(CNN) – Un tribunal federal de apelaciones dijo este martes que Donald Trump no es inmune a la persecución por presuntos delitos que cometió durante su presidencia, rechazando categóricamente los argumentos de Trump de que no debería tener que ir a juicio por cargos federales de subversión electoral.
En una sorprendente opinión unánime de 57 páginas, el panel de tres jueces del Circuito de Washington escribió que el interés público en que un presidente potencialmente criminal rinda cuentas superaba cualquier potencial “efecto amedrentador” sobre la presidencia.
“No podemos aceptar que la oficina de la Presidencia coloque a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”, dice la opinión.
“El expresidente Trump carecía de autoridad discrecional legal para desafiar la ley penal federal y es responsable ante los tribunales por su conducta”, escribió el panel de jueces.
Trump ha prometido apelar y tiene hasta el lunes para pedir a la Corte Suprema que bloquee temporalmente el fallo.
No se sabe con certeza cuánto tiempo podría tardar la Corte Suprema en considerar esa petición o una apelación, que se produciría al tiempo que el fiscal especial Jack Smith trata de llevar a Trump a juicio. La fecha del juicio, prevista para principios de marzo, ya fue aplazada.
Estos son los puntos clave de la decisión del martes:
Los presidentes no tienen “autoridad ilimitada para cometer delitos”
A lo largo de su dictamen, las juezas Karen LeCraft Henderson, Florence Pan y J. Michelle Childs destriparon repetidamente el supuesto comportamiento de Trump después de las elecciones presidenciales de 2020 como no presidencial y constitutivo de un asalto a las instituciones estadounidenses.
Las posturas de Trump en los tribunales, escribieron las juezas, contrastan con el principio de que todos los estadounidenses, incluidos los expresidentes, están sujetos a las mismas leyes.
Childs y Pan fueron nombradas por el presidente Joe Biden. Henderson fue nombrada por el expresidente George H. W. Bush.
El comportamiento de Trump tras las elecciones de 2020 podría ser delictivo
Los jueces fueron claros en que los cargos contra Trump son graves y no dejaron dudas de que creen que puede ser procesado.
El panel considera que Trump utilizó su puesto de poder para “prolongar ilegalmente su mandato como presidente y desplazar a su sucesor debidamente elegido”, todo lo cual violaría “las leyes penales de aplicación general”.
En un nivel básico, las tres juezas escribieron que la conducta alegada en la acusación penal de Trump “entra en conflicto” con sus deberes constitucionales como presidente y “violó el diseño constitucionalmente establecido para determinar los resultados de la elección presidencial, así como la Ley de Recuento Electoral de 1887, ninguna de las cuales establece un papel para el presidente en el recuento y la certificación de los votos del Colegio Electoral”.
El “interés público vital” de dejar que el juicio siga adelante pesó mucho en el tribunal
A lo largo del fallo de 57 páginas, los jueces se refirieron repetidamente al interés público de dejar que el juicio de Trump siga adelante.
Citaron el interés público en la rendición de cuentas por los posibles delitos cometidos por un expresidente, y cómo eso superó el argumento de Trump de que la inmunidad era necesaria para proteger la institución de la presidencia.
“Concluimos que el interés en la rendición de cuentas penal, sostenido tanto por el público como por el Poder Ejecutivo, supera los riesgos potenciales de enfriar la acción presidencial y permitir litigios vejatorios”, escribieron los jueces en su opinión. “Hemos equilibrado los intereses afirmados del expresidente Trump en la inmunidad ejecutiva contra los intereses públicos vitales que favorecen permitir que este enjuiciamiento proceda”.
Los jueces rechazaron de plano la afirmación de Trump de que su acusación penal tendría un “efecto amedrentador” en futuras administraciones. Trump argumenta que los presidentes podrían ser más reacios a actuar si estuvieran preocupados por la perspectiva de cargos penales.
A continuación, el tribunal citó una sentencia de la Corte Suprema de la época de Nixon sobre los límites de la inmunidad presidencial: “El procesamiento federal de un expresidente encaja en el caso ‘cuando la acción judicial es necesaria para servir a amplios intereses públicos’ con el fin de ‘reivindicar el interés público en un proceso penal en curso’”. Estas conclusiones eran coherentes con el razonamiento proporcionado por la jueza del Tribunal de Distrito Tanya Chutkan, que el año pasado desmontó de forma similar las afirmaciones de inmunidad de Trump.
La absolución del juicio político no exonera a Trump
Los jueces también rechazaron el argumento de Trump de que, como el Senado no lo condenó por el cargo de incitación a la insurrección tras los disturbios del Capitolio en 2021, no puede ser acusado penalmente por el mismo delito.
“Otros tribunales han rechazado esta interpretación ‘torturada’” de la ley, escribieron los jueces, añadiendo que “la confianza del expresidente Trump en una implicación negativa es una señal de alarma inmediata”.
La lectura de Trump de la Constitución, añadieron los jueces, “dejaría a un presidente libre de cometer todo tipo de delitos con impunidad, mientras no sea sometido a juicio político y condenado”.
Durante el juicio político de 2021, varios senadores republicanos que votaron a favor de absolver a Trump, entre ellos el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijeron que lo hacían porque los tribunales y el sistema judicial aún podían exigir responsabilidades a Trump.
En la decisión, los jueces también señalaron que los procedimientos de juicio político son de naturaleza política y las absoluciones en el Congreso “a menudo no están relacionadas con la inocencia de hecho”.
“Los cuarenta y tres senadores que votaron para absolverlo se basaron en una variedad de preocupaciones, muchas de las cuales no tenían nada que ver con si cometió el delito imputado”, escribieron.
El calendario del juicio dependerá de la Corte Suprema
Una parte clave de la estrategia legal de Trump ha sido retrasar sus casos penales hasta después de las elecciones de 2024, y las cuatro semanas entre los argumentos orales en el tribunal de apelaciones y el fallo del martes ya tuvo como primera consecuencia que la fecha del juicio del 4 de marzo del próximo mes quedó descartada.
Tal vez para acelerar las cosas, el tribunal de apelaciones estableció un calendario rápido para que Trump responda a la sentencia del martes, dando a Trump hasta el 12 de febrero para presentar una solicitud de suspensión de emergencia ante la Corte Suprema.
Eso detendría el reloj mientras sus abogados elaboran una apelación más sustantiva sobre el fondo. Si Trump consigue que la Corte Suprema escuche la apelación, el juicio penal no se reanudaría hasta después de que el alto tribunal decida qué hacer con su solicitud de pausa.
La Corte Suprema, sin embargo, puede tomarse el tiempo que quiera en cada paso. Los magistrados determinan cuánto tiempo tendrá el Departamento de Justicia para responder a cualquier petición de Trump, cuánto tiempo tiene Trump para responder y controla cuándo emitiría cualquier fallo.
El equipo de Trump también puede apelar al pleno del Circuito de Washington para que asuma el caso en banc, lo que significa que el caso sería escuchado de nuevo, pero esta vez por el panel completo de jueces del circuito.
Si Trump no apela el fallo, el caso se devolvería al tribunal de primera instancia de Washington la semana que viene, para que se reanuden los procedimientos previos al juicio.
Fallo describe al presidente como un “funcionario”
Un párrafo de la sentencia del martes llama la atención de los expertos jurídicos que también están pendientes del caso de la “prohibición de insurrección” de la 14° Enmienda que se debate en la Corte Suprema el jueves.
Los casos son totalmente distintos: este es un proceso penal contra Trump, y el próximo caso ante la Corte Suprema es un intento civil de inhabilitar a Trump en las votaciones estatales. Además, las conclusiones y explicaciones del tribunal de apelaciones en la sentencia del martes no son vinculantes para la Corte Suprema.
No obstante, el fallo de apelaciones se refiere al presidente como un “funcionario”. Hay una cuestión jurídica abierta que se discutirá el jueves ante la Corte Suprema sobre si la presidencia es un “cargo… bajo los Estados Unidos” y si quien ocupa el cargo es un “funcionario”, como se describe en la prohibición insurreccionalista.
La sentencia de apelación decía: “Sería una sorprendente paradoja que el presidente, el único investido del deber constitucional de ‘velar por el fiel cumplimiento de las Leyes’, fuera el único funcionario capaz de desafiar esas leyes con impunidad”.