(CNN) – Esto es seguro: el nombre del expresidente Donald Trump aparecerá en la boleta electoral este año cuando los votantes de todos los estados de EE.UU. elijan presidente.
Sin embargo, aunque el dictamen de 13 páginas sin firmar que la Corte Suprema entregó este lunes resolvió definitivamente la incertidumbre en torno a la elegibilidad de Trump para un segundo mandato, dejó preguntas sin resolver que algún día podrían volver a los jueces.
¿Podrían los legisladores demócratas, por ejemplo, inhabilitar a Trump el próximo enero cuando se cuenten los votos electorales si gana las elecciones de noviembre? ¿Podría un estado mantener fuera de las urnas a un presidente que busca un tercer mandato, en violación de la Enmienda 22?
Era inevitable cierto grado de incertidumbre tras el dictamen. La Corte Suprema se apresuró a tomar una decisión rápida en una disputa tensa, con la vista puesta en el consenso entre los jueces, que a menudo están muy divididos en cuestiones políticas y culturales importantes.
Al final, los jueces acordaron por unanimidad que los estados no pueden expulsar a los candidatos presidenciales debido a la prohibición de insurrección de la Enmienda 14, aunque se dividieron sobre por qué ese es el caso.
“Quedan muchas preguntas por responder”, dijo Donald Sherman, abogado jefe del grupo de vigilancia liberal Citizens for Responsibility and Ethics (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética) en Washington, que presentó la demanda en nombre de seis votantes republicanos e independientes que pretendían eliminar a Trump de la boleta electoral de Colorado.
“No sé si la salida rápida que tomó la Corte es tan elegante como ellos creen”, dijo. “Y sólo esperan que el asunto no vuelva a ellos”.
Trump aplaudió la decisión y en declaraciones en su club de Mar-a-Lago la destacó como “bien elaborada”.
“Creo que contribuirá en gran medida a unir a nuestro país”, dijo. “Esencialmente, no se puede sacar a alguien de una contienda porque a un oponente le gustaría que fuera así”.
Quizá por lo ajustado del plazo o por el deseo de unanimidad, los magistrados no profundizaron en todas las facetas del caso. He aquí algunas de las cuestiones que siguen sin decidirse.
¿Cómo tratar a los candidatos “insurrectos” que disputan cargos públicos?
A diferencia de los tribunales del estado de Colorado que lidiaron con los retos electorales contra Trump, los jueces no tocaron cuestiones fundamentales sobre lo que cuenta como una “insurrección” o qué tipo de procesos se deben utilizar para determinar si un candidato participó en una.
Si bien eso permitió a la mayoría evitar discutir específicamente los intentos de Trump de anular las elecciones de 2020, la falta de claridad podría resultar particularmente importante para las disputas que involucran a “insurrectos” que se postulan para cargos estatales en el futuro.
La Corte Suprema dejó claro que los estados “pueden inhabilitar a las personas que ocupen o intenten ocupar un cargo estatal”. Sin embargo, sin un plan para resolver estos casos, las cortes estatales tendrán que averiguar cómo resolverlos por su cuenta.
“Los casos que afectan a titulares de cargos públicos quedan muy abiertos”, dijo Ilya Somin, profesor de Derecho de la Universidad George Mason. “La definición de insurrección, lo que significa participar en ella, qué tipo de garantías procesales se requieren… es posible que todas esas cuestiones pueden deban abordarse en el futuro”.
Está pendiente en la Corte Suprema la apelación de un excomisionado del condado de Nuevo México que fue destituido de su cargo por su papel en el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.
Couy Griffin, fundador de Cowboys for Trump e insurrecto convicto del Capitolio, fue destituido en 2022, la primera vez desde 1919 que se aplicó la “prohibición de insurrección”.
Hasta ahora, es la única aplicación con éxito de la prohibición contra alguien por una conducta relacionada con el 6 de enero.
Una corte estatal destituyó a Griffin de su cargo y el máximo tribunal de Nuevo México desestimó su apelación, por lo que Griffin recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos. Los magistrados aún no toman ninguna medida sobre ese recurso, posiblemente porque querían resolver primero el caso de Trump.
¿Puede evitarse una futura crisis constitucional?
Mucho antes de que la Corte Suprema decidiera sobre el asunto Trump, algunos juristas hicieron sonar las alarmas de que la decisión podría provocar una “crisis constitucional catastrófica” si no detallaba el papel que desempeña el Congreso en la descalificación de un candidato por insurrección en virtud de la Sección 3 de la Enmienda 14.
Si Trump gana las elecciones, según esa teoría, los demócratas podrían intentar descalificarlo antes de que se cuenten los votos electorales en enero de 2025, durante el mismo proceso que los insurrectos pro-Trump interrumpieron cuando atacaron el Capitolio de EE.UU. en 2021.
La presión política para hacerlo probablemente aumentaría si Trump es condenado en cualquiera de los cuatro casos penales pendientes contra él, especialmente con el plazo de su juicio federal por subversión electoral chocando cada vez más con las elecciones de noviembre.
Algunos expertos creen que el dictamen de la Corte aleja esa posibilidad al exigir que el Congreso promulgue primero una ley de ejecución que establezca el proceso para inhabilitar a un candidato, un requisito que, dadas las divisiones políticas actuales en el Capitolio, sería casi con toda seguridad inalcanzable (esa parte de la opinión, sin embargo, solo obtuvo el apoyo de cinco jueces).
“Parece que la Corte está limitando la forma en que el Congreso puede hacer cumplir la Sección 3 a través de la legislación, lo que también puede limitar al Congreso si intenta negarse a contar los votos electorales”, dijo Derek Muller, experto en derecho electoral de la Facultad de Derecho de Notre Dame.
Sin embargo, algunos vieron ambigüedad en la opinión, y la posibilidad de un enfrentamiento constitucional.
“El dictamen no aclara qué ocurrirá después de las elecciones si gana Trump”, dijo Gerard Magliocca, profesor de Derecho de la Universidad de Indiana y uno de los mayores expertos del país en la prohibición, que apoyó la inhabilitación de Trump.
“En el mejor de los casos, no está claro”, dijo. “Y por lo tanto, si Trump gana, la gente va a intentar estas cosas. Y eso solo hace que la transición presidencial –si Trump gana– sea más complicada, desagradable y problemática de lo que debería ser”.
¿Qué hay de otros requisitos para ser candidato?
Una de las cuestiones clave de cara a los alegatos orales del 8 de febrero en la disputa sobre Trump era si los estados podían eliminar de la boleta a un candidato claramente inelegible antes de unas elecciones o si las normas de elegibilidad de la Constitución solo rigen si ese candidato puede ejercer el cargo.
La Constitución exige que un presidente tenga al menos 35 años. ¿Podría un estado eliminar de la boleta a un candidato de 25 años porque es claramente inelegible? ¿Y si un presidente intentara presentarse a un tercer mandato, violando la Enmienda 22? Estas hipótesis, aparentemente absurdas, surgieron repetidamente durante los casos de las boletas de Trump.
Los seis votantes de Colorado que demandaron a Trump plantearon la cuestión al llamar la atención sobre un caso de 2012 que implicaba a un candidato presidencial nacido en Guyana, a pesar de que la Constitución exige que el presidente sea un “ciudadano nacido natural”.
El juez Neil Gorsuch, entonces magistrado del Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de EE. UU. con sede en Denver, escribió que los estados pueden excluir a los candidatos de la boleta si son constitucionalmente inelegibles para el cargo. Pero la Corte Suprema no ha abordado la cuestión y no ofreció pistas sobre el punto en la opinión del lunes.
“Parte de la lógica de la mayoría acerca de que los estados no pueden descalificar a las personas parece aplicarse también a otros requisitos electorales”, dijo Somin.
Somin predijo que un candidato que intentara eludir esos otros requisitos exigidos por la Constitución perdería. La diferencia, dijo, es que la Enmienda 14 otorga explícitamente al Congreso el “poder de hacer cumplir, mediante la legislación apropiada, las disposiciones” de la enmienda. Los conservadores del tribunal asintieron a esto en su dictamen, al señalar la disposición que “confiere al Congreso el poder de hacer cumplir” la prohibición de insurrección.
Los demás requisitos de elegibilidad, señaló, que se detallan en el Artículo II y en otras enmiendas constitucionales, no llevan aparejadas advertencias similares.
“Pero eso no se dice claramente en la opinión de la mayoría”, dijo Somin. “Uno puede imaginarse que surjan litigios al respecto”.