(CNN Español) – La papeleta electoral que recibirán los votantes en Ecuador este domingo 21 de abril durante el referendo y la consulta popular incluirá 11 preguntas a las que los ciudadanos deberán responder “sí” o “no”, como una expresión de aprobación o rechazo a la propuesta de reformas legales y constitucionales planteada por el presidente Daniel Noboa.
Noboa, quien asumió el poder el 23 de noviembre de 2023, pone énfasis —en su pliego de preguntas— a temas relacionados con seguridad, justicia, empleo y arbitrajes internacionales.
La consulta estará dividida en 5 preguntas para “referendo” que implican cambios a la Constitución y otras 6 preguntas para “consulta popular” que conllevan reformas y temas de interés nacional.
De ser aprobadas estas preguntas durante la consulta y referendo de este domingo requerirán procedimientos posteriores para su total vigencia y ejecución. Algunos de estos parámetros están estipulados en normativas ya existentes en Ecuador y otros en los denominados “anexos” de la propuesta de consulta popular y referendo.
El abogado constitucionalista André Benavides dijo a CNN que cada propuesta de la consulta y referendo “tiene particularidades y procedimientos que deben ser cumplidos, entonces se va a reformar directo la Constitución, pero también se requiere otras cosas para hacerlo”, puntualizó. Benavides advirtió que la consulta y el referendo son vinculantes y que la Corte Constitucional será el organismo que controle su cumplimiento.
Once preguntas y sus implicaciones
Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?
Esta propuesta de enmienda constitucional quedó allanada en diciembre del año pasado cuando la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen en las tareas de seguridad interna a la Policía Nacional. Sin embargo, para su ejecución se requería la realización de un referendo que es precisamente lo que ocurrirá este domingo 21 de abril.
Cabe señalar que, si esta pregunta recibe el respaldo popular y es aprobada, la cristalización del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en tareas de seguridad interna tendrá algunos parámetros que ya están establecidos en la reforma aprobada en diciembre por el Parlamento.
- Las funciones de coordinación estarán subordinadas a las disposiciones del presidente de la República.
- Las tareas complementarias se ceñirán a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada.
- El apoyo complementario se activa cuando el presidente de la República, previa solicitud del comandante general de la Policía, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) para elaborar un “informe motivado” que determine la pertinencia, casos y ámbitos de actuación de los militares.
- Sobre la base del informe motivado, el presidente suscribirá un decreto disponiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas.
“El hecho de reformar la Constitución no es que habilita directamente para que Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan actuar, sino que tiene que haber un decreto ejecutivo en el cual se decrete esa necesidad a través de un informe del Consejo de Seguridad Pública y del Estado”, dijo a CNN André Benavides.
Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes?
En la actualidad, la Constitución establece que “ningún” ecuatoriano podrá ser extraditado y el referendo propone una enmienda para que esto ocurra, así como una reforma a la Ley de Extradición.
“Se va a poder extraditar a ecuatorianos, pero se necesita que existan convenios de extradición entre el Ecuador y el país requirente”, precisa Benavides.
Adicionalmente, el anexo de esta pregunta detalla que la extradición se llevará a cabo con la condición de que no se aplique la pena de muerte y tratos inhumanos, crueles o degradantes.
Establece que “no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales”.
Pregunta 3: “¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
A través de esta pregunta, Noboa propone que no se abuse de las acciones de protección o del habeas corpus que —en algunos casos— han beneficiado a líderes de bandas criminales o presos con sentencias en firme que han logrado salir de prisión sin completar sus sentencias. En ocasiones, estas acciones se han interpuesto en lugares distintos a la jurisdicción a la que corresponde una causa.
En anexo relacionado a esta pregunta del referendo, señala que esto “ha producido que jueces que no tienen formación en materia constitucional se distraigan de los casos que sí son de su ámbito de especialidad”.
El objetivo es que jueces especializados en materia constitucional sean únicamente los que definan la pertinencia o no de estas acciones dentro de su jurisdicción. La propuesta da un plazo de un año para que se ejecuten las reformas y se cree la infraestructura adecuada.
Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
La Constitución vigente impide al Ecuador celebrar tratados o instrumentos internacionales que impliquen que el país ceda su jurisdicción a instancias internacionales de arbitraje en diferentes tipos de controversias.
El anexo que corresponde a esta pregunta propone que el Estado pueda celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen reglas de solución mediante arbitraje internacional, ya sea por temas de inversión, de índole contractual, comercial o endeudamiento entre el Estado o personas y empresas. Según el Gobierno, esto busca evitar que el país quede en desventaja cuando enfrente estas discrepancias.
Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores?
Esta propuesta parte de la premisa de que la situación de empleo en el Ecuador requiere adoptar medidas para generar “nuevas modalidades y plazas de trabajo”, por esta razón propone reformas laborales para que puedan suscribirse contratos bajo la modalidad de “plazo fijo o por horas”, lo que no es permitido al momento.
Este tipo de contratos solo estarán permitidos —de aprobarse el referendo— si se firman por primera vez entre el mismo empleador y trabajador para no afectar los derechos adquiridos. El Ministerio de Trabajo tendrá 30 días para emitir acuerdos ministeriales que regulen estos contratos.
Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
Esta pregunta no contiene anexo, y únicamente cita algunos considerandos de leyes ya aprobadas que permiten a las Fuerzas Armadas involucrarse en el control de las inmediaciones de las cárceles y vías del país. El objetivo del Gobierno de Noboa es que los ciudadanos se pronuncien si están a favor o no de que estas acciones sean ejecutadas.
Recuerda que la tenencia de armas, municiones y explosivos está a cargo del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y que las Fuerzas Armadas con su actuación prevengan “agresiones a la vida de las personas privadas de la libertad”.
Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
A propósito del aumento sustancial de las muertes violentas en Ecuador, el narcotráfico y el crimen organizado, el Gobierno de Noboa promueve el incremento de las penas en los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
Aunque no establece en cuánto se incrementarían las penas, el anexo de esta pregunta señala que en caso de la aprobación de esta reforma en la consulta popular el presidente de la República, en el plazo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá un proyecto de ley reformatoria al Código Penal que contenga los ajustes en estas penas. La Asamblea Nacional tendrá 60 días para debatir y aprobar dicha reforma legal.
Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
La finalidad de esta propuesta de reforma es que las sentencias en determinados delitos se cumplan en su integridad dentro de las prisiones sin la posibilidad de acceso a libertad condicional o regímenes abiertos o semiabiertos. Esto aplicaría —según el anexo de la pregunta— para personas con sentencias por delitos como financiación del terrorismo; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos; secuestro extorsivo; producción ilícita de droga; actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos no autorizados; tenencia y porte no autorizado de armas; extorsión; revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido; tráfico de influencias y testaferrismo.
La Asamblea contará con un plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar esta reforma legal.
Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
Ante el aumento de la incautación de armas de origen militar y policial en el país, la consulta popular plantea que se distinga la tenencia y porte de armas cuando no son de uso privativo de la fuerza pública. En caso de que se apruebe esta reforma al Código Penal, el presidente de la República, en un plazo de 5 días posteriores a la publicación de resultados, remitirá el proyecto de ley a la Asamblea que tendrá 60 días para debatirla y aprobarla.
Pregunta 10: ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
El Gobierno señala que, hasta diciembre de 2023, existían 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones incautadas en los centros de acopio de evidencia de la Policía Nacional. Para darle una finalidad a esas armas, la consulta propone que pasen a manos de la fuerza pública.
Actualmente, el Código Penal contempla una pena de “comiso penal” a los bienes (armas), cuando fueron usados como instrumentos, productos o réditos en la comisión de un delito.
“El proceso para llegar al comiso penal puede ser reformado con la finalidad de que se pueda disponer de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios en tiempos y etapas menores”, argumenta el Gobierno.
En caso de aprobarse esta pregunta, el presidente remitirá un proyecto de reforma legal y la Asamblea tendrá 60 días para aprobarla.
Pregunta 11: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?
A través de esta reforma, el presidente Noboa plantea que el procedimiento para que el Estado se apropie de los bienes adquiridos de forma ilícita sea más ágil y rápido que el que establece la actual Ley de Extinción de Dominio ecuatoriana.
El anexo de esta pregunta no detalla específicamente cómo se propone la reforma, pero en caso de ser aprobada, el presidente de la República será quien envíe en un plazo de 5 días posteriores a la publicación de resultados de la consulta, una reforma a la Ley de Extinción de Dominio que deberá tramitar la Asamblea en 60 días.
El abogado constitucionalista André Benavides dijo a CNN que la Asamblea —en caso de aprobarse la consulta y el referendo— no podrá negarse a aprobar estas reformas conforme lo propuesto pues responden a un mandato popular de obligatorio cumplimiento.