(CNN Español) – “Tanto adentro como afuera los estudiantes corren peligro. Hay muchas personas que vienen armadas, les roban dentro del curso, les roban el celular, traen plata y les roban el dinero”. Este es uno de los testimonios recabados por CNN sobre la situación que atraviesan los menores de edad en varias instituciones educativas de zonas conflictivas de Ecuador, un país que se encuentra en estado de “conflicto interno armado” decretado el 9 de enero tras el incremento de la violencia perpetrada por 22 organizaciones criminales a las que el Gobierno considera “terroristas”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó en 2023 que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en Ecuador aumentó en un 640% en cuatro años. En 2023 se registraron 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes mientras que en 2019 los casos registrados fueron 104, según Unicef.
Varios padres de familia piensan que las escuelas y los colegios deberían ser los lugares más seguros para que un niño o un adolescente aprenda y desarrolle sus habilidades. Sin embargo, la compleja situación de violencia que vive el Ecuador, debido a la penetración de grupos delictivos, está provocando inseguridad y vulnerabilidad no solo para los menores de edad sino también para los profesores que están siendo sujetos de amenazas, extorsión e intimidación dentro y fuera de los planteles.
“Este alarmante repunte de las muertes por violencia armada sigue afectando de forma grave la vida de niños, niñas y jóvenes en Ecuador (…). Además, es alarmante el creciente número de personal médico, profesores y directores de escuela que están siendo amenazados, extorsionados y asesinados por los grupos armados”, precisó Unicef en su más reciente reporte, difundido el 12 de enero.
Cientos de niños y adolescentes ecuatorianos están viviendo el impacto de una violencia atroz a la que el Gobierno le ha declarado la guerra para evitar que más vidas inocentes se pierdan por una bala perdida, por un ajuste de cuentas o por el reclutamiento de menores en bandas criminales.
Pandillas, droga y miedo: una bomba de tiempo en escuelas y colegios
En los exteriores del Colegio Montúfar, una institución pública emblemática ubicada al sur de Quito, Mariana Tapia vigila el ingreso de los alumnos antes de las 7 de la mañana. Ella es madre de familia y cuenta a CNN que algunos padres se han organizado en brigadas para controlar el ingreso de sus hijos, quienes a veces tienen temor de ser asaltados o intimidados.
“Hay temor por motivo de pandillas (…) No pueden ni hablar porque luego son amenazados tanto el estudiante como la familia. A ratos se quedan callados y no quieren hablar”, sostiene Tapia.
Otra madre que pidió proteger su identidad por temor a represalias dijo a CNN que sus dos hijos, estudiantes del Colegio Montúfar, han sido reclutados por grupos delictivos que los han empujado al consumo y venta de droga.
“Dentro del colegio venden droga, porque se encuentran en los alrededores los expendedores, les entregan droga afuera en diferente horario para que entre acá. Me gustaría que la Policía haga allanamientos a todo el sector”, dice esta madre. Sostiene que está preocupada y tratando de que sus hijos “retomen el buen camino”, pero asegura que “las mafias tienen más poder” sobre ellos.
Una buena parte de padres y madres de familia llegan diariamente a este colegio a dejar a sus hijos temprano en la mañana y al mediodía los van a retirar. Cuentan que es una forma de protegerlos pero que tampoco es una garantía pues adentro del plantel educativo se reportan casos de abuso, robo y violencia.
Frente a los problemas reportados, el Ministerio de Educación respondió a CNN que continúa trabajando no solo con el Colegio Montúfar sino con otras escuelas y colegios del país –dependiendo su zona de influencia– en la socialización de protocolos de prevención de la violencia, el suicidio, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas y alcohol; capacitaciones a padres y docentes, patrullajes con la Policía, activación de botones de pánico y la reestructuración de los departamentos de consejería estudiantil con el fin de mejorar el ambiente educativo y levantar mecanismos de protección.
“Me querían quitar la vida”: profesores vulnerables a las amenazas
Ser profesor en Nueva Prosperina, los Guasmos, Pascuales, Monte Sinaí, Isla Trinitaria y otros barrios populares de Guayaquil se ha vuelto una tarea compleja y motivo de alto estrés para maestros y estudiantes.
“Nosotros los maestros estamos muy consternados, muy atemorizados, nos encontramos en un problema que no hemos vivido antes”, dice a CNN Hilario Beltrán, profesor y presidente de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Guayas, la más violenta del país y donde se reporta el mayor número de homicidios intencionales en Ecuador, según la Policía.
Beltrán sostiene que decenas de maestros están siendo blanco de amenazas, extorsión e intimidación en los colegios ubicados en zonas “secuestradas por la delincuencia”. Afirma que la extorsión, denominada como “vacuna” en los barrios, proviene de algunos estudiantes y padres de familia que forman parte de bandas criminales.
“Son varias las amenazas. La vacuna (extorsión) es que tiene que dar un dinero mes a mes. Piden una vacuna de US$ 100 o US$ 200. La otra forma es obligar a que los pasemos de año así no hayan ido a clases. Para eso insisten que les pongamos notas. Cuando no les dan dinero, les amenazan de muerte”, enfatiza Beltrán.
Una profesora de la provincia de Guayas, que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, conversó con CNN sobre las amenazas de muerte que recibió el año pasado. “Sí, me llegaron directamente dos amenazas, no solo una. Pero, gracias a Dios, no pasó a mayores. Amenazas de que no me querían ver para nada en la institución y que me querían quitar la vida”, señaló la docente.
La profesora dice que denunció ante la Fiscalía, pero que tuvo que retirar el proceso porque empezaron a intimidarla y a buscarla dentro y fuera del plantel educativo. Esta docente ejerce su profesión desde hace más de una década, pero asegura que ya no puede trabajar con la misma ilusión pues tiene temor. Su centro educativo aún no se reintegra a clases presenciales porque está dentro de una de las zonas de alta criminalidad, menciona.
“Antes uno lo hacía por amor a su profesión, porque uno se preparó para servir, para enseñar a los niños y aprender de ellos. Pero ahorita uno lo hace con miedo y por necesidad. Porque uno también de su trabajo se mantiene”, comenta a CNN.
La profesora insiste en que es necesario tener más apoyo en materia educativa y de seguridad, pues en ciertos colegios no hay apoyo ni siquiera de los padres de familia. Considera que no se puede trabajar con tranquilidad y que su familia le ha pedido hacerlo con cautela.
“Uno está con la tensión de que en un momento te vayan a disparar o llegue la ‘vacuna’ a amenazar. Uno no puede trabajar tranquilamente”, agrega.
Retiran denuncias por miedo a represalias
El profesor Hilario Beltrán, de la Unión Nacional de Educadores, indica que solo el año pasado la UNE acompañó a alrededor de 80 maestros a presentar denuncias ante la Fiscalía, solo en la provincia de Guayas, pero que algunas fueron retiradas por miedo de los docentes a nuevas amenazas.
“Expulsando al estudiante el problema no termina porque afuera nos esperan”, precisa Beltrán. Insiste en que algunos alumnos y padres conflictivos investigan a los docentes, les hacen seguimientos y logran identificar a qué hora los maestros salen y entran a su trabajo.
Beltrán no ha podido volver a clases presenciales pues en Isla Trinitaria, el barrio donde trabaja en Guayas, las condiciones de violencia no le permiten e insiste en que la modalidad virtual está afectando significativamente en la educación de los menores. Agrega que en su clase de 38 alumnos apenas 15 o 20 se conectan, pues muchos de ellos no tienen acceso a internet, carecen de herramientas tecnológicas o han migrado.
El Ministerio de Educación informó este lunes que las instituciones educativas que se encuentran en modalidad virtual en el régimen Costa, al que pertenece la provincia de Guayas y otras, se mantendrán en esa modalidad hasta el mes de marzo en que se cerrará su año lectivo.
“Es el peligro, los secuestros, el robo”: padres piden más control de la Policía
Tras el decreto de conflicto interno armado en Ecuador el pasado 9 de enero, cientos de escuelas y colegios de Ecuador tuvieron que suspender sus clases presenciales por orden del Ministerio de Educación y desde el 24 de enero iniciaron por fases el retorno a clases. Sin embargo, hay planteles educativos que está cerca de las cárceles o en determinadas zonas peligrosas que no han podido regresar a la modalidad presencial.
En los exteriores de colegios como el Montúfar en Quito y otros planteles del país, la Policía Nacional ejecuta el plan “Escuelas seguras” para prevenir la violencia y proteger el entorno. Los padres consideran que este proyecto debería ser constante.
“Es el peligro, los secuestros, el robo. Nosotros como padres estamos con el temor de que, por defenderles a ellos, nos puede pasar alguna cosa. Esto debería ser siempre por la seguridad de todos los muchachos. Ahorita lo que ellos necesitan es seguridad y la seguridad no hay. Que esté más seguido la Policía por el bienestar de los chicos”, enfatiza Vinicio Segura, padre de una estudiante.
El coronel de la Policía Nacional, Mauricio Chacón, quien lidera el operativo de control afuera del colegio Montúfar y otros planteles en el sur de Quito, cuenta a CNN que el patrullaje y custodia en los exteriores de algunas escuelas y colegios permite generar un “corredor seguro” para los alumnos.
“Ha logrado bajar el índice delincuencial y lograr mayor percepción de seguridad”, sostiene Chacón. Por otra parte, detalla que para determinar en qué colegios se debe reforzar la seguridad se hace una “georreferenciación del delito”, una medición de la aglomeración de personas y la cantidad de estudiantes en una zona educativa.
“Existe personal policial designado, los cuales se ubican en la parte externa, en las puertas principales y a la vez en horarios de entrada y salida y con eso brindamos seguridad. Hay que recordar que los territorios son diferentes y existen diferentes modalidades delictivas”, agrega el coronel Chacón.
La Unicef ha mostrado su preocupación por los problemas que el crimen organizado ha generado en los niños y adolescentes en Ecuador y ha ofrecido a las autoridades ecuatorianas acompañamiento en un área neurálgica para contrarrestar la crisis de violencia como son las escuelas y colegios.
“La interrupción a gran escala de los servicios básicos en las zonas controladas por los grupos armados no solo está poniendo a más niños y niñas en peligro de que los recluten, sino que también está limitando el acceso a la salud, la educación y la protección de cientos de miles de personas”, argumenta la ONU.
En diciembre, un grupo de sicarios atacó una vivienda en un barrio popular al sur de Guayaquil. Apuntaron a la ventana y cayeron acribillados cuatro hermanos. La mayor de ellos tenía apenas siete años. La joven madre embarazada, que se lanzó delante de ellos para protegerlos de las balas, murió dos días después. En muchos sitios de Guayaquil, los niños no están seguros ni en sus casas ni en las escuelas, asegura la Unión Nacional de Educadores y los padres de familia de zonas riesgosas del país.