(CNN) – El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) busca que se emitan órdenes de detención contra altos cargos de Hamas e Israel acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza.
De ser aprobadas por un grupo de jueces, las órdenes de detención se dictarían contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. También se buscan órdenes para tres altos cargos de Hamas: el dirigente de Gaza Yahya Sinwar, el jefe político Ismail Haniyah y Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, dirigente del brazo armado de Hamas, a quien se conoce mejor como Mohammed Deif.
Esto es lo que sabemos sobre los casos de la CPI y lo que significan para Israel y Hamas.
¿Cómo afectaría una orden de detención a Netanyahu o a los dirigentes de Hamas?
La decisión de solicitar órdenes de detención no significa inmediatamente que la persona sea culpable, sino que es la primera etapa de un proceso que podría desembocar en un largo juicio.
Si el tribunal encuentra pruebas suficientes de delitos, puede citar al sospechoso para que comparezca voluntariamente. El tribunal también puede dictar una orden de detención, confiando en que los países miembros lleven a cabo la detención y trasladen al sospechoso a la CPI.
Si el sospechoso comparece ante el tribunal, se celebra un acto previo al juicio en el que el tribunal decide si hay pruebas suficientes para que el caso pase a juicio. A continuación se celebra un juicio ante tres jueces de la CPI, en el que la acusación debe demostrar “más allá de toda duda razonable” que el individuo es culpable de los delitos.
Una vez dictado el veredicto, el acusado puede ser condenado a un máximo de 30 años de prisión. En circunstancias excepcionales, también puede dictarse cadena perpetua, según el tribunal.
Hasta la fecha, la CPI ha dictado órdenes de detención contra 42 personas, 21 de las cuales han sido detenidas con la ayuda de los Estados miembros.
“El problema inmediato para los funcionarios israelíes en virtud de cualquier orden de detención de la CPI sería que los 124 Estados miembros del tribunal tendrían la obligación legal de detener a dichos funcionarios si viajasen a cualquiera de esos 124 países”, escribió este mes Chile Eboe-Osuji, expresidente de la CPI, en la revista Foreign Policy.
“Esa obligación no debe subestimarse”, dijo, y añadió que “justo el año pasado, Putin canceló sus planes de asistir a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, ante la aparente obligación de Pretoria de detenerlo”.
De los dirigentes de Hamas contra los que se solicitan órdenes de detención, se cree que dos -Sinwar y Deif- se encuentran en Gaza, mientras que Haniyah reside en Qatar, que no es signatario del Estatuto de Roma.
¿Qué es la CPI y a quién puede acusar?
Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI se creó en 2002 y se encarga de procesar a personas por crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la CPI no es un órgano de las Naciones Unidas y no procesa a Estados.
Aunque la CPI es independiente de la ONU, cuenta con el respaldo de la Asamblea General de la ONU y mantiene un acuerdo de cooperación con ésta. Cuando un caso no es competencia de la CPI, el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitirlo a la CPI, otorgándole jurisdicción.
El tribunal puede investigar presuntos delitos cometidos en el territorio, o por un nacional, de cualquier Estado que haya aceptado la jurisdicción del tribunal mediante la firma del Estatuto de Roma, el tratado por el que se creó la CPI. Cualquier Estado miembro puede pedir al fiscal de la CPI que inicie una investigación.
El tribunal ha dictado anteriormente órdenes de detención contra altos cargos, entre ellos el expresidente sudanés Omar al-Bashir, Saif Gadhafi, hijo del difunto líder libio Moammar Gadhafi, y más recientemente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Los Estados signatarios están obligados a detener a quienes se enfrentan a órdenes de detención, pero los dirigentes han tratado a menudo de eludirlas, restringiendo su libertad de movimientos.
La CPI no dispone de un mecanismo de ejecución propio y ha dependido del apoyo de los países para llevar a cabo las detenciones.
¿Tiene la CPI jurisdicción sobre ciudadanos israelíes?
Las acciones de Israel en Gaza fueron remitidas en noviembre a la CPI por cinco países: Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti, que pidieron a la Corte que investigara los posibles crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre otros, en los territorios palestinos, y le solicitaron que determinara si “debe acusarse a una o más personas concretas”.
Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, ya que no es signatario del Estatuto de Roma. Pero eso no significa que sus ciudadanos no puedan ser procesados por el tribunal.
El tribunal ya investigaba desde 2014 posibles crímenes cometidos por Israel en Gaza, la Ribera Occidental ocupada y Jerusalén Este ocupado. La investigación comenzó en marzo de 2021 y fue remitida al tribunal por el Gobierno Autónomo Palestino, que adoptó el mandato de la CPI en 2015 bajo el nombre de Estado de Palestina. La CPI concluyó entonces que tiene jurisdicción sobre el conflicto y, “por mayoría, que el ámbito territorial de esta jurisdicción se extiende a Gaza y la Ribera Occidental, incluido Jerusalén Este”.
Esa investigación, dijo el fiscal de la CPI Karim Khan, “está en curso y se extiende a la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023”.
Las declaraciones de Netanyahu este mes apuntan a la inquietud que suscita la investigación de la CPI. La emisión de órdenes de detención contra funcionarios israelíes dejaría una “mancha indeleble” en el fundamento del derecho y la justicia internacionales, afirmó Netanyahu, quien añadió que la CPI fue “fundada como consecuencia del Holocausto” y no debería intentar “socavar” el derecho fundamental de Israel a la autodefensa.
La acción de la CPI se produce mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un tribunal distinto con sede en La Haya, estudia un caso presentado por Sudáfrica en el que se acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos de Gaza. Israel sí reconoce a la CIJ.
La guerra de Israel en Gaza, desencadenada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas en Israel y más de 250 fueron tomadas como rehenes, se ha prolongado durante casi ocho meses.
Más de 35.000 personas han muerto durante el asalto israelí a Gaza, según las autoridades palestinas. Franjas del territorio han quedado reducidas a escombros y más de la mitad de sus 2,3 millones de habitantes han sido desplazados internamente. La hambruna se ha instalado en algunas partes del territorio.
¿Tiene la CPI jurisdicción sobre Hamas?
Los dirigentes palestinos firmaron el Estatuto de Roma en 2015. Como tal, la CPI tiene jurisdicción sobre los actores en Gaza y otros territorios palestinos y, por extensión, sobre los actores en esos territorios, incluido Hamas.
El fiscal de la CPI, Khan, lo confirmó en octubre, afirmando que los presuntos crímenes cometidos por Israel en Gaza, o por Hamas en Israel, entran dentro de la jurisdicción del tribunal, informó Reuters.
Esto significa que el tribunal puede acusar a dirigentes de Hamas por posibles crímenes cometidos tanto contra israelíes como contra palestinos en Gaza.
Shelly Aviv Yeini, directora del departamento de derecho internacional del Foro Israelí de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, afirmó que la CPI podría hacer responsable a Hamas de crímenes aunque el Estado de Israel no reconociera la autoridad del tribunal.
“Somos una ONG, una entidad privada”, dijo Yeini a CNN anteriormente, mientras las familias de los rehenes retenidos en Gaza se reunían para presentar una demanda contra Hamas ante la CPI. “Podemos presentar una demanda en nombre de los rehenes aunque el Estado (Israel) no reconozca su jurisdicción (la de la CPI)”.
El fiscal de la CPI, Khan, dijo el lunes que solicita las órdenes de detención “sobre la base de las pruebas recogidas y examinadas por mi oficina”, y agradeció a las familias de los rehenes “su valentía al presentarse para ofrecer sus relatos”.
Según el Artículo 15 del Estatuto de Roma de la CPI, cualquier persona, grupo u organización puede presentar denuncias de posibles delitos ante el tribunal.
Un miembro del buró político de Hamas, Muhammad Nazzal, declaró a CNN en febrero que acudir a la CPI era “un error” que paralizaría las negociaciones para devolver a los rehenes.
“El camino más corto para devolver a sus prisioneros es completar el proceso de negociación en curso”, declaró entonces el miembro de Hamas a CNN.
¿Cómo reaccionaron Hamas, Israel y otros países a la decisión de la CPI?
Tanto Hamas como los políticos israelíes denunciaron la medida de la CPI.
Hamas dijo que era un intento de “equiparar a las víctimas con los agresores mediante la emisión de órdenes de detención contra una serie de líderes de la resistencia palestina sin base legal”. El grupo extremista afirmó que las solicitudes de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant habían llegado “con siete meses de retraso”, en referencia a la duración de la guerra de Israel en Gaza.
Políticos israelíes de todo el espectro político condenaron la decisión. El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, la calificó de “decisión escandalosa” y de “ataque frontal desenfrenado contra las víctimas del 7 de octubre y nuestros 128 rehenes en Gaza”.
El líder de la oposición, Yair Lapid, lo calificó de “completo fracaso moral” y dijo que Israel “no puede aceptar la escandalosa comparación entre Netanyahu y Sinwar”.
El ministro derechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, acusó a la CPI de antisemitismo y pidió una escalada de los ataques contra Hamas, mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró: “No habíamos visto tal muestra de hipocresía y odio a los judíos como la del Tribunal de La Haya desde la propaganda nazi”.
CNN se puso en contacto con la oficina del primer ministro y con el Ministerio de Defensa.
En Estados Unidos, mientras tanto, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes estaban sopesando una posible respuesta legislativa a la decisión de la CPI de solicitar órdenes de detención contra dirigentes israelíes, según una fuente republicana familiarizada con el asunto.
Se espera que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, emita una declaración el lunes, según otra fuente. No hay nada decidido y los debates siguen en curso, pero se espera que los republicanos respondan enérgicamente, y varios de ellos ya se han pronunciado.
Funcionarios estadounidenses han dicho anteriormente que se “oponen firmemente” a la investigación de la CPI sobre el conflicto palestino-israelí. Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma.
– Jeremy Diamond, Benjamin Brown, Melanie Zanona, Aber Salman y Michael Schwartz de CNN contribuyeron con este reportaje.