(CNN Español) –– El Gobierno de Guatemala pidió este jueves ante la justicia que se retire la inmunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, para que pueda ser acusada penalmente por presunto “incumplimiento de deberes”.
La denuncia fue presentada en los tribunales, siguiendo instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, por el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero, y el procurador general de la nación, Julio Saavedra.
“Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente para participar en la junta de Gabinete del pasado 29 de enero”, explicó Saavedra a periodistas.
Ante la denuncia presentada, Porras dijo este jueves a CNN a través de su portavoz que considera que la solicitud “adolece de sustento legal”, y advirtió que podría tener como fin “obstruir la justicia y obstaculizar la acción penal”.
Porras asistió a esa reunión a fines de enero, pero se retiró minutos después bajo el argumento de que la ley le impide participar en ese tipo de encuentros.
“La ley es clara, la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes, y no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo, como lo es un Consejo de ministros”, detalló Porras en ese momento a través de un video difundido por el Ministerio Público en X, antes Twitter.
De acuerdo con la legislación de Guatemala, la querella es presentada en la oficina de recepción de denuncias en la Torre de Tribunales, que debe darle trámite y asignar un juzgado para que estudie el caso y decida si hay mérito para que este sea conocido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Las acusaciones entre Porras y Arévalo
El presidente de Guatemala y la fiscal general han sostenido diferencias y múltiples acusaciones cruzadas en los últimos meses, que se dispararon luego del sorpresivo resultado de la primera vuelta electoral en la que Arévalo, aunque salió segundo, pasó a la segunda vuelta. Porras presentó dos peticiones para que se le retirara la inmunidad a Arévalo, cuando aún no había asumido la presidencia.
Una de las acciones del Ministerio Público fue por presunto lavado de dinero y el supuesto uso de documentos falsos para constituir su partido, el Movimiento Semilla. El otro caso fue por su presunta participación en la toma de la sede y las protestas realizadas en la Universidad San Carlos en 2022. Arévalo ha rechazado ambos señalamientos, y acusó a Porras de liderar un golpe de Estado al intentar impedir que asumiera la presidencia el pasado 15 de enero.
Arévalo le ha pedido públicamente a Porras que renuncie, pero la fiscal general ha dicho que no dejará el cargo porque considera que cumple la ley al investigar las denuncias presentadas.