(CNN Español) – Una investigación penal que el Ministerio Público de Costa Rica inició en 2013, es el primer eslabón en el recorrido de US$ 6,6 millones, que se le decomisaron a una sociedad en la que participaba el exmandatario de Perú Alejandro Toledo y que ahora, con el visto bueno del Congreso, terminaron en el presupuesto nacional de Costa Rica.
Se trata del caso conocido como “Ecoteva”, que según la Fiscalía tiene relación con presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht al expresidente, a quien se juzga en este país por legitimación de capitales.
Según el Ministerio Público, un fallo de los Tribunales de Justicia costarricense en 2023, en medio del juicio penal que se mantiene abierto, condenó a una empresa relacionada con Toledo, a la pérdida de esos dineros, en un proceso de capitales emergentes, lo que facilitó su paso a las arcas del Estado.
El Ministerio Público detalló que la investigación penal se inició por el aparente delito de legitimación de capitales, en contra del expresidente de Perú, Toledo Manrique; su suegra de apellido Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su gobierno, de apellido Dan On. Agregó que empleados de un banco privado de Costa Rica habrían ofrecido facilidades en la tramitología para que los imputados ingresaran y diversificaran dineros al sistema financiero costarricense, “otorgados a Toledo y sus colaboradores, por parte de la empresa brasileña Odebrecth, esto dentro del marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos”, señaló el comunicado.
Este jueves la Asamblea Legislativa incorporó los US$ 6,6 millones al presupuesto nacional, como parte de los recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), al aprobar en segundo debate el tercer plan extraordinario de 2024, propuesto por el gobierno.
El proyecto con el expediente 24.257, se conoce como Tercer presupuesto y Segunda Modificación del Presupuesto de la República y para que entre en vigor, solo falta la firma del presidente Rodrigo Chaves y su posterior publicación en el diario oficial La Gaceta.
Legislación define el destino de bienes o valores confiscados
La Ley Contra la Delincuencia Organizada establece que en estos casos, los bienes o valores confiscados se entregan al ICD para que se utilicen según lo dispone la misma legislación.
La figura conocida como capitales emergentes incluida en esta ley, determina como sanciones en el artículo 32, que “la persona, física o jurídica, que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes, será condenada a la pérdida del patrimonio emergente, las multas y las costas de la investigación”, como en este caso.
Según la Fiscalía el procedimiento de capitales emergentes “no tiene como objetivo juzgar a personas ni lograr condenas penales, sino impactar los patrimonios “que tienen la apariencia de haber sido obtenidos ilegalmente y cuyo titular no puede justificar su procedencia lícita”. (ver comunicado)
Fernando Ramírez, director del ICD, dijo a CNN que la aprobación del presupuesto permite administrar los recursos según el artículo 30 de esta ley, de tal forma “que un 40% del dinero se destinara al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un 20% al mismo Instituto, un 10% al Poder Judicial, otro 10% al Ministerio de Justicia e igual porcentaje al Ministerio Público. También el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con un 10% para los cuerpos policiales.
¿De qué se acusa a Alejandro Toledo?
Son dos los juicios que se siguen en contra de Alejandro Toledo en Perú. Los casos son conocidos como Ecoteva e Interoceánica u Odebrecht .
El primer caso, y el más antiguo, es Ecoteva, en el que está acusado de lavado de activos por la compra de dos inmuebles a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, y el pago de hipotecas a su propio nombre. En 2014, Toledo se presentó a la Fiscalía y declaró ser inocente. Lo hizo también en CNN durante una entrevista en 2017. El juicio por este caso comenzó en abril de 2023 y en el que la Fiscalía de Perú pide 16 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.
La tesis del Ministerio Público peruano es que aquellas operaciones se pagaron con el dinero de Ecoteva Consulting Group, una empresa formada en Costa Rica y de la cual Fernenbug era presidenta. Por este caso también están acusadas del delito de lavado de activos Fernenbug y la esposa de Toledo, Eliane Karp. Ambas se han declarado inocentes.
El segundo caso es el conocido como Interoceánica u Odebrecht, y la tesis de la Fiscalía peruana que lo acusa de colusión y lavado de activos, sostiene que el exmandatario habría recibido más de US$ 30 millones de la empresa brasileña y sus consorcios a cambio de favorecerla en la licitación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil cuando era presidente.
Por este caso, Toledo fue extraditado de EE.UU a Perú. El juicio comenzó en octubre con el exmandatario ya en la cárcel debido a una prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y aprobada por el Poder Judicial en Perú.