388 artículos que habrían ampliado derechos sociales, aumentado la regulación ambiental y otorgado al Gobierno una mayor responsabilidad en los programas de bienestar social. También habría brindado plena paridad de género y agregado puestos designados para representantes indígenas.
Sin embargo, con casi el 62% de los votos, la propuesta fue rechazada. Casi inmediatamente después del plebiscito, Boric se comprometió a comenzar un nuevo proceso para seguir con una nueva Constitución, que esta vez contó con el apoyo de los partidos políticos y del Congreso.
¿Qué propone el nuevo texto? ¿Cuáles son los puntos polémicos?
Aborto e igualdad de género
La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los puntos más conflictivos de la nueva propuesta, que introduce un matiz con respecto de la Constitución vigente. El texto afirma que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, reemplazando por la palabra “quien” el “que” de la formulación original. Además, el texto nombra como “niño” a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad” y habilita la “objeción de conciencia”, un mecanismo que podría dificultar el acceso a la práctica.
Según Patricio Fernández, periodista, escritor y académico de la Universidad Diego Portales —además de exconstituyente— el texto que se vota este domingo contiene “gestos y detalles” que le abren la puerta a la discusión y eventual derogación de la ley que permite el aborto en tres causales (cuando peligra la vida de la madre, por inviabilidad del feto y en caso de violación). “No es explícito ni literal, pero hay un espacio para la discusión que representa un retroceso”, indicó.
Además, el nuevo texto incluye lo que suele llamarse la paridad de entrada; es decir, la garantía a la presentación de igual cantidad de candidaturas de mujeres como de hombres. Sin embargo, no asegura la paridad de salida, que garantiza que también los puestos resultantes estén repartidos de manera equilibrada.
En un video en el que se pronunció ruidosamente “en contra” del nuevo texto, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirma: “Esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Debemos ir más allá, ampliando esos derechos, no limitándolos”.
Migración
La propuesta de Constitución habilita la expulsión de los inmigrantes ilegales, cuando afirma que: “La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos”.
Para Kenneth Bunker, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, la inmigración irregular e ilegal registrada en el norte del país y el —según él— consecuente aumento de la delincuencia es otro de los puntos polémicos, “aunque populares”. “En tanto se ha vuelto un problema, muchos chilenos votarán a favor de esta propuesta debido a esta cláusula que plantea la expulsión de los migrantes irregulares”.
Vivienda
Sobre el acceso a la vivienda, el nuevo texto afirma la promoción de “acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con referencia de acceso a la vivienda propia”, aunque introduce una novedad: por primera vez, se elimina el pago de impuestos y contribuciones sobre la vivienda. “El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.
Francisco Vidal, exministro de Defensa Nacional (2009-2010), asegura que apenas un 23% de los chilenos de mayores ingresos están alcanzados actualmente por este impuesto. “Chile es un país muy segregado territorialmente por lo que las comunas se financian de forma solidaria. Quitar el impuesto a la vivienda significa desfinanciar al resto de las comunas”, explicó a CNN.
El ministro de Hacienda actual, Mario Marcel, afirmó en septiembre de este año que “el 50% de la recaudación de impuesto patrimonial viene de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, son todas del barrio alto de Santiago”, para argumentar que se trata de un impuesto progresivo.
Pueblos originarios
El texto propuesto para la nueva Constitución reconoce a los pueblos indígenas, y afirma que “respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos”. También consagra la “interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país”.
Sin embargo, aclara que los reconoce “como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”, en referencia al conflicto mapuche en el sur del país y a las demandas de carácter nacional de esa comunidad. Además, a lo largo del texto hay una serie de menciones al terrorismo, al que declara “en cualquiera de sus formas (…) contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación”, además de reconocer “especialmente a las víctimas de terrorismo”.
Salud, educación y pensiones
Tanto en materia de salud, como de educación y pensiones, el nuevo texto no introduce mayores cambios al respecto de la Constitución vigente y sostiene un esquema mixto. Sus críticos afirman que así se “institucionaliza” un sistema de fuerte fragmentación social.
En el caso del sistema de salud, el mismo se divide en un sistema público —que abarca al 83% de la población— con grandes deficiencias y listas de espera de hasta dos millones de personas; y el sistema privado, de gran nivel pero en el que se atiende apenas un 17% de la población.
En el caso de la Educación, el esquema se repite, con apenas un 9% de la población accediendo al sistema privado, y un 91% relegado a un sistema público con muchos problemas. En relación con las pensiones y jubilaciones, se refuerza el sistema actual y queda descartada la posibilidad de un sistema de reparto.
¿Qué implican los cambios propuestos?
Después del rechazo en 2022 de la Constitución progresista, son muchas las interrogantes que se abren con respecto de la realidad que podría dejar planteada el nuevo texto, cuyo borrador fue impulsado por la extrema derecha, representada en el excandidato presidencial José Antonio Kast. Para algunos, sin embargo, no se introducen cambios tan significativos al respecto de la Constitución vigente.
Es el caso de Bunker, “si se compara con la primera propuesta que los chilenos rechazaron, esta es mucho más moderada. En el fondo, mantiene mucho de lo que funciona y agrega algunas cosas que le daría más estabilidad al país y que lo harían más robusto institucionalmente. Fue escrita por la derecha, y es imposible desvincular a quién escribe de la obra misma, pero también está escrita a partir del consenso de varias partes, y dentro de un marco político y legal de acuerdos. Entonces, tanto la Constitución actual como la propuesta son bastantes moderadas con respecto a la que pudo haber sido, y de esa forma la estructura del país no debería cambiar tanto”.
Patricio Fernández coincide con que los cambios no son tan radicales, pero desde la perspectiva contraria. Para él, en caso de triunfar la opción “a favor” se establece una institucionalidad reaccionaria ratificada de manera democrática. “Lo que a mi más me frustra es que una Constitución debería abordar los temas del futuro como el cambio climático, los derechos de las mujeres, las diversidades culturales y los pueblos originarios, entre otros. Sin embargo, lejos de avanzar, son tratados con una óptica temerosa, cuando no, retardataria. Lo que creíamos que sería un paso adelante significativo, queda muy mermado frente a un fortalecimiento de la estructura neoliberal”.
El exministro Francisco Vidal sí cree que el proyecto introduciría cambios significativos: “En caso de aprobarse este texto, se afirmaría con mayor radicalidad la Constitución de Pinochet del 80, por la vía de profundizar el modelo neoliberal. Es una oportunidad de la derecha para democráticamente legitimar ese camino”.
Para él, y en esto coincide Bunker, es poco lo que queda de la Constitución de 1980, “hiperreformada”: “Solo queda una orientación neoliberal que se expresa en materia de salud y educación”.
“En el fondo, lo que está en debate hoy en día es la Constitución vigente, que la izquierda dice que es de Pinochet, y la derecha dice que es de (Ricardo) Lagos. Es una Constitución que ha sido modificada mucho en democracia, y que en este punto ya es muy socialdemócrata, al menos en general. Hay algunos aspectos que no lo son; por ejemplo, los que protegen al sector privado, pero en general es una Constitución bastante moderna”, opina Bunker.
¿Qué puede pasar después del domingo en Chile?
Aunque las encuestas parecerían indicar un escenario favorable al rechazo de la propuesta constitucional, los especialistas consultados por CNN coinciden con que se trata de un escenario abierto.
“Está en juego la posibilidad de cerrar un ciclo político, cultural, social y económico de mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Han pasado cuatro años desde el estallido social en que el país ha estado tambaleando. Un país que normalmente estaba bastante alineado políticamente, económicamente y que desde entonces solo ha encontrado problemas, crisis económica, crisis de seguridad, aumento de la inflación. Entonces esta oportunidad permite al menos pensar en la posibilidad de volver a la senda en la que el país estaba antes del estallido social de 2019”, explica Bunker, de la Universidad San Sebastián.
Vidal afirma que “la historia enseña que hay que esperar al último voto”. “Si gana el ‘en contra’ —aventura— se cierra el proceso constitucional, al menos en lo que dure el Gobierno de Boric. En cambio, si gana el ‘a favor’ se vendrá el segundo tiempo del partido, y el Gobierno de Boric deberá legislar 36 leyes derivadas de este cambio constitucional”.
Fernández habla de las consecuencias de una victoria del ‘a favor’: “Sería muy grave su aprobación, más allá de los contenidos puntuales. Porque es una propuesta que deja fuera de todo a un sector político-cultural chileno. Lejos de ser el núcleo de un acuerdo, es la institucionalización de un desacuerdo. Además, para la izquierda y la centroziquierda sería una derrota aplastante, mucho mayor que la elección de un presidente de signo contrario”.
Con información de Germán Padigner y Melissa Velásquez Loaiza de CNNE