(CNN Español) – Dentro de unos años, si alguien busca en la videoteca de la Televisión Pública, canal estatal argentino, seguramente no encontrará material sobre la reciente y multitudinaria marcha que tuvo lugar este 24 de marzo por el 48 aniversario del último golpe de Estado en Argentina. Ese domingo, no hubo ningún tipo de cobertura, ni al aire ni para guardar archivos, al tratarse de un feriado nacional, luego de la orden de las autoridades de reducir los horarios de los noticieros y limitar el trabajo a los días hábiles.
Los administradores del canal, designados por el Gobierno de Javier Milei tras la intervención de los medios públicos en febrero, tienen la misión de mantener máxima austeridad y no renovaron varios de los contratos que terminaban a fines de marzo. Sin anuncios de despidos, la TV Pública ha ido perdiendo trabajadores y su señal se ve cada vez más reducida.
Un patrimonio histórico cargado de política
Argentina fue el cuarto país de América Latina en transmitir (después de México, Brasil y Cuba), con etapas en las que fue vanguardia en aspectos tecnológicos. Es, además, el canal más antiguo con transmisión continua de Sudamérica.
En sus 72 años de historia, la TV Pública, también popularmente conocido como Canal 7, ha tenido varios nombres y más de 30 logotipos, una constante renovación de imagen que frecuentemente sucedió a la par de cambios de gobierno.
Decir que la señal ha estado politizada no es una idea reciente ni exclusiva. Ya la primera transmisión, en 1951, fue de carácter político: un discurso de la entonces primera dama Eva Perón, uno de los últimos de su vida, en el marco de un aniversario del Día de la Lealtad, celebrado por el peronismo cada 17 de octubre.
Desde ese debut al aire, ha sido permanente la politización. Martín Becerra, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en medios y política, identifica dos características objetables comunes de las cadenas estatales en América Latina: la presencia de publicidad comercial y un fuerte control gubernamental de la línea editorial. “(La TV Pública) siempre estuvo politizada. Hubo etapas de mayor o menor intensidad, está en el ADN”, dijo a CNN.
“A veces no es un canal del Estado, es un canal del Gobierno. Esto pasa en todo el mundo”; indica a su vez el periodista Mario Giordano, quien trabajó por más de 30 años en los noticieros de TVP y en numerosas coberturas internacionales hasta que se jubiló a fines de 2022.
Pero como tercera característica de los canales estatales, Becerra ve muy importante la función social. “Es un servicio público inestimable. Es una parte de la actividad cultural que realizan los estados, aunque ahora Milei vaya a contramano”, apuntó.
El investigador indicó que en el despliegue federal la señal llega a zonas recónditas del país y se incluye en la agenda a territorios que no son grandes mercados ni despiertan el interés de los licenciatarios privados. “Es una función comunitaria importante. No es una programación sensacionalista que busca el rating”, dijo Becerra.
Este aspecto, entre otros, es lo que lamenta Giordano en la reducción de la programación. “He comprobado lo que significa llegar a todos los rincones con la señal de la TV Pública, que a veces es la única que llega. Hay programas que ayudaron a mucha gente, cuando ibas al interior siempre te hablaban de Cocineros Argentinos”, dijo, en referencia al espacio que se emitió hasta este mes y fue levantado del aire tras 16 temporadas, pese a ser el más visto del canal.
El gobierno de facto que siguió al derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 criticaba en ese entonces que la cadena tenía propaganda, pero también usó el canal para borrar el nombre del entonces llamado “tirano prófugo”. Posteriormente, la última dictadura (1976-83) defendía a través de la TV Pública, entonces llamada ATC, su plan económico, rechazaba acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y proyectó una imagen victoriosa durante la Guerra de Malvinas, que acabó en triunfo de las tropas británicas.
El actual edificio del canal, en una de las zonas más caras de Buenos Aires, fue construido en esta etapa, con miras a la transmisión del Mundial de 1978, que se realizó en el país.
Luego, el Gobierno de Ricardo Alfonsín, repasa Becerra, usó la cadena para una pedagogía sobre la democracia.
La periodista Natalí Schejtman, autora de “Pantalla partida. 70 años de política y televisión en Canal 7” (Editorial Planeta, 2021), señala a CNN que en el alfonsinismo hubo también una innovación en términos de discurso, con una apertura hacia temas socialmente incómodos como el feminismo, el divorcio y el aborto.
Innovación y apuesta técnica
Y es que el canal fue en varias etapas un punto de experimentación en contenidos y formatos. “En lo artístico representó momentos de innovación, lanzó a muchos actores relevantes en cultura y espectáculo”, indicó Schejtman. Por ejemplo, la presentadora Susana Giménez tuvo su primer programa en la señal estatal en 1987.
Luego, según destaca la investigadora, en los noventa se desarrollaron nuevos estilos periodísticos. “La TVP fue semillero de muchos programas que después saltaron a la televisión comercial por mejores contratos y más estabilidad. Es un problema en algún punto, el canal no pudo sostener cosas en las que invirtió y les fue bien”.
También desde los aspectos técnicos y tecnológicos hubo períodos en que la TVP fue vanguardia, generalmente en tiempos de bonanza económica. “Es un poco espasmódica la historia. Hubo momentos de grandes innovaciones, luego llega un punto en que queda superviejo”, explicó Schejtman.
En los noventa hubo intentos de privatización del Gobierno de Carlos Menem, que no prosperaron en parte por oposición judicial, legislativa y sindical. Así, hasta la fecha, la única etapa en la historia en que la empresa fue privatizada ocurrió en sus primeros años, durante el segundo mandato de Perón, antes de ser estatizada nuevamente por los militares.
Polarización y enfrentamiento mediático
Otra etapa marcada de politización ocurrió durante el kirchnerismo, que aumentó el presupuesto del canal.
A partir del enfrentamiento en 2008 del Gobierno con el Grupo Clarín, el mayor grupo de medios de Argentina, a raíz del proyecto oficial para un sistema de retenciones impositivas a exportaciones agrícolas, la TVP se convirtió en el canal de respuesta y confrontación frente a las cadenas opositoras.
Bajo este contexto, el programa “6, 7, 8” estuvo siete años al aire con el análisis de los medios y el contenido político, con la réplica de funcionarios acusados en otros canales, cuyo contenido era frecuentemente criticado por los panelistas, en su mayoría identificados con el mensaje oficialista. De esta forma, fue señalado como un programa de propaganda.
Incluso en partidos de fútbol del torneo local y de la selección, cuyos derechos de televisación estaban parcialmente en manos del Grupo Clarín y fueron adquiridos por el Gobierno para ser transmitidos por señal abierta, hubo mensajes políticos y de apoyo al oficialismo.
“Corresponde decir que hubo un uso partidario (del canal) durante el kirchnerismo, pero sin ignorar que no fue una excepción”, recalcó Becerra, quien considera que la TVP hubiese podido mantener legitimidad si hubiese incluido en su programación otros programas de actualidad que sean diversos. Pero no hubo mayor espacio para otras versiones.
La promesa de Milei
Antes y después de ser elegido presidente, el mandatario ha insistido en su idea de deshacerse del canal y otros medios públicos.
“¿Por qué tengo que estar sosteniendo la TV Pública, pagando sueldos estrafalarios, cuando hay chicos que tienen hambre?”, dijo Milei en diciembre a la presentadora Mirtha Legrand. También, señaló que en la campaña electoral “el 75% de la discusión política” del canal fue “para ensuciar” su candidatura.
En febrero, Milei oficializó con un decreto la intervención de la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam para realizar una auditoría. A las pocas semanas, se canceló la transmisión del programa semanal que desde 2008 hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comentó en el canal TN: “Me parece sensacional que haya desaparecido”, una expresión que desató críticas por el uso de la palabra “desaparecido” en una referencia a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos.
Un informe de noviembre de la Fundación LED, una ONG de monitoreo de políticas públicas en materia de acceso a la información, publicidad oficial y transparencia, consignó que en 2023 Radio y Televisión Argentina recibió fondos por 33.900 millones de pesos, hoy unos US$ 30 millones al cambio paralelo. Algo imperdonable para un Gobierno que busca un déficit cero. Hasta diciembre de 2022, TVP contaba con 1.071 empleados.
Pero un ajuste económico no necesariamente garantiza una línea independiente. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunció que recientemente hubo “graves hechos de censura, que nunca sucedieron antes en democracia” en el noticiero del canal.
Según explicó a CNN Silvia Fernández, periodista del noticiero y delegada de la comisión interna de Sipreba, el sindicato que representa a los trabajadores de prensa, la gerencia ordenó no dar aire a determinados dirigentes y también se pidió no cubrir protestas sindicales o reclamos contra el Gobierno.
Cuando la organización denunció la situación en un comunicado, la Casa Rosada dijo que “rechaza absolutamente” la versión. El portavoz Adorni respondió: “Este es uno de los gobiernos que más libertades le está dando a la sociedad y especialmente a ustedes (los periodistas) para trabajar. No entendemos bien este tipo de cuestionamientos”.
¿Se puede privatizar?
Los medios públicos estaban incluidos en la lista de empresas a privatizarse en el amplio proyecto de la llamada “ley ómnibus” que el Gobierno envió al Congreso a fines de diciembre, pero que fue retirado tras no ser aprobado en el debate en particular. El oficialismo alista un nuevo proyecto con algunas modificaciones, pero se espera que se mantenga el pedido de habilitar la privatización de medios estatales.
Si bien Becerra no ve en la actualidad una respuesta articulada del sistema político ni del Poder Judicial frente al plan de privatización, tampoco ve cercana la posibilidad, ya que no imagina un comprador dispuesto a pagar lo que sigue valiendo la institución.
“La idea supone que haya un capital privado interesado en desembolsar el valor que tiene, que es enorme. Los equipos, las instalaciones, el personal capacitadísimo, los costos mayores que una licencia en Buenos Aires, y la inversión para sostenerlo. En este contexto en que los medios no son rentables, no veo a un privado que desembolse un capital importante”, expresó. Aunque sí mencionó un posible escenario: que un grupo de comunicación, o de otro rubro, avance en la privatización a modo de lobby para otros intereses.
¿Cierre abrupto o vaciamiento lento?
Pero en el camino, la señal queda cada vez más vacía y con escasos contenidos nuevos. Ya pasó en la agencia Télam, cuyo edificio a inicios de marzo amaneció con vallas de seguridad en la puerta, su página web quedó fuera de servicio y sus empleados fueron licenciados de sus tareas. Mientras, la Radio Nacional sigue un camino similar al de la TVP, con programas que fueron levantados, contratos que no se renuevan y emisoras del interior que durante los días feriados y fines de semana toman la transmisión de Radio Nacional Buenos Aires, estación pública propiedad de Radio y Televisión Argentina, operada desde la capital, sin la acostumbrada agenda propia de cada región.
“Quieren desguazar la TV Pública, devorarla, me parece ilógico. Es perder la cultura de un país”, lamentó Giordano. “Siento mucha tristeza, que no haya programación en vivo es vaciar el canal”, dijo Fernández, quien considera que el Gobierno realiza una estigmatización de lo público. “Estamos orgullosos de trabajar en un medio público, de dar una agenda distinta, que incluye temas de género, de pueblos originarios, reclamos de sectores que no tienen asidero en otros medios, que quedan silenciados e invisibilizados”, expresó la periodista.
Pero en redes sociales, los libertarios, o sea seguidores del ahora partido oficialista La Libertad Avanza, celebran el cese de los contratos, una reacción que, además de ser una defensa del ajuste, se vincula a la imagen negativa de los medios.
El Digital News Report 2023 del Reuters Institute indica que solo el 36% de los encuestados considera que la TV Pública es de fiar, unos puntos por debajo que los canales privados Telefé (56%) y TN (52%), el primero controlado por el grupo Paramount Global, mientras TN es parte del Grupo Clarín.
“La sociedad argentina es mucho más desconfiada frente a su sistema de medios que otras sociedades latinoamericanas. Ese descreimiento alcanza también a los medios privados hiperconcentrados, ganado por la manipulación, polarización que construyeron”, expuso Becerra. Por ello, considera que la labor de los medios estatales, si se garantiza un equilibrio editorial, es fundamental, ya que “hay una necesidad no cubierta por los grandes medios privados de brindar información socialmente relevante”.
Aunque no sean novedosas las críticas al canal, Schejtman ve una diferencia en la falta de alternativa, y que en cambio el plan sea deshacerse de él.
“El Canal 7 tiene una historia muy cíclica. Se encuentran desde los años sesenta los mismos cuestionamientos que en 2010. Ha sido cercano y dependiente de los gobiernos de turno, y lo que estamos viendo ahora también es signo de esa dependencia. Pero esto es algo nuevo”, indicó Schejtman. “En esa celebración de los cierres, de los despidos, hay una novedad en el tono. Hay un nivel de ferocidad y desprecio por lo que venga del Estado. En otras décadas se hablaba mucho de que ‘hay que ser como la (cadena estatal británica) BBC’. Había un tono despectivo, pero con horizonte. Acá no existe ese horizonte, es un desprecio por la idea misma”.