(CNN Español) – Este miércoles se llevó a cabo la primera manifestación contra el Gobierno de Javier Milei, en rechazo a las medidas económicas y en el marco del aniversario de las jornadas de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminaron con el Gobierno de Fernando de la Rúa.
La protesta se desarrolló en el marco del debut del protocolo antibloqueo de calles —localmente llamado “antipiquetes”— y fue protagonizada por organizaciones sociales, sindicales y de izquierda. La manifestación se llevó en medio de un fuerte y amplio operativo de seguridad.
En las horas previas, el;ministerio de Seguridad había advertido que los manifestantes no podrían interrumpir el tránsito vehicular. Además, el comunicado puntualizaba que no se podría participar con el rostro cubierto, ni se permitiría el uso de palos o elementos contundentes y que los manifestantes tampoco podrían participar de la protesta con niños. “Eso vulnera sus derechos”, puntualizaba el comunicado del Ministerio.
Tras algunos empujones y la detención de dos personas al comienzo de la manifestación por presunta “agresión al personal policial”, la protesta se desarrolló por las calles hasta llegar a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
Desde las 4:00 pm, hora local, la manifestación se desarrolló en un clima de tensión debido a las advertencias previas, no solo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sino también de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El mensaje, inequívoco y dirigido a las personas que son beneficiarias de algún programa de contención social, era el mismo: “El que corta, no cobra”, en relación a los bloqueos de calles. Durante la jornada del miércoles la frase apareció en carteles, fue repetida por altoparlantes en transportes públicos y figuró en las aplicaciones gubernamentales. Además, agregaba: “Si te están obligando, puedes denunciar anónimamente al 134”.
Tras la desconcentración de la protesta, en torno a las 6:00 pm, hora local, los organizadores y referentes sociales afirmaron que “el protocolo no se cumplió” ya que la manifestación se había logrado llevar a cabo.
“Reclamo la renuncia de Patricia Bullrich porque ha cometido, en el lapso de 48 horas, delitos gravísimos como usurpar competencias del Poder Judicial, atropellar derechos consagrados en la Constitución Nacional, realizar espionaje y hoy invadir con fuerzas federales de una ciudad que no tiene aprobado el protocolo nacional”, dijo Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, uno de los convocantes.
Sin embargo, horas después, durante una conferencia de presa, la ministra de Seguridad indicó que la jornada había marcado “el inicio de una nueva etapa”.
Bullrich se mostró conforme con la aplicación del protocolo antibloqueos, y señaló que “hubo libre circulación en todo el país”. “Hoy no se cortó la 9 de julio, ni en Puente Pueyrredón, ni accesos, ni rutas. La gente pudo circular sin ningún tipo de problemas”, expresó.
“Acá se terminó el ‘vale todo’. Es el inicio de una nueva etapa”, insistió.
¿Es ilegal cortar una calle como forma de protesta?
Según el protocolo “antipiquetes” anunciado el pasado jueves por la ministra Bullrich, los cortes de calles o rutas como forma de protesta serán penalizados.
Esas sanciones, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, se enmarcan en el artículo 194 del Código Penal nacional que establece una pena de entre tres meses y dos años a quien, incluso “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”.
Distintos especialistas en derecho constitucional coinciden en que la nueva normativa choca con derechos garantizados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, el abogado constitucionalista y docente de la Universidad Torcuato Di Tella, Roberto Gargarella, dijo a medios locales que “la protesta se interpreta como una forma de libertad de expresión”, aspecto garantizado por la Constitución Nacional, y que, según el derecho internacional, “la expresión política de parte de grupos que tienen, por razones ajenas a su responsabilidad, dificultades especiales con lo público tiene una super recontra protección”.
“No se puede considerar el derecho de reunión o manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo”, afirma un texto publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la misma línea, la abogada Natalia Volosin publicó en sus redes sociales una reacción después del mensaje grabado de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello: “Esto es inconstitucional. Es un hecho de censura indirecta, viola la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de peticionar a las autoridades, los derechos sociales y económicos involucrados y el principio pro persona”.
¿Cómo se implementarán las sanciones?
Tanto la ministra de Seguridad como la de Capital Humano advirtieron que los ciudadanos pueden ir a la marcha. “Lo que no pueden hacer es tocar la calle” fueron las palabras textuales de Bullrich en una entrevista con el canal TN. En ese caso, los beneficiarios de ayudas sociales del Estado perderían la prestación.
Pero ¿cómo se aplica este protocolo? ¿Cómo se corta el pago de quien participa de una manifestación?
“Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito”, explicó Bullrich.
CNN se contactó con el Ministerio de Seguridad a cargo del operativo para pedir más detalles, y la respuesta fue que “todas las fuerzas federales se encuentran en cada punto neurálgico del país, cuidando a los argentinos”.
Además, CNN pudo comprobar que en las inmediaciones de Plaza de Mayo había gendarmes tomando fotos e imágenes de video de la manifestación. También se observaron al menos dos drones sobrevolando la zona, aunque no se pudo corroborar quién manipulaba los artefactos.
Línea 134 para denuncias
El Gobierno habilitó una línea telefónica para denuncias por presuntas presiones que pudieran recibir beneficiarios de planes sociales por parte de organizaciones intermediarias.
“Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 134 si le cortan el plan por no asistir a una marcha”, dijo Sandra Pettovello. Durante la conferencia de prensa de Bullrich en la tarde de este miércoles, la ministra aseguró que se habían recibido más de diez mil llamados, aunque no estaba claro cuántos de esos eran denuncias.