(CNN) – La esposa del expresidente de Haití Jovenel Moïse, Martine Moïse, y el ex primer ministro Claude Joseph se encuentran entre las 51 personas acusadas por el asesinato del expresidente, según un documento de 122 páginas del juez que preside la investigación.
El presidente Jovenel Moïse fue asesinado en la residencia presidencial el 7 de julio de 2021, después de que más de dos docenas de hombres armados irrumpieran en el recinto presidencial. Recibió 12 disparos que le causaron la muerte. La señora Moïse también recibió varios disparos, pero sobrevivió.
En el documento, fechado el 25 de enero y hecho público el lunes por el sitio de noticias haitiano AyiboPost, el juez Walther Wesser Voltaire afirma que la Sra. Moïse conspiró con el ex primer ministro para sustituir al presidente.
Las 51 personas nombradas en la acusación se enfrentan a cargos que van desde complicidad y asociación criminal, robo a mano armada, terrorismo, homicidio y crímenes cometidos en perjuicio del expresidente Jovenel Moïse, según el documento. La orden subraya la existencia de “pruebas serias y suficientes” contra los mencionados.
CNN se ha puesto en contacto con la oficina del juez Voltaire para confirmar la autenticidad del documento.
PBY&A, el bufete de abogados que representa a la señora Moïse, insistió en que la ex primera dama es inocente, diciendo: “Ella no tiene ninguna motivación para este ataque, y su inclusión se basa supuestamente en su recuerdo imperfecto de la noche más traumática de su vida … No hay ninguna base de hecho o de derecho para que la Sra. Moise sea acusada de este delito y su inclusión en esta acusación es una vergüenza que pone aún más en duda la legitimidad del actual Gobierno haitiano”.
“Nos defenderemos enérgicamente contra estos ridículos e injustos cargos contra la señora Moise”, dijo Paul Turner, socio de PBY&A que representa a la Sra. Moïse, en una declaración a CNN.
En declaraciones a CNN un mes después del asesinato de su marido, Martine Moïse describió los detalles de la noche en que el expresidente fmurió y pidió a la ONU que ayudara a llevar a los autores ante la justicia.
“Una vez que dispararon al presidente, fue cuando pensé: ‘Se acabó para los dos’. Y cerré los ojos. Ya sabes, no pensé en nada más. Pensé: ‘Se acabó. Este es nuestro último día’”, declaró a CNN en 2021.
El juez pidió la detención y el procesamiento de los acusados.
En una declaración tras la publicación de la orden, el ex primer ministro, Claude Joseph, negó su implicación en el homicidio y acusó al primer ministro Ariel Henry de “militarizar el sistema judicial haitiano”.
“No lograron matarnos a Martine Moïse y a mí el 7 de julio de 2021, ahora utilizan el sistema de justicia haitiano para avanzar su agenda maquiavélica”, dijo Joseph. “No abandonaré mi lucha contra un Gobierno que ha estado matando al pueblo haitiano”.
Joseph dijo que pidió asistencia internacional para la investigación mientras ocupaba el cargo como primer ministro interino de Haití tras el ataque a Moïse y que ha pedido en repetidas ocasiones que se haga justicia.
La oficina del primer ministro negó que Henry tuviera algo que ver en la decisión del juez.
“El juez de instrucción es independiente y dispone de los medios para realizar su investigación con total libertad. El primer ministro no tiene relación directa con el juez de instrucción ni lo controla. El juez sigue siendo libre de dictar su orden de acuerdo con la ley y su conciencia”, dijo a CNN Jean-Junior Joseph, portavoz del primer ministro.
Las autoridades haitianas han arrestado al menos a 44 personas en relación con el asesinato, entre ellas al menos 20 colombianos. Los fiscales de Estados Unidos también han presentado cargos contra 11 hombres que presuntamente conspiraron en el complot, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Haití se ha enfrentado en los últimos años a un aumento de la violencia relacionada con las bandas, que ha cortado cadenas de suministro vitales y ha obligado a unas 200.000 personas a huir de sus hogares en la capital, Puerto Príncipe. A principios de este mes, Henry instó a la calma después de tres días de violentas protestas que exigían su dimisión, mientras crece la frustración por la violencia de las bandas, la pobreza y la incapacidad para organizar elecciones generales.