(CNN) – Se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita este lunes sus últimas opiniones del mandato, resolviendo la cuestión de si el expresidente Donald Trump puede reclamar inmunidad frente a los cargos federales de subversión electoral.
Los nueve magistrados se reunirán en el estrado por última vez antes de levantarse para su receso de verano, probablemente dejando a su paso una ráfaga de disputas legales sobre sus últimas decisiones.
Con mucho, el caso de mayor trascendencia que aún está pendiente es la cuestión de si Trump tiene derecho a la inmunidad general que está buscando contra los cargos de subversión electoral del fiscal especial Jack Smith.
Trump ha argumentado que, sin inmunidad, los presidentes quedarían maniatados en el cargo, siempre temerosos de ser cuestionados por un fiscal celoso después de dejar la Casa Blanca. Esa postura pareció tener cierta aceptación en el Tribunal Supremo, de 6-3 miembros conservadores, durante los alegatos orales de abril.
La respuesta a la pregunta podría tener profundas implicaciones tanto para Trump como para futuros presidentes. Durante el debate de CNN del jueves pasado, Trump afirmó que el presidente Joe Biden “podría ser un delincuente convicto con todas las cosas que ha hecho”. Esa respuesta se produjo en respuesta a una pregunta de Jake Tapper, de CNN, sobre si Trump buscaría represalias de sus oponentes políticos. Trump respondió primero diciendo que su “retribución va a ser el éxito”, pero luego lanzó una serie de acusaciones contra Biden.
El caso de la inmunidad parece que se reducirá a si las acciones de Trump tras las elecciones fueron “oficiales” —es decir, medidas adoptadas de conformidad con sus funciones presidenciales— o si fueron “privadas”, que probablemente no recibirían inmunidad.
El tribunal también decidirá dos casos en la intersección de la Primera Enmienda y las redes sociales. Se trata de las leyes promulgadas en Florida y Texas para impedir que gigantes de las redes sociales como Facebook y X estrangulen las opiniones conservadoras. Las leyes estatales prohíben a las plataformas en línea eliminar o degradar los mensajes que expresen opiniones, como el contenido político.
Gobernadores republicanos que firmaron las leyes afirmaron que eran necesarias para impedir que las plataformas de redes sociales discriminaran a los conservadores.
En cierto modo, la disputa subyacente no es tan importante como podría haber sido cuando se presentaron los casos por primera vez. Desde que Elon Musk compró X y cambió las políticas de moderación de contenidos de la empresa, es menos probable que los conservadores acusen al gigante de las redes sociales de estrangular sus opiniones. Sin embargo, el caso plantea cuestiones fundamentales de la Primera Enmienda que podrían tener amplias repercusiones.
En el centro de ambas disputas está si la selección de publicaciones es expresión protegida —del mismo modo que los medios de comunicación tienen derecho a la protección de la Primera Enmienda en la forma en que diseñan sus portadas o las alineaciones de invitados— o si las plataformas de medios sociales simplemente están llevando publicaciones de terceros a los lectores de una manera que permitiría al Gobierno regularlas más estrechamente.
Un último caso por resolver se refiere a una parada de camiones de Dakota del Norte que cuestiona las comisiones que los bancos pueden cobrar por las transacciones con tarjeta de débito, en una sentencia que podría tener implicaciones más profundas para otras normativas gubernamentales. La cuestión que se plantea ante el Tribunal Supremo es si la parada de camiones puede presentar una demanda, teniendo en cuenta el plazo de prescripción de seis años para impugnar la normativa gubernamental.
Es una cuestión técnica, pero con ramificaciones potencialmente importantes. El Gobierno federal ha advertido de que si el tribunal da la razón a la parada de camiones, podría abrir las compuertas a impugnaciones similares de normas gubernamentales.
Las decisiones pondrán fin a un mandato en el que el Alto Tribunal ha eludido en gran medida las cuestiones de fondo de dos importantes asuntos relacionados con el aborto. Se ha puesto del lado de la administración Biden en una regulación de armas y ha desechado una prohibición federal sobre los arsenales de armas en otra. El viernes, el tribunal redujo la acusación presentada por la fiscalía contra cientos de personas que participaron en el ataque contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Más allá de las decisiones, el fallo del tribunal también estuvo plagado de controversia fuera de los estrados, incluida una serie de historias que documentaban que banderas controvertidas —incluida una bandera de Estados Unidos invertida— habían ondeado en propiedades del juez Samuel Alito. Una activista que se presentó como conservadora religiosa en un acto del Tribunal Supremo hizo públicas grabaciones secretas de Alito y su esposa, así como del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en las que hablaban de una serie de temas políticamente delicados.
Por último, en una asombrosa violación del protocolo, el Tribunal publicó inadvertidamente un borrador de su dictamen en un importante caso de aborto un día antes de la publicación oficial. En ese caso, el tribunal desestimó una disputa entre Idaho y la administración Biden sobre la estricta prohibición del aborto en el estado, bloqueando temporalmente la aplicación de esa prohibición en situaciones de emergencia sanitaria mientras continúa el litigio subyacente.