(CNN Español) – En Argentina, una mujer muere cada 35 horas víctima de un femicidio. En Argentina, además, el presupuesto designado para prevenir la violencia de género sufrió recortes, y este año el gobierno del presidente Javier Milei le dijo “afuera” al organismo encargado de las políticas públicas específicas para combatir esta problemática.
Días después del aniversario del movimiento Ni una menos en Argentina, se dio a conocer una nueva medida del gobierno del presidente —que se define como “liberal libertario”.
“En línea con el mandato del presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 el Gobierno Nacional dispuso que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades se transforme en una Subsecretaría mientras se completaba su cierre. Dicha dependencia pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y hoy se resolvió su eliminación definitiva”, indicó el Ministerio en un comunicado el 6 de junio.
“Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos. Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”, agregó el texto, que la cartera compartió en redes sociales.
Ya durante la campaña electoral, Milei había adelantado que, de ganar las elecciones, reduciría el número de ministerios, y que el de Mujeres, Géneros y Diversidad estaba contemplado. “Yo creo en la igualdad ante la ley”, dijo Milei al canal LN+, cuando se le preguntó por qué eliminaría este ministerio. “Esto no se trata de un derecho, se trata de privilegios (…) Lo que vos tenés que garantizar es la igualdad ante la ley”, añadió.
En febrero de este año, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que prohibirían ciertas formas que se han popularizado del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración pública. En conferencia de prensa, Adorni puntualizó en ese momento que parte de la prohibición incluía no utilizar “la letra e, el arroba la x y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública“ ya que según el gobierno “las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política“.
Durante los festejos del 8 de marzo de este año, el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada pasó a llamarse Salón de los Próceres, por decisión de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En mayo, el portavoz presidencial respondió a una pregunta por el atentado contra cuatro mujeres lesbianas en Barracas: “No me gusta definirlo como un atentado hacia un determinado grupo, colectivo, está mal, es terrible, repudiable, sea contra quien sea”. Agregó que el gobierno no se focaliza en “que es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares”, sino que expuso que “la violencia de género es repudiable, y la violencia en general es repudiable también”.
El anuncio realizado el pasado 6 de junio sobre el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género es un nuevo paso en esta dirección. En el comunicado se evita usar el término “violencia de género” y se asegura que se continúa con el compromiso de proteger a la ciudadanía contra la “violencia”, a secas.
Claudia Barcia, fiscal especializada en violencia de género, había asumido como subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género en febrero. Tras darse a conocer la noticia del desmantelamiento del área, hizo pública su renuncia: “Me dirijo a ustedes a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 hrs. por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”.
Menos políticas de género en un país con más femicidios
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) dio a conocer los últimos datos interanuales de víctimas. En 2023, se registró un incremento interanual de 10,6% en la cantidad de víctimas de femicidio en el país.
Según los datos del RNFJA, el año pasado hubo 250 víctimas de femicidio. En la última década, este número llega a casi 2.500 en Argentina.
El informe de 2023 explica que en al menos el 88% de los casos, la víctima directa de femicidio tenía algún vínculo con el sujeto activo: 64% eran parejas, exparejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; 12% eran familiares, y también 12% tenían otro tipo de vínculo (amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, etc).
Además, hay un dato de importancia que se desprende del informe: entre quienes se conocían, el 44% convivía al momento del hecho. Solo en el 3% eran desconocidos entre sí y de esas víctimas en dos de cada cinco vínculos había antecedentes de violencia de género. Al menos 55 víctimas directas de femicidio habían efectuado denuncias formales contra aquellos que cometieron dichos femicidios.
Menos presupuesto, menos políticas de género
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Ela), en alianza con Amnistía Internacional y otras organizaciones, elaboraron un informe que compara la ejecución presupuestaria del primer bimestre de 2023 y del mismo período de 2024 para entender qué puede suceder con los programas de prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.
Cuando desde las organizaciones hacen un análisis general —es decir, incluyendo programas de asistencia social, programas de cuidado, políticas de trabajo y específicas contra la violencia de género—, se puede observar que “el gasto en las políticas públicas que, según el propio Estado, apuntan a reducir la desigualdad de género” fue 33% más bajo en el primer bimestre de este año que el anterior. Cuando lo comparan con el ajuste que sufrió el presupuesto nacional, se ve una reducción aún mayor, ya que este fue de 24%.
Sin embargo, cuando ponemos la lupa en la inversión en políticas específicas contra la violencia de género, el informe señala que la reducción presupuestaria fue de 65%.
En esta baja presupuestaria están incluidos el programa Acompañar, que consiste en ayudar con acompañamiento psicológico y asistencia económica a las mujeres que están en situaciones de violencia de género; la línea telefónica 144, que ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, y el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata, que, según el informe, no tuvo ejecución.
El comunicado que anuncia el cierre de esta institución menciona una superposición con otras “áreas gubernamentales que se dedican a la misma tarea”. CNN consultó al Ministerio de Justicia sobre la continuidad de las políticas específicas que trataba la Subsecretaría, pero no obtuvo respuesta.