(CNN Español) – La Fiscalía General de Venezuela anunció este 17 de abril la muerte del coronel Marino José Lugo Aguilar mientras estaba detenido.
A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que “la evidencia recabada por los especialistas establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento”, sin dar más detalles.
El oficial del Ejército fue director de mercado de la petrolera estatal y estaba siendo investigado por su supuesta vinculación a la trama de corrupción denominada PDVSA-Cripto.
CNN intenta obtener más detalles del deceso con el Ministerio Público.
No es la primera muerte de una persona bajo custodia del Estado por este caso. Hay, al menos, cinco más.
La caída de El Aissami
Lugo murió días después de que el fiscal general Tarek William Saab anunciara la detención de Tareck El Aissami, presuntamente vinculado a este mismo esquema de corrupción en PDVSA.
El Aissami fue funcionario durante los gobiernos de Hugo Chávez y llegó a ocupar varios cargos de confianza con el fallecido presidente y luego, con el actual mandatario Nicolás Maduro, llegando incluso a ser vicepresidente del país.
La primera parte de la trama PDVSA-Cripto se desveló en marzo de 2023. Saab señaló entonces que habían detectado el uso de monedas digitales o criptomonedas como método para evadir los sistemas de control financiero.
“Comercializaban crudo asignado ilegalmente de la estatal Petróleos de Venezuela y luego habilitaban un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas por medio de la obtención de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector construcción”, explicó el fiscal general entonces.
Agregó que se asignaron ilegalmente contratos, cargamentos de crudo, coque y fuel oil; que vendieron esos productos por debajo del valor del mercado y que manejaron arbitrariamente los fondos obtenidos por la venta de estos productos.
CNN está tratando de determinar si El Aissami tiene representación legal. En el pasado ha rechazado todos los cargos formulados en su contra.
Saab asegura que las pérdidas son milmillonarias.
Pero este no es un único caso ni PDVSA es la única empresa estatal que ha sufrido de las consecuencias de la corrupción.
Leoner Azuaje Urrea
Un año antes, en abril de 2023, el Ministerio Público venezolano anunciaba la muerte de otro preso por supuesta corrupción en circunstancias muy similares a las de Lugo Aguilar.
Saab informó el 20 de abril que la autopsia practicada a Leoner Jesús Azuaje Urrea reveló que había fallecido como consecuencia de “asfixia mecánica o por constricción de cuello por ahorcamiento”.
En esa ocasión, Saab sí mencionó directamente que la muerte había sido un suicidio.
Azuaje Urrea falleció en prisión tras ser imputado por una supuesta trama de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela (Cartoven), incluida en esta megatrama de corrupción denunciada por el Gobierno de Maduro.
Según la versión de sus familiares, Azuaje, quien presidía Cartoven, fue sacado de su casa el 14 de abril y detenido por la que los medios locales reportaron era la Policía Anticorrupción.
CNN no ha podido verificar de forma independiente las circunstancias de la muerte del presidente de Azuaje.
Juan Almeida
Un mes después de la muerte de Azuaje Urrea falleció Juan Almeida, quien supuestamente también formaba parte de la trama de PDVSA-Cripto.
Saab anunciaba la muerte en su cuenta de X: “El Ministerio Público informa el fallecimiento del ciudadano Juan Almeida quien sufría —desde hace tiempo— de una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática. Al momento de su deceso se encontraba en su residencia, luego de serle otorgada la medida humanitaria de arresto domiciliario por ser uno de los investigados por la trama PDVSA-Cripto”.
Almeida era investigado como “presunto operador tecnológico” en este caso, según el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
Otras tres personas han fallecido bajo custodia del Estado. Algunas habían sido sentenciadas; otras eran investigadas. En uno y otro caso sus nombres destacaron por la función que desempeñaron en los distintos gobiernos chavistas de los últimos 25 años, o por la relevancia política de sus causas judiciales.
Raúl Isaías Baduel
El exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel murió el 12 de octubre de 2021 en una prisión de Caracas debido a un paro cardiorrespiratorio a causa de complicaciones derivadas del covid-19, escribió la entonces ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras. El Ministerio Público de Venezuela ofreció la misma versión.
“Teniendo la primera dosis de inmunización de la vacuna recibía los cuidados médicos de rigor en su lugar de detención”, agregó.
Baduel se encontraba detenido en El Helicoide de Caracas, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras haber sido detenido en 2017 por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCM), según informó a CNN su abogado Omar Mora Tosta.
El militar retirado fue arrestado en 2009 y en 2010 recibió una condena de casi 8 años de prisión por cargos relacionados con un supuesto desfalco millonario durante su gestión como ministro de la Defensa.
El 12 de agosto de 2015, el Tribunal de Ejecución Primero Militar le concedió la libertad condicional, pero en 2017 volvió a ser detenido hasta el día de su muerte.
Sobre las acusaciones, la familia Baduel dijo a través de un tuit publicado en agosto 2015 que la condena del exministro era injusta.
Baduel fue ministro de la Defensa y alcanzó el rango de general en jefe. Se le consideraba muy cercano a Chávez y fue crucial en el regreso al poder del mandatario al poder tras el breve golpe de Estado en abril de 2002.
Sin embargo, en 2007 se opuso a la reforma constitucional propuesta por Chávez.
Sus familiares insistieron en que no murió de covid-19; mientras que su abogado Omar Mora atribuyó el desenlace a complicaciones de salud “por los tratos crueles e inhumanos a los que fue sometido”.
El 12 de marzo de este año, Andreína Baduel, hija del general, recordaba en su cuenta de X, antes Twitter, que habían transcurrido 29 meses de la muerte de su padre y aún no había una investigación independiente sobre lo que ocurrió.
Rafael Acosta Arévalo
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo levantó sospechas sobre el Gobierno de Nicolás Maduro entre organismos de derechos humanos y algunos gobiernos extranjeros. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó al entonces embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, para transmitirle la repulsa de su gobierno al trágico fallecimiento del capitán de Corbeta y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Acosta Arévalo estaba bajo custodia de las autoridades, acusado de formar parte de un complot en contra del presidente Maduro.
Arévalo era un oficial retirado de la Marina venezolana que fue arrestado en la localidad de Guatire, cerca de Caracas, el 21 de junio de 2019.
Amnistía Internacional obtuvo 550 páginas del expediente penal contra dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), acusados de participar en su muerte.
“Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En aquella ocasión, CNN se comunicó con el abogado de Acosta Arévalo, Alonso Medina Roa, quien indicó que el 28 de junio su representado había sido trasladado a una audiencia en el Tribunal tercero de orden militar, que llegó en silla de ruedas, que “tenía los ojos desorbitados y presentaba signos de violencia”.
Agregó que pedía auxilio y que el juez sugirió su traslado al hospital militar de Caracas, donde falleció al día siguiente. Según el abogado, Acosta estaba en situación de reserva y había sido torturado durante interrogatorios.
Pero Amnistía Internacional insiste en que el capitán de corbeta falleció el 28 de junio de 2019 en la sala donde estaba convocada la audiencia de presentación, sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte.
La versión oficial apunta a que Acosta Arévalo murió en el Hospital Militar Vicente Salias después de haber recibido atención médica.
En febrero de 2022, Saab dijo que las dos personas responsables por la muerte de Acosta Arévalo habían sido condenadas a 30 años de prisión.
Fernando Albán
De acuerdo con la Fiscalía, el concejal opositor Fernando Albán era uno de los acusados del intento de magnicidio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Albán murió el 8 de octubre de 2018 en circunstancias confusas.
Varios funcionarios venezolanos aseguraron entonces que Fernando Albán, de 56 años, murió por suicidio después de saltar desde una ventana del décimo piso de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la agencia de inteligencia más importante del país.
Pero los críticos de Maduro han acusado al régimen chavista de asesinar a Albán arrojándolo al vacío, como parte de la represión masiva contra grupos opositores y activistas de derechos humanos.
Albán había sido detenido el 5 de octubre de 2018 por su presunta implicación en el intento de magnicidio del 4 de agosto de aquel año, cuando drones armados volaron hacia la tarima desde donde Maduro daba un discurso durante el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Se oyeron dos fuertes explosiones y, aunque Maduro salió ileso del ataque, siete miembros de ese componente militar resultaron heridos.
No está claro qué le ocurrió exactamente a Albán entre su detención y su muerte.
El entonces ministro del Interior de Venezuela, Néstor Luis Reverol, tuiteó que, mientras Albán era trasladado al tribunal, se arrojó por una ventana. Esa versión parecía diferir de la del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien dijo en una entrevista con la cadena estatal VTV que Albán se arrojó por la ventana tras pedir permiso para ir al baño.
El abogado de Albán, Joel García, le dijo a CNN que la versión de Saab es “totalmente falsa”, ya que habría sido imposible que su cliente fuera sin compañía al baño y saltara por la ventana dado el alto nivel de seguridad y vigilancia dentro del edificio.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo en X que la muerte de Albán era el resultado directo de un “régimen torturador y homicida”.
Más allá de esos casos, la oposición venezolana y numerosos grupos de derechos humanos han acusado a la administración de Maduro de mantener a cientos de políticos tras las rejas bajo cargos falsos en un intento de sofocar la disidencia. Las Naciones Unidas han dicho que los detenidos son a menudo sometidos a malos tratos y, en algunos casos, a tortura.