(CNN Español) – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este jueves dos decretos relacionados con dos acuerdos con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad. Se trata del Acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos, relativo al Estatuto de las Fuerzas y del Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, que se habían firmado durante el Gobierno del anterior presidente, Guillermo Lasso, pero cuya ratificación quedó pendiente.
Estos acuerdos permiten la ejecución de operaciones militares conjuntas entre las fuerzas de ambos países para el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad en Ecuador.
El pasado 11 de enero, la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que los acuerdos con EE.UU. son legales y están apegados a los parámetros constitucionales, por lo que ordenó la continuidad de su trámite para que el presidente se pronunciara.
Este jueves, con su firma y el pedido de publicación inmediata en el Registro Oficial, el presidente Noboa dio paso a la asistencia de Estados Unidos en los ámbitos marítimo, terrestre y aéreo en contra de la delincuencia trasnacional, el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas.
Contenido de los acuerdos: inmunidad para personal estadounidense y operaciones marítimas combinadas
Los acuerdos, entre otras cosas, conceden privilegios, exenciones e inmunidades al personal estadounidense y autorizan a EE.UU. a ejercer jurisdicción penal sobre su personal, mientras se encuentre en territorio ecuatoriano.
Disponen la exención de tributos e inspecciones al personal estadounidense en la importación, exportación y uso de cualquier bien personal, equipo, suministros, tecnología o servicios.
Permiten la libre movilidad en el territorio ecuatoriano de las aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE.UU. y la libre contratación de pertrechos, suministros, equipos y servicios.
Autorizan el uso del espectro radioeléctrico y la operación de sistemas de telecomunicaciones y frecuencias para asegurar plena capacidad de operación.
Los dos Estados presentarán un programa de operaciones marítimas combinadas y designarán a agentes para que actúen a bordo de los buques de la contraparte.
La Armada ecuatoriana autorizará a EE.UU. el abordaje e inspecciones de buques sospechosos.
Ecuador permitirá a las aeronaves estadounidenses la operación en el espacio nacional aéreo y autorizará a EE.UU. a transmitir órdenes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana ante actividades sospechosas.
Finalmente, los acuerdos excluyen cualquier reclamo ―excepto los de índole contractual― entre ambos Estados por daño, pérdida o destrucción de bienes de una de las partes, o por lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas o personal civil de cualquiera de los dos países que se pueda generar en el cumplimiento de sus deberes.
Tras la declaración de conflicto interno armado en Ecuador, varios funcionarios estadounidenses de alto nivel han visitado el país sudamericano en las últimas semanas para profundizar en temas de cooperación en seguridad.
No es una alianza política ni militar, según la Corte Constitucional
En su dictamen del pasado 11 de enero, la Corte Constitucional de Ecuador precisó que los acuerdos no conllevan una alianza política ni militar porque no tienen el fin de ejecutar acciones militares o bélicas, que son propias de conflictos armados internacionales.
La Corte agrega que los acuerdos no implican una alianza militar, pues el organismo asegura que no están asociados a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, que son actividades propias del ámbito militar.
Por otra parte, el organismo de control constitucional detalla que los acuerdos establecen mecanismos de asistencia entre el Gobierno de EE.UU. y el Gobierno de Ecuador para la visita de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos como el tráfico de drogas, terrorismo internacional y otras amenazas.
Estados Unidos y Ecuador también cuentan con un acuerdo vigente de interceptación aérea, que fue suscrito en 2023, durante el Gobierno del entonces presidente Lasso, y al que la Corte Constitucional dio luz verde en julio de 2023. Ese acuerdo promueve la interceptación de aeronaves civiles sospechosas de realizar tráfico de drogas.
La Corte dictaminó que para la ejecución de estos acuerdos no se requiere el pronunciamiento de la Asamblea Nacional.