(CNN Español) – El exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, salió de reclusión y fue llevado a su casa, en la capital del país, para continuar en prisión domiciliaria los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa, como se conoce la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural del estado de Guerrero ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
La salida de Murillo Karam de la Torre Médica del penal de Tepepan, en el sur de la Ciudad de México, se produjo en la mañana del sábado, confirmó a CNN el área de prensa de la Secretaría de Gobernación (Segob). A la par, CNN observó el traslado del exfuncionario desde ese punto hasta su residencia en Lomas de Chapultepec, en el oeste de Ciudad de México, en un vehículo custodiado por la Guardia Nacional.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR, antes Procuraduría General) lo señaló entonces como uno de los presuntos responsables de impedir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. De acuerdo con la FGR, Murillo Karam es autor de la llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes fueron asesinados y quemados por un grupo criminal, aunque las familias de las víctimas desconfían de esa versión.
El exfuncionario, quien dice ser inocente de todos los cargos, encabezó la Procuraduría durante los primeros años de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Tras su arresto, su defensa promovió un juicio de amparo contra la prisión preventiva dictada en su contra y, en semanas recientes, obtuvo un fallo a su favor para que se le cambiara la medida cautelar y se le dejara en prisión domiciliaria, bajo el argumento de que por su edad —76 años— y problemas de salud requiere cuidados en casa.
La noche de este viernes, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), un órgano creado en diciembre de 2018 por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la promesa de esclarecer el crimen, difundió un comunicado en el que criticó la prisión domiciliaria concedida a Murillo Karam. “Esta acción manda un mensaje de impunidad a las víctimas y a la sociedad”, dijo la instancia.
El traslado de Murillo Karam a prisión domiciliaria ocurre a unos meses de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes, un hecho que desde entonces ha atraído la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en México.
Las familias de los jóvenes exigen respuestas al Gobierno y continuamente realizan manifestaciones, mientras que el Ejecutivo de López Obrador —cuyo mandato termina el 30 de septiembre— afirma que tiene el compromiso de aclarar qué sucedió en este caso.