(CNN) –– La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, afirmó que está en curso un plan para asesinarla.
La funcionaria señaló ––durante la audiencia de vinculación contra ocho personas dentro del caso Metástasis por delincuencia organizada asociada al narcotráfico y corrupción en diferentes instituciones del país–– que la estructura criminal responsable del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio también buscaría acabar con su vida y miembros de su familia.
Villavicencio ―quien se desempeñaba como periodista antes de incursionar en la política― fue asesinado el pasado 9 de agosto con varios disparos al salir de un mitin político en Quito. Semanas después del crimen, siete detenidos procesados por la muerte de Villavicencio fueron asesinados en dos cárceles de Ecuador, según informó el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI)
De acuerdo con la fiscal, el mismo grupo criminal ha sido contratado para atentar contra su integridad y un miembro de la banda de Los Lobos, que opera en Quito, estaría detrás de este plan.
“Ahora sí, vengan a asesinarme”, expresó Salazar durante la audiencia de este miércoles que se desarrolló de forma telemática. Salazar indicó que la justicia no se pondrá de rodillas ante el crimen ni será derrotada por quienes buscan impunidad callando su voz y deslegitimando su trabajo.
La fiscal aseguró que ha recibido alertas de seguridad de que se están adquiriendo municiones y efectuando pagos para acabar con su vida. No especificó el origen de estas alertas aunque en los últimos días el edificio donde funciona la Fiscalía General en Quito permanece cercado con vallas metálicas y fuertemente custodiado por la Policía, un carro antimotines y equipos especiales de la fuerza pública.
La Fiscalía indicó a CNN que en las próximas horas emitirá un comunicado con más información sobre este señalamiento de amenaza contra la vida de Salazar.
Más imputados en el caso Metástasis
A casi tres semanas del megaoperativo Metástasis, en el que fueron detenidas 31 personas, la Fiscalía General informó este miércoles que otras ocho personas―que huyeron durante el operativo de diciembre y no comparecieron en la audiencia de formulación de cargos― han sido vinculadas a la etapa de instrucción fiscal por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. En total, la lista de procesados por este caso pasó de 31 a 39, de acuerdo con la institución.
Tras la muerte en 2022 de Leandro Norero, líder de un grupo vinculado al narcotráfico, surgieron indicios de una estructura criminal que ha afectado a las instituciones del Estado, según la Fiscalía.
La fiscal expresó durante la audiencia de formulación de cargos, a mediados de diciembre, que durante un año de investigaciones se logró recopilar más de 14.000 páginas de chats entre supuestos miembros de la estructura delictiva que operaban para favorecer a Norero.
Entre los procesados están personas vinculadas al sistema de justicia, a la Policía Nacional, al servicio penitenciario, funcionarios de tribunales provinciales, abogados en libre ejercicio y cabecillas de la estructura delictiva.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros 15 detenidos el 14 de diciembre durante el megaoperativo nacional permanecerán en prisión preventiva mientras dura la instrucción fiscal por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Terán ha negado los señalamientos en su contra y ha insistido en que se le está persiguiendo. Además, el juez encargado dictó prohibición de salida del país y presentación periódica ante la justicia para otros 14 detenidos.