(CNN Español) –– La imagen de Tareck El Aissami detenido, esposado y escoltado por un par de funcionarios de seguridad, tras ser acusado por la Fiscalía venezolana de corrupción, resulta sorpresiva por el historial de cargos de extrema confianza que ocupó este abogado de 49 años e hijo de inmigrantes sirios en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
De ser un activista de izquierda en la Universidad de los Andes, en el occidente del país, El Aissami fue jefe de la Misión Identidad, un programa de cedulación masiva lanzado por el fallecido Chávez con la asesoría de Cuba; luego pasó a formar parte de la política de seguridad del Estado como ministro del Interior; manejó la deuda pública como vicepresidente y más recientemente fue designado ministro de Petróleo y vicepresidente del área económica.
Pero la imagen de El Aissami era eje de controversias desde hace al menos 15 años.
Su gestión como ministro del Interior, Justicia y Paz (2008-2012) recibió fuertes críticas de organizaciones dedicadas al tema carcelario y a la defensa de los derechos humanos.
En un reporte, el centro de estudios Insight Crime dijo que durante su paso como máximo responsable de la seguridad interna del país se afianzó el autogobierno de los reclusos mediante la figura del pran, una denominación con la que se identifica en Venezuela a los líderes de las cárceles.
De hecho, en su informe de diciembre de 2023, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones responsabilizó a El Aissami de permitir “cambios negativos en la institucionalidad”. “Las cárceles fueron desnaturalizadas porque había libertad en las visitas y familias pernoctando con los privados de libertad -mujeres e hijos. El ingreso sin control fue el caldo de cultivo para que prosperara la economía en esos espacios”.
El Aissami también fue gobernador del estado Aragua entre 2012 y 2016. En esa entidad queda la cárcel de Tocorón, donde comenzó la consolidación de la banda transnacional venezolana El Tren de Aragua.
Hasta septiembre de 2023, ningún alto funcionario venezolano aludía al Tren de Aragua por su nombre, como parte de la estructura del crimen organizado. Pero después de esa fecha, cuando el Gobierno de Maduro desalojó el penal de Tocorón, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, dijo que habían logrado desmantelar la estructura de la banda criminal.
La lista de la OFAC
Hace poco más de siete años, en febrero de 2017, un mes después de que Maduro lo designara vicepresidente de Venezuela, un nombramiento que coronaba un meteórico ascenso dentro de la burocracia chavista, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designo como narcotraficante especialmente designado en virtud de la Ley Kingpin por presuntamente desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de estupefacientes.
Lo señalaban porque supuestamente facilitaba “los envíos de estupefacientes desde Venezuela, incluido el control de los aviones que partían de una base aérea venezolana y de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”.
En ese momento era el funcionario venezolano de más alto nivel en enfrentar un señalamiento directo de colaboración con el narcotráfico.
El Aissami publicó entonces un anuncio pagado en The New York Times en el que aseguraba que las autoridades estadounidenses habían sido engañadas por sectores interesados en que las relaciones entre ambos países no se restablecieran.
También decía que durante su periodo a la cabeza de las fuerzas de seguridad de Venezuela la lucha contra las drogas alcanzó “el mayor progreso de nuestra historia y del hemisferio oeste tanto en términos de negocios transnacionales de tráfico de drogas y sus estructuras logísticas”.
En julio de 2019, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) había confirmado que el entonces vicepresidente económico de Venezuela estaba en la lista de los más buscados por el delito de narcotráfico.
Y en 2020 formó parte de la lista del Departamento de Estado en que señalaba a 15 funcionarios del Gobierno de Maduro, incluyendo al mandatario, de narcoterrorismo y corrupción.
En esa ocasión, El Aissami en vez de responder con un anuncio en uno de los periódicos más importantes del mundo, decidió publicar en sus redes sociales un poema de Tomás Borge llamado “Mi venganza personal”.
CNN está tratando de determinar si El Aissami tiene representación legal, aunque en el pasado ha negado todos los cargos formulados en su contra.
Sin embargo, eso no fue lo suficientemente convincente para el Ministerio Público que este 9 de abril anunció su detención dentro de la llamada trama PDVSA-cripto.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este martes que El Aissami fue imputado por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alarde o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Atrás quedaron los días en que celebraban con bombos y platillos el lanzamiento del petro como la moneda “del futuro” venezolana.
El 20 de febrero de 2018, el Gobierno de Maduro publicaba en su página web el anuncio de la venta de esta criptomoneda y recogía las declaraciones de El Aissami, quien era responsable de esta iniciativa.
“El petro se erige como una novedosa iniciativa del Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, un mecanismo liberador sin lugar a duda, inspirado en el genio del comandante Hugo Chávez, que ofrece todas las oportunidades para colocar el mercado de monedas digitales al alcance de todo el pueblo venezolano”, decía el entonces vicepresidente El Aissami.
Este martes, el fiscal venezolano explicó que todo el esquema de corrupción de El Aissami estaba basado en la criptomoneda.
La Fuerza Armada Nacional también publicó un comunicado en el que aseguran que están en una “batalla titánica” contra la corrupción.