(CNN Español) – La Fiscalía de Ecuador pidió a dos asambleístas, Pamela Aguirre y Lenin Barreto, información sobre el paradero del exlegislador Ronny Aleaga, quien es investigado en el caso Metástasis y está prófugo de la Justicia por contar con una orden de prisión preventiva.
La institución dio a conocer su petición mediante un comunicado difundido este lunes, horas después de que la fiscal Diana Salazar acudió a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Durante la cita, el asambleísta Lenin Barreto, del opositor partido Revolución Ciudadana, solicitó que se permitiera a Aleaga participar en el encuentro vía videoconferencia. La asambleísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización y también integrante de Revolución Ciudadana, accedió a la solicitud. La fiscal se pronunció en contra y anunció que abandonaría el salón.
“No voy a ser objeto ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos, so pena de contaminar el caso Metástasis, que en las próximas semanas se realizará la audiencia. Allá que comparezca”, dijo Salazar.
“No vine acá para escuchar a un prófugo de la justicia”, insistió la fiscal, antes de salir del recinto legislativo en protesta.
Más tarde, la Fiscalía dijo en su comunicado que pediría información a Aguirre y Barreto “debido al posible cometimiento de un delito al conocer información sobre una persona requerida por la Justicia y no entregarla a las instituciones pertinentes”.
CNN intenta contactar a ambos asambleístas para obtener comentarios sobre los señalamientos de la Fiscalía.
Aleaga explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram que él solicitó participar en la comparecencia. Agregó que se considera víctima de una persecución política y acusa a Salazar de liderar intimidaciones y amenazas contra los asambleístas y de cometer fraude procesal.
El exasambleísta es uno de los investigados por la Fiscalía ecuatoriana dentro del caso Metástasis, que se dio a conocer en diciembre pasado a raíz de un megaoperativo en el que fueron detenidos exfuncionarios judiciales y carcelarios, empresarios, abogados e integrantes de bandas criminales.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones del caso Metástasis buscan desarticular las redes de complicidad entre políticos de alto nivel y grupos del narcotráfico.
La fiscal Diana Salazar, quien encabeza la institución desde 2019, dijo el domingo en un video publicado en su canal de YouTube que, por su trabajo, frecuentemente recibe amenazas de muerte y debe limitar su vida personal.