(CNN) – Cuando Helen Cruz montó su tienda de campaña en un parque de la ciudad, hace unos años, y la convirtió en su hogar, eligió el lugar por una razón: quería estar cerca de las casas que limpia para ganarse la vida, pero que nunca podría permitirse.
“La gente lo ve con ironía”, dice Cruz, de 49 años. “Yo nunca lo vi así”.
Lo que Cruz no sabía entonces era que vivir en un parque de Grants Pass, Oregon, la situaría en medio de un debate nacional que llegará el próximo lunes a la Corte Suprema sobre si las ciudades pueden responder al aumento de personas sin hogar castigándolas.
En la apelación más importante sobre estadounidenses sin hogar que ha llegado al máximo tribunal de justicia desde hace décadas, los jueces escucharán este lunes los argumentos sobre si multar a las personas que viven en la calle es “cruel e inusual” y viola la Octava Enmienda.
El caso es seguido de cerca por funcionarios municipales y estatales que no saben cómo responder al aumento de personas sin hogar y campamentos que han surgido bajo puentes y en parques urbanos de todo el país. También lo siguen las personas que viven en esos campamentos y están alarmadas por los esfuerzos para criminalizar a la población en lugar de construir refugios y viviendas asequibles.
“Nadie quiere estar aquí fuera”, afirma Cruz, que desde entonces se ha trasladado a una iglesia donde también trabaja como cuidadora. “Sabemos que los parques son para la familia y los niños. El caso es que no tenemos adónde ir. No hay viviendas”.
¿Cruel e inusual?
Entre 2022 y 2023, el número de personas sin hogar aumentó un 12%, según un informe de diciembre del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
En una noche cualquiera, según ese estudio, más de 650.000 personas en Estados Unidos carecen de vivienda, incluido aproximadamente un 40% sin un refugio adecuado.
Grants Pass, una ciudad de 38.000 habitantes del sur de Oregon, respondió intensificando la aplicación de medidas en contra de acampar, las cuales prohíben dormir en público con “ropa de cama”, como sacos de dormir o ropa de abrigo. La ciudad afirma que las prohibiciones se aplican a todo el mundo, no solo a los que carecen de vivienda.
Los críticos afirman que los únicos que montan tiendas en las aceras son las personas sin techo.
El debate sobre si las ordenanzas se aplican a una clase de personas o a una conducta prohibida ocupará un lugar destacado el lunes. En 1962, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que una ley de California que penalizaba la drogadicción –en contraposición a la posesión de drogas– equivalía a un castigo “cruel e inusual” en virtud de la Octava Enmienda.
“Entiendo de dónde vienen los responsables políticos. Creo que es muy amplio decir que te vamos a multar simplemente por existir”, dijo Mary Ferrell, directora ejecutiva del Proyecto Maslow, una organización sin fines de lucro que trabaja con niños sin hogar en Grants Pass. “La sensación sobre el terreno es que la ciudad no quiere personas sin hogar y punto”.
Los funcionarios municipales argumentan que la prohibición de castigos “crueles e inusuales” de la Octava Enmienda iba dirigida a las penas de tortura o trabajos forzados impuestas por los reyes del siglo XVIII, no a las multas impuestas por la Policía. La falta de vivienda, dicen, es un reto en términos de seguridad y salud públicas, no una cuestión constitucional sobre la que deban decidir los tribunales.
“La solución”, dijeron los abogados de Grants Pass al máximo tribunal de justicia, “no es estirar la Octava Enmienda más allá de sus límites y poner a los tribunales federales a cargo de este acuciante problema social”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló en contra de la ciudad, sosteniendo que no podía “hacer cumplir sus ordenanzas anticamping contra las personas sin hogar por el mero hecho de dormir al aire libre con una protección rudimentaria contra los elementos, o por dormir en su coche por la noche, cuando no había otro lugar en la ciudad al que pudieran ir.”
Un estudio de 2019 encontró 602 personas sin hogar en Grants Pass y otros 1.045 individuos que estaban “alojados precariamente”, según los demandantes. Mientras tanto, la ciudad tiene un espacio de refugio extremadamente limitado.
“No es difícil determinar que las personas que vivían a la intemperie en Grants Pass lo hacían porque no tenían a dónde ir”, afirma Ed Johnson, del Oregon Law Center, que representa a los demandantes.
“No hay compasión al pasar por encima de las personas”
El caso ha puesto a algunos gobernantes en una posición delicada. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró el mes pasado ante la Corte Suprema de EE.UU. que no se debe criminalizar a las personas sin hogar, pero también advirtió a los jueces contra una sentencia amplia que podría atar las manos del Gobierno a la hora de hacer frente a los campamentos.
“No hay compasión en pisotear a la gente en las calles, y no hay dignidad en permitir que la gente muera en campamentos peligrosos y propensos al fuego”, dijo Newsom al tribunal en un escrito que no se ponía del lado de ninguna de las partes.
El Gobierno de Biden también ha intentado caminar por una línea muy fina. Insta al máximo tribunal a impedir que Grants Pass “criminalice efectivamente la situación de las personas sin hogar”, pero también sugiere que el asunto se devuelva a un tribunal inferior para que analice caso por caso si las personas multadas no tenían otro lugar donde dormir.
Cruz explicó que había recibido tantas multas que, más de un año después de mudarse del parque, sigue luchando por pagarlas. Cuando le ponían una multa, tenía que recoger sus cosas y mudarse. Cada infracción de las ordenanzas conlleva una multa de US$ 295, que aumenta a más de US$ 500 si no se paga.
Después de dos multas, la Policía puede ordenar a una persona que evite un parque durante 30 días. Quien incumpla esa orden puede ser condenado a 30 días de cárcel.
A Cruz, las multas le parecieron un acoso, un intento de expulsar a las personas sin hogar de Grants Pass.
Pero ella dijo: “No me voy a ir a ninguna parte. Y no voy a dejar que nadie me eche”.