(CNN) – Un pequeño rincón de Venezuela se extiende lentamente a lo largo de la calle 77 en Bogotá, la capital de Colombia.
Los mapas municipales se refieren formalmente a ese barrio como Unir II, pero para muchos de sus habitantes es conocido como Barrio Hugo Chávez, en honor al fallecido presidente venezolano.
Muchos de los más de siete millones de venezolanos que huyeron de su país en los últimos diez años o más viven ahora en Bogotá. La ciudad rebosa de comunidades informales donde los migrantes se reúnen para ayudarse mutuamente a integrarse y combatir la melancolía y la nostalgia siempre presentes.
María Álvarez es una de ellas. Es madre soltera, oriunda de Valencia y de 27 años. Álvarez salió de Venezuela en 2017 cuando su hijo Gabriel tenía solo un año. No han vuelto desde entonces. Gabriel solo conoce a sus abuelos por las fotos del teléfono de su madre y alguna que otra videollamada.
“Todos se fueron… Tengo familia en Brasil, Estados Unidos, aquí en Colombia, en Ecuador, en Chile también. Todos estamos en el exterior: tíos, tías, primos… solo mi mamá y mi papá, y uno de mis hermanos permanecen en Venezuela”, dijo Álvarez a CNN.
La mayoría de esos siete millones de migrantes abandonaron Venezuela después de 2014, según Naciones Unidas, en medio de una crisis económica y política provocada por la caída del precio del petróleo —un producto de exportación clave para Venezuela—, combinada con la corrupción crónica y la mala gestión a manos de funcionarios del Gobierno.
Casi dos millones de ellos han obtenido permisos de trabajo para trabajar en Colombia, donde la vida va bien para Álvarez y muchos otros como ella. Tras la pandemia de Covid, ayudó a crear una fundación en Unir II para ofrecer a venezolanos y colombianos clases profesionales y asesoramiento psicológico. Ahora se gana la vida como manicurista y ha conocido a una nueva pareja.
Aun así, sigue sintiendo la atracción de Venezuela. “Solo sueño con volver a casa y construir una vida allí. Colombia ha sido buena, me siento bienvenida aquí, pero bueno, anhelo volver”, dijo a CNN, entre lágrimas.
Unas elecciones y una oposición creíble
Pero con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro firmemente instalado en el poder, durante muchos años esos sueños de volver se han quedado en eso. Hasta ahora.
Este mes, por primera vez en una década, Venezuela celebrará unas elecciones en las que el gobierno de Maduro será desafiado por un candidato de la oposición, Edmundo González, que tiene posibilidades creíbles de ganar.
En octubre del año pasado, Maduro se comprometió formalmente a conceder elecciones libres y justas en 2024 al final de un largo y secreto proceso de negociación con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esa promesa se vio comprometida, al menos parcialmente, en medio de un nuevo enfrentamiento entre Washington y Caracas: la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, fue excluida de las elecciones a principios de este año, al igual que su inmediata sustituta, Corina Yoris. El gobierno venezolano ha acusado a la Casa Blanca de no levantar todas las sanciones económicas contra funcionarios del gobierno, y en las últimas semanas han sido detenidos partidarios de la oposición y miembros del equipo de Machado.
Aun así, muchos expertos creen que en las elecciones del 28 de julio la oposición tiene posibilidades reales de echar a Maduro del poder.
Las últimas encuestas sitúan a González más de veinte puntos porcentuales por delante de Maduro y, por primera vez en años, observadores electorales del Centro Carter y de la ONU han sido invitados a supervisar las elecciones.
Semejante ventaja convertiría a González en el gran favorito si se tratara de casi cualquier otro país democrático. Sin embargo, en Venezuela, el gobierno tiene la costumbre de aferrarse al poder. Los críticos lo acusan desde hace tiempo de amañar las votaciones y silenciar a la oposición.
Las protestas de la oposición fueron reprimidas en repetidas ocasiones en 2014, 2017 y 2019, y cientos de líderes de la oposición han sido detenidos o exiliados.
Sin embargo, para muchos, este año parece diferente.
“Personalmente, me resulta difícil creer que Maduro simplemente renunciará al poder”, dijo Laura Dib, experta en Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
“Sin embargo, ya sabes, si hay una participación masiva con observación internacional y, por supuesto, con presión desde dentro del propio gobierno y presión internacional… eso podría crear algunas vías”, dijo a CNN.
Álvarez y muchos otros migrantes en Bogotá, piensan de manera similar: “Maduro sólo puede ganar las elecciones si se las roba. Pero si hay un nuevo gobierno, volvería el mismo día. No sólo yo, cientos, miles… no habrá suficientes aviones para que todos regresen a casa”, dijo Endel González, un maracaibero de 54 años que ha trabajado como mensajero de alimentos en Bogotá durante los últimos cinco años.
Qué significa para Estados Unidos
Es el destino de migrantes como Álvarez y de millones de personas como ella lo que está haciendo que estas elecciones se sigan con tanta atención.
Antes de la pandemia, era habitual que los migrantes venezolanos buscaran oportunidades en los países vecinos, pero en los últimos tres años más de medio millón se han dirigido a la frontera sur de Estados Unidos, desplazándose directamente por tierra desde Colombia a Panamá y Centroamérica, hasta el norte de México.
Los venezolanos fueron el segundo grupo más numeroso de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos en 2023, con un total de más de 260.000 encuentros, cinco veces más que en 2020: ese año fueron menos de 50.000, lo que presiona a la Casa Blanca para frenar el flujo.
Con la administración demócrata enfrentándose a unas elecciones inciertas en noviembre y las políticas migratorias directamente en la papeleta, la contienda de este mes en Caracas podría tener profundas consecuencias para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La mayoría de los expertos que hablaron con CNN creen que si González gana, muchos migrantes decidirán regresar a Venezuela, pero si Maduro se aferra al poder, aún más se verán tentados a dirigirse a la frontera de Estados Unidos, tanto por razones políticas como prácticas.
En los primeros años del boom migratorio venezolano, muchos países latinoamericanos ofrecieron permisos de emergencia y políticas ad hoc para los emigrantes del país, pero ahora muchos están erigiendo barreras para impedir la libre circulación de personas.
Colombia, por ejemplo, ha dejado de expedir documentos a los emigrantes recién llegados, mientras que el recién elegido presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha propuesto vallar las selvas que conectan su país con Colombia.
Dib calcula que el año que viene podrían estar en movimiento hasta dos millones más de migrantes.
¿Y ahora qué?
La administración Biden ha sido decisiva para llegar a este momento. El acuerdo de Maduro de celebrar unas elecciones libres y justas se produjo sólo después de que Estados Unidos levantara parcialmente las sanciones petroleras, y sólo después de que se reanudaran en octubre los vuelos de repatriación de inmigrantes indocumentados de vuelta a Caracas.
Las negociaciones directas entre Maduro y el Departamento de Estado parecen haberse interrumpido, aunque Maduro anunció la semana pasada que su principal negociador, Jorge Rodríguez, mantuvo una reunión con funcionarios de Estados Unidos para reanudar las conversaciones.
Washington está apoyando abiertamente a González, aparentemente razonando que una transición a la democracia en Venezuela no sólo ayudaría a las negociaciones en torno a la política energética y la migración, sino que también ayudaría a apartar a Caracas de sus alianzas ideológicas con países como China, Rusia e Irán.
Pero con ambos países yendo a las urnas este año, puede que sea lo que los votantes decidan en noviembre, y no en julio, lo que realmente marque la diferencia.
“Si la administración Biden sigue en el poder, creo que las negociaciones (bilaterales) continuarán”, dijo Dib.
“Ahora bien, si hay una administración Trump, lo más probable es que se limite a hacer negocios… sin tener mucho en cuenta lo que ocurre en términos de democracia y derechos humanos”.