(CNN Español) – Las cifras de feminicidios en México no disminuyen. Familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad que dan acompañamiento coinciden en que esta esta ola de violencia deja una profunda lacra en un país en el que cada día son asesinadas entre nueve y diez mujeres, según ONU Mujeres, pero este alarmante dato parece no haber tenido protagonismo entre las principales aspirantes a la presidencia, de acuerdo con expertas consultadas por CNN.
Según datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, que opera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), solo en los primeros tres años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que son los datos más recientes con los que se cuenta de este Gobierno, se registraron al menos 11.852 feminicidios, una cifra superior a los 7.439 reportados durante el mismo periodo de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Durante el Gobierno de Peña Nieto, en total, el Sistema registró cerca de 17.000 feminicidios.
El Código Penal Federal estipula que “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género” y considera que existen razones de género cuando se den circunstancias como que la víctima presente signos de violencia sexual, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, existan antecedentes de violencia previas del sujeto, haya existido relación sentimental o de confianza, existan amenazas anteriores, la víctima haya sido incomunicada o el cuerpo haya sido exhibido en un lugar público.
Una persona condenada por homicidio (simple) pasará en prisión de 12 a 24 años, mientras que aquella condenada por feminicidio recibirá una sentencia de entre 40 y 60 años de prisión.
“La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición”, aclara el Código Penal Federal.
Homicidios persisten, dicen expertas a CNN
“No baja el número de asesinatos. En 2012 asesinaban a seis mujeres (al día) y hoy se asesinan diez mujeres a diario (…) y nosotras vemos que las maneras en las que las asesinan y las situaciones de vulnerabilidad por género son diferentes a las de los varones”, dijo a CNN María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien destacó que el feminicidio es un fenómeno complejo, con muchas aristas y que debe atenderse con urgencia y seriedad.
Estrada consideró que, durante el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició en diciembre de 2018 y culmina el 30 de septiembre, tras las elecciones más grandes en la historia de México el próximo 2 de junio, la crisis de feminicidios no ha sido atendida correctamente, algo que no debería ser posible en una democracia.
“No es posible que en un país democrático a las mujeres las maten por su condición de género, las matan por el hecho de ser mujeres”, dijo, y añadió que el movimiento feminista se dio cuenta “hace años” que debe haber una política nacional y que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debió haber estado en la agenda de Gobierno del actual mandatario como uno de los temas principales.
En febrero de 2020, López Obrador lanzó un decálogo en contra de los feminicidios en los que incluyó puntos como “Es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo”, “No agresiones a mujeres”, “El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres”, o “Se debe proteger la vida de hombres y mujeres”.
El pasado 16 de abril, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo en una conferencia de prensa junto al mandatario que a nivel federal los feminicidios se han reducido en un 29% y que “seguiremos intensificando las acciones de prevención, de persecución y sanción a la violencia feminicida, lo hacemos con los institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas”.
CNN también solicitó a comunicación social de Presidencia una postura del Gobierno actual acerca de las cifras de feminicidios pero, hasta el momento, no ha recibido respuesta.
Por su parte, Mónica Olmedo, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), dijo a CNN que el discurso del actual Gobierno ha ido modificándose hasta llegar intentar desprestigiar el trabajo de la sociedad civil que, dice Olmedo, hace lo que las autoridades están “dejando a deber”.
“Cuando se postuló el actual Ejecutivo, el discurso fue de ‘no vamos a esconder las cifras de desaparecidos ni las de feminicidios’, pero tiempo después, casi al final del sexenio, vemos que sí lo hizo”, opinó.
Cifras complejas y falta de transparencia
Ambas expertas que hablaron con CNN coincidieron en que la complejidad de las cifras y la falta de transparencia en los datos sobre violencia contra las mujeres es una gran dificultad para quienes tratan, desde la sociedad civil, de trabajar acompañando o asesorando a los familiares así como para las propias familias de las víctimas.
El 8 de marzo de 2023 el presidente de México dijo que el concepto de feminicidio “nació” con su partido a pesar de haber sido tipificado como delito federal en 2012, pero activistas y familiares de víctimas insisten en que los funcionarios y cuerpos de emergencia que atienden los homicidios no tienen todavía suficiente formación en perspectiva de género, por lo que muchos feminicidios son investigados como homicidios.
Olmedo detalló que, en el caso de FJEDD, han tenido que litigar en múltiples ocasiones para conseguir información y que no siempre han logrado respuesta positiva a sus solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En cuanto a los diagnósticos por parte de las autoridades responsables de la política pública enfocada en terminar con la crisis de feminicidios, Estrada consideró que en los últimos años ha faltado un análisis que determine, de manera integral, por qué y en que contexto se dan los homicidios a mujeres en las diferentes regiones del país.
“Hay zonas especialmente complejas donde se tienen identificados grupos delictivos que comercializan con mujeres, otras en las que ocupa delincuencia organizada, como halconas, y muchas otras situaciones que las ponen en situación de vulnerabilidad”, aseveró. “Seguimos teniendo muchas deficiencias en las fiscalías especializadas para atender este delito”.
Falta de propuestas integrales y concretas
Con una sensación de decepción debida a las notables dificultades por parte del Gobierno actual y la falta de voluntad política, sería imprescindible, según concluyen Estrada y Olmedo, que las dos candidatas presidenciales con mejores proyecciones en las encuestas, que además son ambas mujeres –la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez– incluyeran en sus agendas el combate a la violencia contra las mujeres.
La encuesta más reciente de la empresa Mitofsky en viviendas —aplicada del 3 al 6 de mayo a 1.600 adultos residentes en todo el país y con credencial para votar— reveló que Sheinbaum sigue a la cabeza de las preferencias electorales con más de 20,8 puntos porcentuales de ventaja en términos brutos, frente a Gálvez.
Ante la pregunta sobre si hoy fuera la elección por quién votaría, Sheinbaum captó un 48,9% de la intención de voto, un descenso respecto a abril donde registró 51,4%; Gálvez aumentó en las preferencia, pues en mayo tiene 28,1%, mientras que el mes anterior registró 26,7%, y Álvarez Máynez subió también, pues en abril tenía un 9,3% y para mayo registró 10,3%, según la firma.
Sin embargo, consideraron que ni en los programas electorales ni en los discursos públicos de ambas ha habido nuevas propuestas o planteamientos integrales y concretos.
En el documento presentado por Sheinbaum al inicio de la campaña bajo el nombre “100 pasos para la transformación”, la candidata incluye casi diez páginas dedicadas a los derechos de las mujeres.
En cuanto a la violencia, dicta medidas como investigar cada homicidio de una mujer como feminicidio, crear unidades especializadas de investigación en las fiscalías locales o integrar la perspectiva de género en todo el proceso de prevención, procuración e impartición de justicia.
Por su parte, Gálvez ha mencionado algunas medidas como la creación de un fondo para víctimas de desaparición y un apoyo mensual para mujeres en situación de vulnerabilidad.
En su programa, dentro de 369 propuestas, incluye 10 dedicadas a las mujeres. Entre ellas están una beca para niños huérfanos por feminicidio, cero impunidad para agresores, asesinos, violadores y feminicidas.
Pero las expertas aseguran que son propuestas demasiado generales, que no son medidas que vayan a la raíz de un problema tan complejo como es el feminicidio y que son necesarias medidas más concretas.
“Dos mujeres están contendiendo y aun así pareciera que no hay lugar en la agenda para estos temas. (…) Cuando se habla de violencia contra mujeres dicen ‘sí, vamos a reducir la violencia, haremos justicia’ pero es el mismo discurso que siempre ha sido y no hemos visto que nada suceda”, sentenció la abogada de FJEDD.
La FJEDD lleva casos de feminicidios de mujeres migrantes, en los que se cruzan todavía más variables, el contexto es más complejo y la respuesta de las autoridades se basa en la criminalización y los prejuicios, según Olmedo.
“No he escuchado por ningún lado, de nadie, nuevas propuestas o estrategias de cómo se va a trabajar (para reducir las cifras de feminicidios)”, complementó Estada.