(CNN) – La Corte Suprema parecía dispuesta a rechazar las demandas de inmunidad absoluta del expresidente Donald Trump y las amplias protecciones que ha buscado para dar carpetazo a su caso federal de subversión electoral, pero también se mostró reacia a dar carta blanca al fiscal especial Jack Smith para perseguir esos cargos.
Tras casi tres horas de alegatos orales, varios de los jueces parecían dispuestos a aceptar un resultado que podría poner en peligro la posibilidad de celebrar un juicio antes de las elecciones de noviembre.
Los conservadores del tribunal interrogaron agresivamente al abogado que representaba al fiscal especial, haciendo aparentemente suyo un tema central que había sido planteado por Trump: sin al menos alguna forma de inmunidad, los futuros presidentes se verían sometidos con el tiempo a enjuiciamientos por motivos políticos.
Gran parte de la audiencia se centró en si debe haber una distinción entre los actos oficiales de Trump en virtud de sus funciones presidenciales y su conducta privada.
La forma en que el tribunal resuelva el litigio podría determinar el destino legal de Trump y probablemente establecerá las normas de exposición penal para futuros presidentes.
Estos son los puntos clave:
Parece poco probable que la Corte Suprema resuelva completamente la cuestión de la inmunidad
A medida que los jueces luchaban con los matices del caso y una serie de complicadas hipótesis, parecía cada vez más improbable que el tribunal ofreciera una respuesta clara sobre si Trump puede ser procesado por su esfuerzo para anular las elecciones de 2020.
El resultado es que parece probable que la Corte Suprema deje gran parte de ese trabajo a los tribunales inferiores, procedimientos que podrían llevar meses y retrasar aún más un juicio que originalmente había sido fijado para el 4 de marzo.
Ese resultado jugaría a favor de la estrategia de Trump de retrasar y poner en peligro un juicio antes de las elecciones.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, criticó en un momento dado el fallo unánime y mordaz contra Trump del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de Washington, que habría permitido que su caso pasara rápidamente a juicio. Roberts sugirió que el tribunal de apelaciones no expuso una razón adecuada de por qué prácticamente todas las acciones de Trump eran susceptibles de enjuiciamiento.
“Según lo leo, dice simplemente que un expresidente puede ser procesado porque está siendo procesado”, dijo Roberts con escepticismo. “¿Por qué no deberíamos devolverlo al tribunal de apelaciones o emitir una opinión dejando claro que esa no es la ley?”.
El abogado de Trump admite que algunos actos pueden ser “privados” y no oficiales
En una notable serie de concesiones, el abogado de Trump, John Sauer, reconoció que algunas de las supuestas conductas que sustentan los cargos penales contra el expresidente eran privadas.
La admisión muestra cuánto terreno cedió Sauer durante la audiencia, después de que Trump hubiera hecho afirmaciones más arrolladoras en sus escritos legales a principios de este año, afirmando que toda la acusación debería ser desestimada.
El propio Trump ha seguido presionando para obtener inmunidad absoluta, incluso antes de su comparecencia ante un tribunal de Nueva York donde está siendo juzgado por fraude empresarial.
La jueza Amy Coney Barrett fue la primera en precisar a Sauer la distinción entre actos oficiales y personales alegados en los cargos. Tentativamente estuvo de acuerdo con la forma en que, en los expedientes judiciales, el fiscal especial había etiquetado actos particulares como privados: actos que alegaban que Trump conspiró con sus abogados privados y asesores de campaña para difundir falsas reclamaciones de fraude electoral, para presentar falsos expedientes judiciales y para presentar conjuntos fraudulentos de electores. Como parte del intercambio, admitió que esos actos privados no estarían cubiertos por la inmunidad presidencial.
En un intercambio posterior con la jueza Elena Kagan, Sauer enturbió las aguas.
Dijo que la llamada telefónica de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le pidió que “encontrara” suficientes votos para cambiar los resultados, no era un acto oficial. Pero Sauer afirmó que Trump actuó a título oficial en su conversación con el Comité Nacional Republicano sobre la elaboración de listas de los llamados “falsos electores” y su llamamiento a los legisladores de Arizona para que celebraran una audiencia sobre el fraude electoral.
La disposición de Sauer a comprometerse con la idea de que algunas alegaciones de la acusación no estaban protegidas por la inmunidad fue un extraordinario retroceso de lo que había sido la posición del expresidente hasta ese momento.
Pero el abogado de Trump puede estar esperando que la medida anime a los jueces a ordenar más procedimientos para decidir qué es privado y qué es público en la acusación, una medida que podría retrasar seriamente que el caso llegue a juicio.
Barrett plantea la cuestión del alcance y el calendario de la sentencia
Varios miembros de la mayoría conservadora del tribunal, incluida Barrett, parecían preocupados por el alcance de la afirmación de Trump de que tiene derecho a la inmunidad “absoluta”.
El abogado de Trump, Sauer, se enfrentó a una serie de preguntas hostiles en los primeros momentos de la audiencia sobre esa posición.
Lo que probablemente resulte crítico, y lo que no quedó claro en los argumentos, es cómo la Corte Suprema podría devolver el caso a los tribunales inferiores para una mayor revisión.
Barrett en un momento esbozó cómo el caso podría pasar a juicio rápidamente: Smith podría simplemente centrarse en las acciones de Trump que fueron privadas y no oficiales.
“El fiscal especial ha expresado cierta preocupación por la velocidad”, dijo Barrett. Preguntó al abogado del Departamento de Justicia, Michael Dreeben, si el tribunal de primera instancia puede clasificar lo que son actos oficiales o privados de la presidencia o si hay “otra opción para que el fiscal especial solo proceda en la conducta privada”.
Los fiscales podrían, hipotéticamente, redactar una acusación sustitutiva reducida que elimine los actos potencialmente oficiales.
Dreeben dijo a Barrett que la acusación contra Trump es sustancialmente sobre la conducta privada, lo que significa que un juicio podría proceder incluso si la Corte Suprema encuentra algún tipo de inmunidad para las acciones oficiales de Trump.
A los jueces liberales no les impresionaron las afirmaciones de inmunidad absoluta de Trump
Estaba bastante claro cuál será la postura de las tres juezas liberales de la corte cuando llegue la decisión.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson pasaron gran parte del debate interrogando a los abogados sobre las posibles implicaciones de la posición de inmunidad absoluta de Trump.
En una de las muchas hipótesis que los liberales lanzaron al abogado de Trump, Kagan preguntó qué pasaría si un presidente ordenara a los militares dar un golpe de Estado. ¿Podría ser procesado según la teoría de Trump?
Sauer respondió que un presidente primero tendría que ser sometido a juicio político y condenado antes de que pudiera ser acusado penalmente. Kagan replicó preguntando qué pasaría si la orden llegara en los últimos días de una presidencia y no hubiera tiempo para un juicio político o una condena.
“¿Está diciendo que eso es un acto oficial? ¿Es inmune?”, preguntó Kagan.
Sauer tuvo que reconocer que, según la teoría de Trump, “bien podría serlo”.
“Eso sí que suena mal, ¿no?”, replicó Kagan.
Haciéndose eco de un argumento más fundamental que el fiscal especial planteó anteriormente en el caso, Jackson dijo que le preocupaba que el argumento de Trump pusiera a los presidentes por encima de la ley.
“Si no hay amenaza de enjuiciamiento penal, ¿qué impide que el presidente simplemente haga lo que quiera?”, dijo Jackson. “Estoy tratando de entender qué desincentivaría de convertir la Oficina Oval en la sede de la actividad criminal en este país”.
A los conservadores les preocupa someter a expresidentes a procesos penales ilegítimos
A los conservadores les preocupaba la posibilidad de que un expresidente fuera sometido a un proceso penal por una conducta que, en última instancia, podría estar amparada por la inmunidad o algún tipo de protección presidencial.
Alito llegó a sugerir que negar la inmunidad a los expresidentes desalentaría los traspasos pacíficos de poder, porque los presidentes salientes que perdieran unas elecciones muy reñidas no querrían marcharse pacíficamente si temieran ser procesados por su rival político.
Varios miembros republicanos del tribunal rebatieron la afirmación del fiscal especial de que existen amplias protecciones en el sistema de justicia penal para evitar procesamientos abusivos.
“Usted sabe lo fácil que es en muchos casos para un fiscal conseguir que un jurado investigador presente una acusación y la confianza en la buena fe del fiscal puede no ser suficiente en algunos casos”, dijo Roberts en un momento dado.
Alito, antiguo fiscal federal, invocó el famoso dicho de que un jurado investigador acusaría a un sándwich de jamón si un fiscal se lo pidiera, al tiempo que señaló ejemplos históricos de funcionarios del Departamento de Justicia que han actuado de forma delictiva en el desempeño de sus funciones.
Alito también aprovechó el reconocimiento por parte de Dreeben de que algunos estatutos penales podrían necesitar una interpretación diferente cuando se aplican a expresidentes. Alito sugirió que ir a juicio para resolver esas cuestiones sería una carga injusta para un expresidente.
“Eso puede implicar un gran gasto, y puede tomar mucho tiempo”, dijo Alito. “Y durante el juicio, el expresidente puede ser incapaz de participar en otras actividades en que querría participar”.
Trump tenía “absolutamente” derecho a proponer falsos electores, dice su abogado
Enfatizando el alcance de las afirmaciones de Trump, Sauer dijo que su cliente tenía “absolutamente” derecho a presentar electores republicanos en los estados que perdió en 2020, comúnmente llamados “falsos electores”.
Sauer hizo estos comentarios bajo el interrogatorio de la jueza liberal Sonia Sotomayor, quien preguntó si “es plausible” que un presidente pueda tener derecho a ayudar a crear una “lista fraudulenta” de electores, lo que significaría que sería un acto oficial del gobierno que podría estar cubierto por la inmunidad.
En respuesta, Sauer dijo que había precedentes históricos de que los presidentes se han involucrado en estos asuntos, señalando las impugnadas elecciones presidenciales de 1876, en las que hubo denuncias fundadas de fraude y múltiples listas de electores en varios estados clave. (Sauer utilizó el término “supuestos electores fraudulentos”).
Estos comentarios fueron una notable aceptación de un complot que muchos ven como una trama corrupta para anular la voluntad de los votantes. Y está claro que los fiscales federales y estatales discrepan claramente de Sauer: consideran que la estratagema de los siete estados de la campaña de Trump es un plan criminal.
El Departamento de Justicia acusó a Trump de delitos federales en relación con la trama de los falsos electores. (Se declaró inocente.) La acusación de Smith dice que Trump “organizó listas fraudulentas de electores” para “obstruir la certificación de las elecciones presidenciales”.
Y los fiscales estatales de Michigan, Georgia, Nevada y Arizona también han acusado a muchos de los electores ilegítimos del Partido Republicano y a algunos funcionarios de la campaña de Trump que participaron en la trama.
Los fiscales de Arizona anunciaron su amplia acusación el miércoles por la noche, que apuntaba a los propios electores y a miembros del círculo íntimo de Trump, incluidos Mark Meadows y Rudy Giuliani. Los investigadores de Michigan también revelaron el miércoles que Trump es un coconspirador no acusado en su caso.
Con los argumentos terminados, la atención se centra en el momento de la decisión
Los argumentos sobre la demanda de inmunidad de Trump ya terminaron. Ahora empieza a correr el reloj.
Incluso antes de que los jueces tomaran asiento el jueves, el alto tribunal se enfrentaba a una enorme presión, especialmente de la izquierda, por su lentitud para llegar a este punto. Cada día que el tribunal tarde en emitir una decisión jugará a favor de la estrategia de Trump de retrasar el juicio, poniendo en peligro la probabilidad de que Smith pueda llevar su caso a juicio antes de las elecciones de noviembre.
La Corte Suprema se ha movido con bastante rapidez en asuntos similares de alto perfil en el pasado. En 1974, por ejemplo, cuando un tribunal unánime ordenó al presidente Richard Nixon entregar las cintas de grabaciones subrepticias que hizo en la Casa Blanca, lo hizo después de aproximadamente dos semanas después de los argumentos. En otro ejemplo que se cita a menudo, el Tribunal decidió sobre la disputa electoral entre Bush y Gore en 2000 un día después de haber escuchado los argumentos.
A principios de este año, los jueces escucharon los argumentos el 8 de febrero sobre si Trump se había descalificado a sí mismo de la papeleta presidencial de Colorado en virtud de la “prohibición de insurrección” de la 14° Enmienda. Los jueces tardaron poco menos de un mes en dictar una decisión el 4 de marzo que concluía que no lo había hecho.
En el caso de la inmunidad, el tribunal ya ayudó a Trump al denegar la petición del fiscal especial el pasado diciembre para saltarse al tribunal de apelaciones y resolver la cuestión rápidamente. La decisión del tribunal garantizó que la fecha original del 4 de marzo para el juicio de Trump en Washington no se pudiera concretar.
Sin embargo, este año el tribunal se ha mostrado especialmente lento a la hora de emitir dictámenes mucho más mundanos. Y, como señalan los críticos, el tribunal tardó más de dos semanas en aceptar oír el litigio de Trump. Si bien esto es notablemente rápido para los estándares de la Corte Suprema, es más lento de lo que muchos de los detractores de la corte desearían.
– Katelyn Polantz, Hannah Rabinowitz y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron con este reportaje.